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Jose Alfredo Martínez de Hoz fue ministro de Economía de la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla entre 1976 y 1981. Ejerció ese cargo también en 1963 por un breve lapso de tiempo, durante la presidencia de facto José María Guido.

Su nombre, que provenía de una larga tradición de potentados terratenientes fundadores de la Sociedad Rural Argentina, adquirió una importancia crucial durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) que desplazó al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Sus políticas liberales desregularon vastos sectores de la economía, lo que conllevó profundos cambios en la matriz productiva del país y una reprimarización hacia el sector agrícola-ganadero.

En su rol como titular de la cartera económica, mantuvo estrechos vínculos con los organismos y centros financieros internacionales de crédito. Un ejemplo de ello fue al poco tiempo de comenzar su gestión, cuando el FMI aprobó inmediatamente un crédito de 110 millones de dólares que permitió aumentar el nivel de divisas del Banco Central.

Durante su discurso inaugural como ministro de Economía de la Junta Militar, Martínez de Hoz presentó su "Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina". Los pilares fundamentales de la propuesta fueron: dólar alto, devaluación, incremento de los salarios nominales –aunque rezagados por la inflación- acuerdos de precios, eliminación del déficit estatal y racionalización de las áreas de la administración. Para evitar la caída de la competitividad, impulsó la famosa "tablita", una devaluación programada y periódica.

Según los estudiosos de la época, el modelo tuvo como consecuencias una importante transferencia de capitales al exterior, un incremento de la concentración del poder económico, la regresión en la distribución del ingreso y la caída de los salarios reales.

Partícipe del terrorismo de Estado

Con el retorno de la democracia, el ideólogo del programa económico de la Junta fue encarcelado por complicidad con las torturas y desapariciones de personas perpretadas durante régimen militar, hasta que fue indultado el presidente Carlos Menem mediante el decreto 2745/1990.

En este sentido, al funcionario se lo acusó en 1984 por el secuestro de los empresarios Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, de la compañía textil Sadeco, con el objetivo de empujarlos a cerrar un negocio de exportación con Hong Kong. Por entonces, estuvo 77 días apresado por ese delito, pero luego fue sobreseído.

Martínez de Hoz había sido ya procesado por la acusación presentada en 1982 por Alejandro Olmos, quién lo responsabilizó por la depresión económica y de defraudar al Estado por el aumento vertiginoso de la deuda externa, que se cuadruplicó durante su gestión. La imputación recibiría resolución el 13 de julio de 2000: por entonces, el juez federal Jorge Ballesteros ratificó el "carácter ilegítimo y fraudulento de la deuda externa".

En septiembre del 2006, el indulto de Menem fue declarado nulo por la justicia, y una sentencia confirmada por la Cámara Federal en abril de 2008 concluyó que el secuestro forma parte de los delitos de lesa humanidad perpetrados por el accionar terrorista del gobierno de facto. En la misma causa están acusados Videla y el ex-ministro de Interior Albano Harguindeguy.

Por la causa Gutheim, el ex ministro de Economía estaba bajo arresto domiciliario, desde que el 4 de mayo de 2010 se dictó la prisión preventiva.


Fragmentos de su discurso inaugural como ministro

Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. [...]

La inflación en la República Argentina es provocada esencialmente por los gastos improductivos del Estado [...] Debe pues [...] encararse la realización conjunta y gradual en los plazos fijados de un trípode de medidas: reducción del gasto fiscal, aumento de los ingresos o recursos presupuestarios, incremento sustancial de la inversión productiva del país. [...] La reducción del gasto fiscal debe realizarse a través del redimensionamiento de la actividad estatal atacando simultáneamente cuatro áreas: a) la racionalización de la administración central, b) la eliminación del déficit de las empresas estatales, c) la reducción gradual y eliminación del aporte federal para cubrir los déficits en los presupuestos provinciales, d) el encuadramiento de las obras públicas en los límites máximos posibles permitidos por una financiación genuina y no inflacionaria.[...]

Hay una Argentina que muere, la del Estado elefantiásico que subsidia empresas ineficientes y cobija tanto a empresarios indolentes como a sindicalistas inescrupulosos [...]

[Discurso de José Alfredo Martínez de Hoz, pronunciado el 2 de abril de 1976].