Las consecuencias sin resolver del conflicto del campo

La protesta del campo contra las frustradas retenciones móviles dejó sus marcas en varios indicadores de la actividad económica y reflotó históricos reclamos políticos sobre el destino de los fondos nacionales.

La frustrada resolución 125/08 del Ministerio de Economía (anunciada el 11 de marzo) llegó a su fin con el rechazo de la Cámara de Senadores y la posterior derogación definitiva del Poder Ejecutivo. Así, se puso fin a lo que los ruralistas calificaron como "la gota que rebalsó el baso", pero ahora queda pendiente avanzar sobre las consecuencias directas del conflicto y temas que volvieron a la agenda pública.

El interior de país fue el sector donde más se sintieron los efectos de la disputa que incluyó paros agrarios, cortes de ruta y desabastecimiento de alimentos, combustibles e inzumos para la industria, entre otros.  
 
Por todas esas medidas de fuerza se paralizó la obra pública, se detuvo la producción industrial, a venta en los comercios, se paralizó la actividad turística de muchas regiones y se agudizó la inflación en las zonas más afectada por la falta de productos.

Según la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) el turismo sufrió pérdidas por 1.000 millones de pesos entre el 13 de marzo y el 13 de junio.

Asimismo, las ventas en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires cayeron 62,3% en junio, respecto al mismo período de 2007. En el interior, el retroceso fue de 10% por debajo de los niveles habituales.
 
"El conflicto del campo derivó en una ruptura de la cadena de pagos, de la que sólo ahora nos estamos recuperando", remarcaron desde la Cámara Argentina de Comercio. 
 
La disputa de casi 130 días frenó, también, la obra pública y la producción industrial. Para el ministro de Industria, Comercio y Trabajo de Córdoba, Roberto Avalle, advirtió que "se perdió el primer semestre", al referirse a la actividad de la industria.

Pero a estas heridas se le sumaron la caída de las recaudaciones nacionales, la desaceleración de la recaudación nacional y la discriminación en fondos nacionales, según publicó el diario Ámbito Financiero.
 
La merma en la recolección del Impuesto a las Ganancias mantiene en vilo a los gobernadores que registran una desaceleración en los envíos de los fondos de coparticipación.

Asimismo, los efectos en la actividad productiva del interior influyen directamente sobre la recaudación de los gobiernos provinciales a través de los tributos ligados directa o indirectamente a los diferentes sectores que movilizan a las economías regionales.

Por último, las posturas políticas que se evidenciaron durante la extensa protesta entre el Gobierno y el campo influyeron en el destino de los fondos nacionales. Así, muchos de los gobiernos provinciales que manifestaron su respaldo al reclamo agropecuario denuncian hoy que sufren millonarias deudas, como lo es el caso del cordobés Juan Schiaretti.