anunció este martes un acuerdo con tres inversores italianos que le aseguraría el
, lo que deberá ser analizado por reguladores de Argentina y Brasil, donde también operan las compañías.
Se "ordenó que se le dé parte a
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas, a los efectos de establecer si
esta modificación accionaria vulnera los compromisos asumidos por ambas
compañías ante el Estado Nacional en octubre de 2010", dijo el Ministerio de
Planificación Federal en una nota.
En octubre de 2010 el gobierno argentino desistió de investigar a Telecom Italia por supuesta concentración monopólica y autorizó sus operaciones en el país tras cambios
en el manejo de la empresa cuando el grupo español Telefónica invirtió en
la firma italiana.
La operación anunciada permitiría a la empresa española,
que ya es el mayor accionista de Telecom Italia, duplicar su participación
a través de Telco, el holding que controla a la compañía italiana, y dominar
su directorio.
Telefónica sólo podrá adquirir la participación de
sus socios italianos y tomar el control de Telecom Italia cuando logre
aprobaciones de los entes reguladores de Brasil y Argentina. Hasta entonces, sus
derechos de votos seguirán sin cambios.
"Cualquier modificación del esquema
de participación societaria podría vulnerar ese acuerdo (del 2010), por lo
que el Estado Nacional debería revisar su participación en el mismo, ante
la posibilidad de que se afecten sus intereses y en pos de evitar una posible
integración monopólica en nuestro país", señaló el comunicado del gobierno
argentino.
Telecom Argentina y Telefónica Argentina son los actores
principales del sector de telecomunicaciones de Argentina, donde también
opera la unidad local de América Móvil, del magnate mexicano Carlos
Slim.
El Gobierno recordó que en el 2010 "la empresa española se
autolimitó en toda su cadena de control que comienza en Telco e impacta en la
toma de decisiones que involucra activos de Telecom Italia en la
Argentina".
En ese sentido, añadió, "cualquier cambio debía
ser procompetitivo y ser aprobado expresamente por el Gobierno Argentino,
que como en el 2010 se encargará de preservar las condiciones de transparencia y competencia en nuestro mercado".
Previamente, una fuente de Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dijo a Reuters bajo condición de anonimato que estaban "analizando qué está pasando".
"Con
seguridad, vamos a investigar el asunto para preservar las condiciones de
competencia del mercado argentino", afirmó.
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