En un comunicado, la empresa informó que a partir de las cero hora de hoy, Correo Argentino rehabilitará los servicios que presta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, cuya suspensión tuvo vigencia ayer.
"Esto comprende la recepción de los telegramas y carta documento laboral ley 23.789. La medida se basa en un acuerdo logrado en el día de hoy con el mencionado Ministerio, luego de un largo proceso de reclamos por parte del Correo Argentino en relación a la normalización de una antigua e importante deuda en cuenta corriente", agrega el comunicado de la empresa.
La decisión unilateral del Correo Argentino fue denunciada por el vicepresidente del colegio Público de Abogados, Pedro Kesselman, quien advirtió que la empresa estaba cometiendo un delito penal.
El dirigente del nucleamiento profesional detalló que "esta medida, tomada por una presunta deuda del Estado de 13.000.000 de pesos, deja indefensos a miles de trabajadores que no pueden pagar un telegrama que se cobra, como mínimo, entre 30 a 35 pesos".
Si la decisión se mantiene en firme, los trabajadores suspendidos o despedidos deberán pagar esos telegramas que se redactan según normas muy precisas "palabra por palabra", indicó Kesselman.
El especialista detalló que "los telegramas del trabajador son gratuitos tal como lo establece la Ley 23.789 y toda la normativa anterior y Correo Argentino debía respetar esta norma por ser la continuadora de la antigua ENCOTEL".
"El Correo Argentino -detalló- aduce que el Estado tiene una deuda pendiente con ellos de 13.000.000 de pesos y con esa excusa toma esta medida unilateral e ilegal y suprime la gratuidad del servicio".
El tarifado del servicio, sostuvo, "coloca en estado de indefensión a miles de trabajadores que no pueden pagar sus telegramas para ejercer sus derechos". Los textos de estos telegramas son obligatorios "para rechazar las causales esgrimidas en los conflictos laborales como despido o suspensión".
El Colegio Público de Abogados, dijo Kesselman, recibió esta noticia por "las denuncias que presentaron gran cantidad de abogados", de manera que analizarán el tema en el consejo directivo y "van a emitir un dictamen". El letrado advirtió al respecto que "quien incurre deliberadamente en impedir el cumplimiento de un derecho, comete un delito penal".
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