Delcy Rodríguez se dirigió este miércoles a los inversores reunidos en Miami para presentar a Venezuela como destino atractivo para el capital internacional. Lo hizo vía videoconferencia desde Caracas, en el FII Priority Summit, foro global del Future Investment Initiative Institute saudita que convocó a más de 1.500 líderes financieros en el Hotel Faena de Miami Beach. Rodríguez proyectó crecimiento de dos dígitos para 2026 y los dos años siguientes, y prometió condiciones que garanticen seguridad jurídica “independientemente de cambios políticos o circunstancias restrictivas”.
Fue la primera comparecencia de Rodríguez ante un foro de esta envergadura desde que asumió como presidenta encargada el 5 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas. No lo mencionó en ningún momento. Centró su mensaje en las reformas impulsadas para refundar la relación del sector petrolero con el capital privado. “Estamos en un proceso de estabilización, implementando las reformas necesarias para un entorno productivo y para atraer inversiones que diversifiquen los motores de la economía venezolana”, afirmó.
El argumento central giró en torno a los márgenes de negociación del barril venezolano. Rodríguez señaló que el 64% de su costo de producción admite negociación en regalías, impuesto sobre la renta y dividendos. Destacó también la incorporación del arbitraje internacional para resolver disputas contractuales, una demanda histórica de las petroleras extranjeras que abandonaron el país tras las nacionalizaciones forzosas de la era Chávez-Maduro.
El respaldo legal es la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sancionada por unanimidad por la Asamblea Nacional el 29 de enero. Por primera vez desde la nacionalización de 1976, empresas privadas pueden participar directamente en exploración, extracción y comercialización de crudo sin integrarse en empresas mixtas con mayoría de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). La ley fija una regalía de hasta el 30% y un Impuesto Integrado de Hidrocarburos del 15% sobre ingresos brutos, con eliminación de cargas anteriores para aligerar el flujo de caja de los operadores.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero la corrupción, la desinversión y las sanciones redujeron la producción desde los 3,5 millones de barriles diarios de 1999 a menos de 400.000 en 2020. En 2019, el Departamento del Tesoro sancionó a PDVSA y la expulsó de los mercados internacionales, lo que obligó a Caracas a vender crudo con descuentos de hasta el 40% a compradores como China. La producción actual ronda el millón de barriles diarios.
La semana pasada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una licencia general que autoriza a PDVSA a vender petróleo directamente a empresas estadounidenses y en mercados globales. Las sanciones individuales y sectoriales, sin embargo, siguen en pie, incluidas las que recaen sobre la propia Rodríguez. Esa contradicción resume la estrategia de Trump: usar el alivio selectivo como palanca para arrancar concesiones de Caracas.
La propia Rodríguez lo evidenció el martes al pedir públicamente a Trump el levantamiento total de las sanciones. “Una licencia no da ni brinda la certidumbre necesaria para una inversión a largo tiempo”, advirtió ante inversores en Miraflores. Si esa brecha entre apertura legal y restricción financiera se cierra o se consolida será la verdadera prueba de si el giro venezolano tiene recorrido real.
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