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El gobierno capitalino intensificó el control en los agromercados, unos de los pocos espacios de venta de comestibles privados, en medio de una campaña anunciada por el presidente Fidel Castro para combatir a los "nuevos ricos" de la isla.
Un reporte del semanario Tribuna de La Habana, órgano del comité provincial del Partido Comunista, divulgó el resultado de recientes redadas en los llamados "agros": se decomisaron 1.700 quintales de mercancía y 36 camiones de carga.
Según el rotativo se trataba de productores que cometieron irregularidades comerciando sus alimentos sin haber cumplido con la cuota que deben entregar al estado.
Abiertos en los 80, cerrados y nuevamente autorizados en los 90, estas instalaciones permiten a los campesinos poner a disposición de la población sus mercancías de manera particular. Fueron abiertos de manera temporal para paliar la crisis económica, pero el gobierno siempre dijo que cuando mejorara la situación los "agros" y los trabajadores independientes volverían a control del estado.
Para 1995 los empleados independientes ascendían a 200.000. En el 2001 eran menos de 150.000, tasados con altos impuestos.
El gobierno anunció en el 2004 su intención de retomar la senda de un férreo control estatal y profundizar las características de su sistema comunista.
Según algunos funcionarios no se pretende "desalentar" a estos trabajadores, sino "regularlos"; pero los críticos acusan al gobierno de buscar mantener ideológicamente "amarrados" a los cubanos.
Castro en persona la emprendió duramente en sus últimos discursos contra los trabajadores por cuenta propia acusándolos de cometer irregularidades o contribuir al soborno de los empleados corruptos que engrosan el amplio mercado negro. Todos ellos son para el mandatario "nuevos ricos".
En esta dirección, a finales de octubre, miles de trabajadores sociales traídos de las provincias sustituyeron por 45 días a los despachadores de las gasolineras capitalinas.
Durante una comparecencia hace dos semanas Castro explicó que los jóvenes contribuían a eliminar las ilegalidades.
Según la edición del semanario Tribuna de La Habana, que reportó una reunión municipal sobre "prevención, enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción", se continuará con "acciones" de control en sectores como la vivienda, el robo de materiales de construcción y las ventas callejeras.
También a comienzo de año, la isla anunció una serie de medidas macrofinancieras de desdolarización y uso obligatorio del peso convertible cubano y lo revaluó.
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