Ser mujer activista, política o periodista en Venezuela implica enfrentar una vulnerabilidad extrema, según revela el más reciente informe de Transparencia Venezuela en el exilio. La persecución política se suma a un panorama marcado por la violencia de género, agravando los riesgos para quienes defienden derechos humanos, ejercen liderazgo social o son periodistas.
El documento, respaldado por cifras del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), registra más de 180 mujeres, entre quienes están incluidas niñas, sometidas a detenciones arbitrarias por motivos políticos.
Estas víctimas no solo son defensoras de derechos humanos, líderes sociales, abuelas, niñas y periodistas, sino que sufren una doble condena: abuso y negligencia, tanto por su activismo cívico como por sus vínculos familiares con perseguidos políticos o detenidos.
Transparencia Venezuela en el Exilo documenta que finalizado el ciclo electoral de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y con la atención pública menguando tras los comicios municipales de julio 2025, la represión política en Venezuela no solo persistió, sino que experimentó una marcada intensificación entre agosto y noviembre de 2025.
Durante este periodo, se evidenció un aumento sostenido en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y procesos judiciales expeditos que concluyeron en sentencias condenatorias, configurando así una nueva etapa en las estrategias represivas implementadas por el régimen venezolano.
La investigación de Transparencia Venezuela en el Exilio revela en su informe el caso de varias de esas mujeres detenidas.
Profesora y dirigente sindical<b> </b>
La profesora Lourdes Coromoto Villareal García, reconocida dirigente sindical de 59 años, permanece desaparecida desde mayo de 2025, fecha en la que fue detenida por sujetos no identificados al salir de su vivienda en el municipio Libertador de Caracas. El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando la docente se disponía a trotar en las inmediaciones del Panteón Nacional. Según testigos, fue subida a una camioneta en presencia de su hija.
La ONG Voces de la Memoria y el Comité de Familiares de Presos Políticos denunciaron que su detención y posterior desaparición forzada se producen en el marco de la denominada “Operación Tun Tun”.
Hasta el cierre de este informe, en diciembre de 2025, se desconoce el paradero de Villareal, lo que configura una presunta desaparición forzada. La profesora forma parte del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), filial de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), pertenece a Fetramagisterio y también integra la ONG Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi).
Directora de ONG
Rocío del Carmen San Miguel Sosa, de 59 años y directora de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto Internacional de Maiquetía, La Guaira, cuando intentaba salir del país.
Durante más de 120 horas, no se tuvo información sobre su paradero, hasta que finalmente se supo de ella el 14 de febrero de ese año, cuando el Ministerio Público la involucra en el caso conocido como “Brazalete blanco”.
A casi dos años de su detención, sus abogados denunciaron que no han tenido acceso al expediente y que no han podido asistirla legalmente. Además, exigen atención médica para la activista, quien contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Perdió al bebé
El 9 de agosto de 2018, el ministro del Interior, GJ (GNB) Néstor Luis Reverol Torres, mencionó en cadena nacional a Emirlendris Carolina Benítez Rosales y su novio, Yolmer Escalona, como parte del grupo de “terroristas sicarios” que orquestaron el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, durante el acto de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. No dio mayor explicación sobre la vinculación de Benítez y Escalona en el llamado caso de los drones.
Emirlendris Benítez fue detenida y recluida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas. De acuerdo con denuncias de sus familiares, durante su permanencia en la instalación militar fue víctima de golpizas y torturas, hechos que le provocaron la pérdida de un embarazo.
Tras permanecer un año en la Dgcim, Benítez fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Tiene medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Actualmente, Benítez se encuentra en silla de ruedas, sin diagnóstico médico y a la espera de exámenes especializados desde hace más de un año. Pese a las solicitudes formales presentadas por sus abogados y familiares, hasta el momento no ha recibido la atención médica que requiere.
Detenida al llegar al país
La profesora jubilada Yosida María Vanegas de Monasterios, madre del sargento Juan Carlos Monasterios Vanegas, condenado a 30 años de prisión por su presunta implicación en el intento de magnicidio con drones, fue detenida el 15 de agosto de 2023 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en una alcabala fronteriza ubicada en La Pedrera, estado Táchira.
