La CIDH denunció que en Venezuela siguen operando centros de detención clandestinos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene información sobre la persistencia de centros de detención clandestinos en Venezuela, según informó este miércoles su relatora especial para el país, Gloria Monique de Mees, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. La denuncia llega en medio del proceso gradual de liberación de presos políticos que lleva adelante el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero.

“La persistencia de estas instalaciones pone de relieve la naturaleza estructural de las violaciones y la ausencia de una supervisión institucional efectiva”, declaró De Mees durante su intervención en Washington. La relatora subrayó que, pese a las excarcelaciones anunciadas, la situación de los derechos humanos en Venezuela continúa siendo alarmante. La CIDH no ha podido realizar visitas in situ al país desde 2002, lo que dificulta la verificación independiente de las condiciones carcelarias y el paradero de los detenidos.

Según los datos proporcionados por De Mees, hasta el 19 de enero habían sido liberadas 143 personas detenidas por motivos políticos. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil como Foro Penal calculan que aún permanecen en prisión alrededor de 775 presos políticos, mientras que el régimen chavista habla de más de 400 liberaciones totales si se incluyen las realizadas en diciembre bajo Maduro. La discrepancia entre las cifras oficiales y las de las organizaciones independientes evidencia la falta de transparencia que denuncia la CIDH.

“La Comisión reitera la urgente necesidad de contar con información transparente, actualizada y verificable sobre las condiciones bajo las cuales se está liberando a los presos políticos”, enfatizó De Mees. El organismo autónomo de la OEA exigió detalles precisos sobre los centros de reclusión donde permanecen los detenidos y las garantías legales que se están ofreciendo en el proceso de excarcelación. Familiares de presos políticos han denunciado que las liberaciones son lentas, selectivas y que en muchos casos no se informa sobre el paradero de los detenidos.

La situación se produce en un contexto excepcional para Venezuela. El 3 de enero, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales por narcotráfico y armas. El mismo día de la captura, el régimen venezolano decretó el estado de conmoción exterior, una medida de excepción contemplada en la Constitución para situaciones de conflicto externo que ponen en peligro la seguridad nacional.

El decreto, firmado por Maduro antes de su captura y refrendado por Rodríguez tras asumir como presidenta encargada, tiene una vigencia inicial de 90 días prorrogables por otro período igual. La norma militariza sectores estratégicos como la industria petrolera, amplía las atribuciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana y habilita restricciones a derechos fundamentales, incluyendo detenciones de personas señaladas por promover o apoyar acciones contra el Estado.

La CIDH expresó preocupación específica por las implicaciones del estado de conmoción exterior. “La Comisión reitera su solicitud de información detallada y actualizada sobre la aplicación de ese decreto, particularmente respecto del número de personas detenidas en virtud de esta disposición legal y de los centros de detención donde se encuentran actualmente recluidas”, señaló De Mees. El organismo advirtió que la medida podría agravar el riesgo de nuevas violaciones de derechos humanos en un contexto ya caracterizado por detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Organizaciones venezolanas como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han denunciado que se desconoce el paradero de al menos 200 personas detenidas. Esta situación podría constituir casos de desaparición forzada, un delito continuado según el derecho internacional. Familiares de los detenidos han manifestado frente al Ministerio Público en Caracas exigiendo información oficial sobre los centros de reclusión donde fueron trasladados sus allegados tras ser arrestados en operativos de seguridad.

La presión estadounidense tras la llegada al poder de Delcy Rodríguez llevó al régimen chavista a acordar la liberación de presos políticos. Sin embargo, familiares y grupos de defensa de derechos humanos en el país denuncian que el proceso es demasiado lento y carece de transparencia. La administración Trump ha condicionado su cooperación al cumplimiento de compromisos específicos, entre ellos la liberación de detenidos y el desmantelamiento de estructuras vinculadas al narcotráfico.