Entre los considerandos de la medida, se indica que, con este programa, se cumple con el "deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía".
La creación de este programa se produce como consecuencia del agravamiento de la crisis social que llevó los índices de pobreza a más del 50% de la población y los de indigencia a niveles nunca vistos.
El impacto de esta situación se vio reflejado en los casos de los niños muertos por desnutrición en varias provincias del Norte argentino, especialmente Tucumán, que movilizó a una parte del gobierno encabezado por la primera dama y coordinadora de Políticas Sociales, Hilda "Chiche" González de Duhalde.
En este sentido, la ley "prioriza a las mujeres embarazadas y a los niños hasta los cinco años de edad" y aclara que la consideración de línea de pobreza para acceder a este beneficio estará sujeta a los parámetros del INDEC.
A través de la publicación en el Boletín Oficial, la Ley 25.724, sancionada el 27 de diciembre por el Congreso, establece que los planes nutricionales deberán ser elaborados dentro de los 30 días de su promulgación, que tiene fecha de ayer, a los efectos de su inmediata aplicación.
También prevé que los municipios sean los encargados de administrar los recursos en forma centralizada, además de ser los responsables de la inscripción de los beneficiarios en un registro único.
Estos municipios tendrán como función "implementar una red de distribución de los recursos, promoviendo la comensalidad familiar, siempre que ello sea posible, o a los distintos comedores comunitarios donde se brinde el servicio alimentario", precisa la norma.
Para ese fin, se creará una red integrada por instituciones educativas y sanitarias, entidades eclesiásticas, Fuerzas Armadas y de Seguridad, entidades intermediadas, voluntariado calificado y beneficiarios seleccionados del Plan Jefas y Jefes de Hogar.
También dispone la unificación y coordinación de todos los programas vigentes hasta ahora financiados con fondos nacionales para evitar la superposición de partidas presupuestarias.
La autoridad de aplicación será ejercida en forma conjunta por los ministerios de Salud y de Desarrollo Social, que encabezan Ginés González García y Nélida Doga, respectivamente.
Asimismo, se dispuso para la coordinación del programa la creación de una Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación integrada por representantes de ambas carteras, así como de otras que integran el gobierno nacional y Organizaciones No Gubernamentales "debidamente acreditadas en el área". Otras comisiones similares funcionarán en el orden provincial y municipal.
Se establece que la Nación acordará con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el desarollo y la ejecución del programa, así como la integración con los progrmas ya existentes.
La Ley contempla la necesidad de "estimular el desarrollo de la producción alimentaria regional a fin de abastecer de los insumos necesarios a los programas de asistencia, respetando y revalorizando la identidad cultural y las estrategias de consumo locales".
Impulsar, además, la generación de "políticas de abastecimiento alimentario" para garantizar la accesibiildad de toda la población y promover la creación de centros de provisión y compra regionales, así como la "organización de redes sociales" que posibiliten el intercambio dinámico entre sus integrantes y los otros grupos sociales.
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