La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró este martes que tiene “plena competencia” respecto a Venezuela y pidió que le autorice una misión de aquí a finales de año, en particular para visitar la cárcel El Helicoide, en Caracas.
El Helicoide es una temida cárcel del servicio de inteligencia venezolano que organizaciones de derechos humanos califican como centro de torturas.
La Comisión “solicitó anuencia para realizar una visita in loco en el último trimestre de 2025, a fin de observar de primera mano la situación de derechos humanos y, especialmente, las condiciones de las personas privadas de libertad en el Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I (Helicoide)” señaló un comunicado.
El régimen de Nicolás Maduro intentó deslindarse en 2012 de la jurisdicción de la CIDH (con sede en San José), pero el máximo organismo judicial de la región rechazó la iniciativa.
La Corte reiteró sus prerrogativas en una sentencia emitida en agosto.
La Comisión, que recibe denuncias de derechos humanos y emite recomendaciones y medidas cautelares, reafirma también “su plena competencia respecto de la República Bolivariana de Venezuela”.
“En Venezuela, las instituciones encargadas de promover y proteger la democracia y los derechos humanos carecen de independencia. Operan como instrumentos de represión estatal para asegurar la permanencia de un régimen autoritario”, destacó la Comisión en su comunicado.
La Comisión anunció, por otra parte, que otorga medidas cautelares de protección a favor de la venezolano-española Sofía María Sahagún Ortiz, detenida en octubre de 2024 y cuyo paradero es desconocido en los últimos meses.
“Su familia presume que el acto pudiese estar relacionado con el parentesco que guarda con una familiar del mismo apellido, quien habría sufrido persecución por su presunta vinculación con la líder opositora María Corina Machado”, explicó el comunicado.
El Helicoide, centro de horror
El Helicoide no fue construido originalmente como cárcel. Fue proyectado en los años cincuenta como un centro comercial de lujo bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, con una estructura arquitectónica en forma de espiral que le daría gran visibilidad sobre Caracas. Luego fue adaptado progresivamente para funciones represivas.
Testimonios de ex presos describen condiciones físicas extremas: celdas diminutas, sin ventilación adecuada, insalubres, con hacinamiento que puede triplicar la capacidad de los espacios, acceso al sol limitado o inexistente, duchas espaciadas, agua potable difícil de conseguir. Higiene mínima, problemas de olores fuertes, presencia de insectos, y alimentos servidos en recipientes precarios que además son utilizados para otros fines.
En cuanto a métodos de tortura, hay denuncias recurrentes de uso de descargas eléctricas, asfixia (incluyendo inmersión de cabeza o bolsas plásticas), ahogamiento, golpes, y violencia sexual. Muchos supervivientes reportan que los abusos no cesan tras detenciones o interrogatorios sino que se prolongan durante la reclusión.
El aislamiento es otra práctica sistemática denunciada. Algunas celdas llamadas “El Horno”, “El Tigrito”, “La Letrina” o “La Tumba” se caracterizan por estar completamente aisladas, sin ventilación, con luz fija que se mantiene 24 horas, sin contacto visual con otros presos o con el exterior.
Los presos políticos son una proporción significativa de la población penitenciaria dentro de El Helicoide. Organizaciones como Foro Penal han informado que, de los presos políticos que registran en todo el país, muchos están recluidos allí. En algunos informes recientes se estiman unos 70 presos políticos en ese centro en particular.
El deterioro de la salud física y mental de los detenidos es un efecto directo de esas condiciones. Ex presos narran enfermedades por la falta de higiene, infecciones de piel, hongos, diarreas, desnutrición, además de traumas psicológicos severos provocados por torturas y aislamiento prolongado. La atención médica, cuando existe, es muy limitada y muchas veces inadecuada o tardía.
En términos institucionales, los informes de Human Rights Watch, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), Voces de la Memoria, PROVEA y otros señalan que estas violaciones no son incidentales sino parte de una política sistemática. Se documenta que las garantías judiciales (por ejemplo, acceso a abogado, procesos justos, notificación de causas) son comúnmente vulneradas; las denuncias internas tienen escasa o nula respuesta estatal; la impunidad domina.
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