Vanegas de Monasterios, de 67 años, había permanecido fuera del país durante cuatro años, cuando decide viajar a Caracas para visitar a su hijo, quien recientemente había sido sometido a una cirugía de vesícula.
Tras su detención, Yosida fue trasladada a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas. Permaneció más de una semana en desaparición forzada.
Actualmente, permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), señalada por el mismo caso de magnicidio que involucra a su hijo.
Cinco delitos
Nélida del Rosario Sánchez Oropeza, coordinadora nacional de Formación Ciudadana Electoral de la Asociación Civil Súmate, fue detenida el 26 de agosto de 2024. Dos días después, el 28 de agosto, fue trasladada al centro de reclusión de El Helicoide, en Caracas, donde permanece privada de libertad desde entonces.
La Fiscalía 74 con competencia nacional del Ministerio Público le imputó cinco delitos: Instigación al Odio, Asociación para Delinquir, Conspiración, Traición a la Patria y Terrorismo. El juez Ángel Betancourt, del Tribunal 3° de Control en materia de Terrorismo, dictó la apertura de juicio en su contra durante la audiencia preliminar realizada el 6 de noviembre.
Actualmente, el expediente se encuentra en manos del Tribunal 27 de Juicio.
Sánchez enfrenta diversas afecciones de salud, entre ellas hipertensión arterial, insuficiencia venosa, taquicardia y fibromialgia. Además, de acuerdo con un comunicado emitido por la organización Súmate, la activista presenta síntomas de síndrome de estrés postraumático como consecuencia de su reclusión.
Torturada brutalmente
Angela Lisbeth Expósito Carrillo, docente e investigadora, directora de la ONG Fundanimal, fue arrestada el 25 de septiembre de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) durante un allanamiento realizado en su residencia en Los Teques, estado Miranda, sin la presentación de una orden judicial.
Posteriormente, Expósito Carrillo recibió una condena de 24 años de prisión tras ser acusada de encubrir a uno de los presuntos implicados en el intento de magnicidio con drones.
Actualmente, Angela Lisbeth Expósito Carrillo permanece recluida en el Helicoide, una instalación del Sebin, donde ha sido víctima de torturas que incluyen asfixia con bolsas plásticas, agresiones físicas y aislamiento prolongado de 45 días, conforme al Informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre el caso Venezuela.
Su estado de salud se ha visto gravemente afectado, presentando asma, dificultades respiratorias, nódulos tiroideos en crecimiento y afecciones bacteriológicas en la piel, todo ello agravado por la falta de atención médica adecuada.
Las hermanas Alemán
La enfermera Andreína José Alemán Castellano fue detenida el 21 de abril de 2020 tras ser vinculada como hermana de un militar acusado de conspiración. El operativo fue ejecutado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes allanaron la vivienda familiar en busca del teniente Richard Rafael Alemán Castellano.
Al no encontrar al oficial, las autoridades procedieron a la aprehensión de cinco personas, entre ellas Andreína y su hermana Yolimar. El caso fue a manos del juez José Mascimino Márquez García, uno de los que llevaba más casos emblemáticos y que luego fue acusado de corrupción, destituido y preso.
De acuerdo con testimonios de familiares, ambas mujeres habrían sido arrestadas sin justificación legal, convirtiéndose en una estrategia de presión para forzar la confesión de su hermano en el caso denominado “Operación Gedeón II”.
El 22 de mayo de 2024, la jueza Hennit Carolina López, titular del Tribunal 1° de Juicio con competencia en Terrorismo, emitió condenas de entre 21 y 30 años de prisión para 29 acusados de colaborar en la mencionada operación.
Andreína y Yolimar permanecen recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Inicialmente, ambas recibieron medidas sustitutivas de libertad debido a las secuelas de torturas sufridas durante su detención; sin embargo, dichas medidas fueron revocadas tras la sentencia.
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