El abogado del dictador depuesto de Venezuela Nicolás Maduro presentó este jueves una moción ante un tribunal federal de Nueva York solicitando la desestimación de los cargos por narcotráfico y corrupción contra el ex líder chavista, después de que el Departamento del Tesoro bloqueara definitivamente el uso de fondos estatales venezolanos para financiar su defensa legal.
Barry Pollack, defensor de Maduro, argumentó en documentos judiciales que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro estadounidense, “se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la defensa”, interfiriendo así con el derecho fundamental del acusado a contratar el abogado de su elección, consagrado en la Sexta Enmienda de la Constitución. La moción presentada ante el juez Alvin Hellerstein advierte que “cualquier juicio que se lleve a cabo bajo estas circunstancias será inconstitucionalmente defectuoso y no podrá producir un veredicto que resista impugnaciones futuras”.
El episodio tiene su origen en una decisión de la OFAC del pasado 9 de enero. Según denuncia Pollack, la agencia federal otorgó inicialmente una licencia para que el régimen venezolano pagara los honorarios de la defensa de Maduro, pero revocó ese permiso menos de tres horas después mediante una licencia enmendada que bloqueaba la transacción. Esta reversión dejó al abogado sin la financiación necesaria para continuar representando a su cliente en un caso que podría derivar en décadas de prisión.
La documentación presentada incluye una declaración jurada del propio Maduro, en la que afirma que desea seguir siendo representado por Pollack, sostiene que tiene derecho a que el régimen venezolano cubra sus gastos legales y declara no poder costear su propia defensa. El chavista se comprometió a presentar pruebas financieras de su situación económica si el tribunal así lo requiere. Desde su primera comparecencia el 5 de enero, cuando se declaró inocente junto a su esposa Cilia Flores, Maduro ha trabajado de manera continua con Pollack en la preparación de su estrategia defensiva.
Henry Rodríguez Facchinetti, abogado de la República Bolivariana de Venezuela, respaldó la posición de Maduro en una declaración anexa a la moción. Facchinetti corroboró que Caracas tiene la “obligación clara y legal de cubrir todos los gastos, incluyendo honorarios de abogados”, y manifestó que el régimen venezolano “desea cumplir” con ese compromiso y “está preparado para pagar los costes de defensa”. El jurista especificó además que “los fondos que Caracas usaría en este asunto no están relacionados con ninguna de las actividades alegadas en la cuarta acusación sustitutiva o con ninguna otra actividad ilegal”.
En su memorando, Pollack denuncia una aparente contradicción en la política estadounidense hacia Venezuela. “El Gobierno de Estados Unidos, aun cuando autoriza innumerables transacciones comerciales con Venezuela, está prohibiendo que la defensa reciba fondos no contaminados de Caracas para financiar sus honorarios”, señala el documento.
Tanto Maduro como el régimen venezolano están sujetos a un amplio régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos, lo que obliga a cualquier transacción financiera entre partes venezolanas y estadounidenses a contar con una licencia específica de la OFAC. Este marco legal convierte en extraordinariamente complejo el ejercicio del derecho a la defensa cuando el acusado depende de fondos bloqueados por el propio Estado que lo procesa.
En su escrito, Pollack advirtió que si el juez Hellerstein no accede a desestimar el caso por violación de derechos constitucionales, se verá obligado a solicitar “reticentemente” autorización para retirarse como abogado de Maduro, dejando al ex dictador venezolano sin representación legal cualificada en un momento crítico del proceso.
Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la espera de juicio. Fueron capturados mediante un operativo de fuerzas especiales estadounidenses ejecutado en la madrugada del 3 de enero en Caracas, tras meses de presión de la administración Trump. La acusación sostiene que Maduro abusó de su posición durante 13 años en el poder para facilitar el tráfico internacional de drogas.
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