El partido Vente Venezuela, encabezado por la líder opositora María Corina Machado, denunció el reciente secuestro de sus coordinadores Yones Molina y Jesús Castillo en el estado Mérida, ampliando la lista de activistas opositores víctimas de persecución y hostigamiento bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Las detenciones ocurrieron este domingo por parte de “grupos de civiles armados”, según comunicó la organización a través de X.
La formación política exigió conocer el paradero de los detenidos y reclamó su libertad inmediata.
“Esta arremetida pretende silenciar a la juventud venezolana que a diario, lucha por permanecer en el país”, señaló Vente Venezuela, que atribuyó la operación al aparato represivo de la dictadura chavista.
El partido de María Corina Machado ha insistido en la urgencia de que la comunidad internacional “no puede permanecer silente ante la arremetida del régimen contra los venezolanos”.
Entretanto, el partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) exigió este lunes una prueba de vida de sus activistas detenidos Freddy Superlano y Roland Carreño, luego de que fueran trasladados a un “paradero desconocido” desde su sitio de reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), El Helicoide, en Caracas.
“De manera extraoficial se conoció que ambos fueron sacados del Helicoide hace más de 24 horas, vestidos con bragas azul y amarillo, y trasladados en camionetas del Sebin. Desde entonces, se desconoce su destino”, denunció VP en su cuenta de X.
Asimismo, según la formación política, “en algún momento se especuló que podrían haber sido presentados en tribunales, pero no existe información oficial sobre su ubicación actual”.
“Exigimos de inmediato al régimen una fe de vida de Roland Carreño y Freddy Superlano, su inmediata liberación, pues nunca debieron estar presos y que cese la política de odio y persecución contra quienes luchamos por una Venezuela libre”, señaló VP.
De igual forma, llamó a la comunidad internacional, organismos multilaterales y defensores de derechos humanos a “pronunciarse de manera firme ante esta grave violación”.
Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador al mandatario Nicolás Maduro, un resultado no reconocido por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ni por numerosos países, que insisten en que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.
Por su parte, Carreño fue detenido el 2 de agosto del año pasado, en el contexto de la crisis poselectoral que se desató en el país por la denuncia de fraude de la PUD.
Carrero había sido detenido antes, el 26 de octubre de 2020, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el Gobierno y la PUD, en Barbados.
El sábado, la organización Provea había alertado sobre el crecimiento exponencial de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas en Venezuela.
“En el país ha habido un incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente y sometidas a largos períodos de incomunicación”, estableció la ONG en su último informe, donde documenta 23 casos solo entre septiembre de 2024 y mayo de 2025.
Provea denunció que familiares de las víctimas enfrentan “situaciones desafiantes” para obtener respuestas ante las autoridades, y frecuentemente ignoran el paradero y las condiciones en que se encuentran los privados de libertad.
Amnistía Internacional también ha denunciado que, desde las pasadas elecciones presidenciales, se ha observado un “aumento drástico de detenciones cometidas de forma sistemática en Venezuela”, calificando los hechos como elementos posibles de “crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”.
El 25 de agosto, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció la detención de Lorenia Gutiérrez, coordinadora del partido en Caroní, estado Bolívar. Testimonios recogidos aseguran que Gutiérrez fue secuestrada por funcionarios encapuchados y armados que irrumpieron en su vivienda sin orden judicial, llevándosela a un destino desconocido.
El partido suma ahora más de 200 activistas y dirigentes presos o sometidos a desaparición forzada, la mayoría vinculados a la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora del país.
(Con información de EFE)
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