Venezuela y Argelia crearán un consejo empresarial destinado a ejecutar acuerdos comerciales suscritos y consolidar alianzas en sectores como energía, agricultura y agroindustria. La iniciativa, calificada como un “paso estratégico” por el canciller Yvan Gil, coincide con el 55 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, establecidas el 23 de marzo de 1971.
Gil destacó que, a lo largo de cinco décadas y media, Venezuela y Argelia mantuvieron posiciones comunes en causas internacionales, incluyendo la defensa de una solución para Palestina y el Sáhara Occidental, y la protección de precios justos para los recursos energéticos.
El ministro de Exteriores recordó que se celebraron cinco comisiones mixtas y se firmaron 55 instrumentos de cooperación en áreas como energía, comercio, ciencia, educación, medioambiente, transporte y cultura.
El embajador argelino en Venezuela, Farouk Benmokhtar, subrayó el valor de los 55 años de “amistad, fraternidad y respeto mutuo” entre ambos países. En julio pasado, Argelia y Venezuela firmaron memorandos de entendimiento para fortalecer la cooperación bilateral en sectores como agricultura, medioambiente, desarrollo sostenible, educación superior y vivienda.
El nuevo acuerdo se produce en el contexto de la apertura petrolera de Venezuela, tras la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para aumentar la participación de inversionistas privados y extranjeros. Las autoridades venezolanas mantuvieron encuentros con países como Colombia, Alemania y Túnez para abordar asuntos energéticos, además de los recientes acercamientos con Estados Unidos.
En cuanto a la relación Caracas-Washington, una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a la capital estadounidense esta semana para iniciar el proceso de normalización de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, rotas desde 2019. El grupo está formado por funcionarios designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes se encargarán de la restitución de servicios consulares, atención administrativa y coordinación de trámites con el Departamento de Estado.
El objetivo de la comitiva es instalar la representación diplomática venezolana en la capital estadounidense, reactivar la expedición de pasaportes, documentos de viaje y legalizaciones, y restablecer la atención a la comunidad venezolana residente en Estados Unidos.
“Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos”, afirmó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Sin embargo, lejos de la diplomacia y en el ámbito social de Venezuela, los familiares de los presos políticos y ONGs siguen reclamando por su liberación en todo el país.
Un total de 503 personas permanecen detenidas por motivos políticos en el país caribeño, entre ellas 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, según datos actualizados al 23 de marzo por la ONG Foro Penal. El registro incluye 315 civiles y 188 militares; de los detenidos, 452 son hombres y 51 mujeres, y hay un menor de entre 14 y 17 años.
La organización señaló que más de 11.000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de libertad, como prohibición de salida del país, declaraciones a medios o presentación periódica ante tribunales.
El Parlamento informó el viernes que 8.068 personas recibieron la libertad plena durante el primer mes del proceso de amnistía, promulgado en febrero. El diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria para el seguimiento de la ley, detalló que 7.808 de los beneficiados tenían libertad restringida bajo medidas cautelares y los restantes 260 estaban encarcelados. Hasta el viernes, las autoridades habían recibido 11.396 solicitudes válidas de amnistía.
No obstante, las autoridades venezolanas no publicaron un listado oficial con las identidades de los beneficiados, a pesar de la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999, pero limita su aplicación a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en años específicos, excluyendo el resto del periodo y casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, denunció este martes que un tribunal le negó la solicitud de amnistía, así como a su hermano Rafael y al abogado Omar de Dios García, por considerar que el caso no se ajusta a la normativa aprobada en febrero. Varias ONG informaron en los últimos días sobre el rechazo a otras solicitudes, incluyendo la de Henry Alviarez, del partido Vente Venezuela, y la de un grupo de dirigentes sindicales.
(Con información de EFE)
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