
El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, dijo este jueves que no descansará hasta lograr la libertad de María Oropeza, activista de la formación en el estado Portuguesa (oeste), detenida hace 15 meses.
“Hoy su voz está secuestrada, pero su legado y su profundo amor por el país, lo seguimos replicando dentro y fuera de Venezuela”, señaló el comité en un comunicado.
Asimismo, describió a Oropeza como una mujer de “grandes convicciones, comprometida con la verdad, con la democracia y la justicia, fiel amante de la libertad”.
“No descansaremos hasta que haya libertad para María Oropeza”, insistió.

El pasado 6 de agosto de 2024, Oropeza hizo una transmisión en vivo por Instagram en la que denunciaba que agentes estaban tratando de entrar en su hogar de manera “arbitraria” y sin “orden de allanamiento”.
Ese mismo día, la activista había alertado, previo a su encarcelamiento, sobre una “operación tun tun (de detención)” contra la oposición, que -denunció- suponía una “persecución política contra los venezolanos que defienden la verdad”, en alusión al triunfo que el antichavismo mayoritario asegura obtuvo Edmundo González Urrutia en las presidenciales de julio del año pasado, pese a que el ente electoral proclamó al dictador Nicolás Maduro como mandatario reelecto.
De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 875 presos políticos, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El régimen y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos, sino que aseguran cometieron diversos delitos, afirmación rechazada por líderes y partidos opositores, así como ONG defensoras de derechos humanos.

La hija de Edmundo González Urrutia dijo que no hay justicia para su esposo detenido
Mariana González, hija del presidente electo de Venezuela y líder opositor Edmundo González Urrutia, denunció la ausencia de justicia en el proceso judicial de su esposo, Rafael Tudares, detenido desde hace más de 300 días.
González afirmó que el sistema judicial venezolano “no permite la designación de una defensa privada” y señaló que la Defensoría Pública “no ejerce su defensa y actúa con opacidad”.
“300 días de desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho. ¿Cómo se defiende cuando todo está diseñado para impedir su defensa?”, expresó en su cuenta de X.
También afirmó: “Esto no es justicia”; y mencionó que desconoce el lugar de reclusión de su esposo, acusado de los delitos de “forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento”.
El domingo pasado, González informó que las autoridades le notificaron que su esposo “seguirá el juicio penal en su contra mediante ‘audiencias telemáticas’”, medida que calificó como un “juicio clandestino e inconstitucional, que viola sus derechos humanos”.
(Con información de EFE)
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