Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, valoró positivamente la reunión del sábado entre organizaciones de derechos humanos venezolanas y la comisión parlamentaria encargada del proyecto de ley de amnistía.
“Nos parece positivo que se haya convocado a las organizaciones de derechos humanos para realizar planteamientos y discutir este proyecto de ley”, señaló Romero, quien destacó la participación de Provea, CLIPVE, Acceso a la Justicia, Foro Penal, representada por su vicepresidente Gonzalo Himiob, y otras ONG.
En un video publicado en su perfil de la red social X, Romero indicó que uno de los planteamientos de la organización fue la necesidad de que el proceso de excarcelaciones continúe y que se garantice la libertad total y plena de todos los presos políticos, sin que esto quede supeditado exclusivamente a la aprobación de la ley de amnistía.
Además, propusieron que la ley no se limite a extinguir procesos, sino que implique la nulidad absoluta de todos los procedimientos penales y administrativos relacionados con la persecución política a través del sistema de justicia.
El abogado y titular de Foro Penal mencionó que se estableció en que la amnistía tenga un carácter inclusivo, sin limitarse a ciertos grupos de presos políticos, y subrayó la importancia de incluir a organismos internacionales como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, en combinación con organizaciones locales, para dar la amplitud necesaria a la ley.
Otro punto central fue la incorporación de la reparación integral de las víctimas como elemento esencial de la amnistía, así como la garantía del derecho a la defensa, permitiendo el acceso de abogados de confianza en todos los procesos.
Romero remarcó que la ley debe permitir que todas las personas con medidas restrictivas de libertad por motivos políticos —más de once mil, según el recuento de la ONG— puedan obtener su libertad plena, e incluso facilitar el regreso al país de quienes están en el exilio.
Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente de la institución, participó de la reunión las ONG pudieron expresar sus desacuerdos y sugerencias sobre el texto presentado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Himiob destacó en redes sociales la importancia de este espacio de diálogo al subrayar que por primera vez las víctimas y defensores pudieron plantear sus preocupaciones, ya que “el objetivo” es que “la amnistía sea lo más amplia posible”.
Sin embargo, reconoció que persisten diferencias técnicas sobre el contenido de la ley. “La correcta y más inclusiva aplicación de la Ley de Amnistía no debe quedar sólo en manos del Poder Ejecutivo, y que debe permitirse la participación vinculante de los organismos de defensa de los DDHH, las ONG y las víctimas”, escribió.
“Las víctimas de la prisión y de la persecución política pueden tener por seguro que hoy su voz se escuchó claramente y sin dobleces donde antes no se la había escuchado”, insistió.
Por su parte, Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, calificó el debate como “fructífero” y reafirmó el compromiso de las instituciones con la paz, el entendimiento y la escucha de todos los sectores, más allá de las diferencias.
El jueves pasado se aprobó el primer texto de la ley de amnistía, que debe someterse a dos discusiones en días distintos, como estipula la Constitución venezolana.
El viernes, en el día previo a la reunión entre Comisión Especial de la Asamblea chavista, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió que la voz de los familiares de presos políticos sea escuchada durante las consultas públicas sobre el proyecto de ley de amnistía.
Rodríguez, que se reunió con allegados de detenidos en un centro de reclusión en Caracas, prometió que la excarcelación de los presos políticos ocurrirá “a más tardar el viernes”.
“A más tardar el viernes están todos sueltos”, afirmó el diputado frente a la sede de los calabozos de la Policía Nacional, conocidos como Zona 7. Además, instó a los parlamentarios a salir a las calles y dialogar con las víctimas y sus familiares para recoger propuestas que puedan ser incorporadas en la segunda discusión parlamentaria del proyecto de ley.
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