La ONG Provea advirtió este sábado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que el régimen de Nicolás Maduro tiene 121 presas políticas, del total de 1.060 de estos detenidos injustificados que informó Foro Penal.
“En Venezuela, la crisis y la emergencia humanitaria golpean a las mujeres: salarios de hambre, precarización y medio. Mientras tanto, 121 mujeres siguen injustamente presas por motivos políticos”, denunció la organización, que destacó el caso de Rocío San Miguel, que lleva más de un año privada de su libertad.
“Rocío es inocente y víctima de un caso sin el debido proceso. Fue acusada por el Ministerio Público sin derecho a designar a sus abogados de confianza” e impedida, también, de ser atendida por sus “médicos de confianza” por una fractura en su hombro derecho por la que desde “hace más de seis meses” necesita ser operada, sumó Provea.
“Rocío no puede ser sometida a una cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física. No puede recibir una intervención por quienes tardaron cuatro meses en diagnosticarla. En reclusión no hay condiciones pata el postoperatorio ni para una rehabilitación digna”, cerró la ONG, que apoyó así el reclamo del entorno de la activista.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2023 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar con su hija, acusada de estar vinculada a una supuesta ”trama conspirativa” que buscaba “atentar” contra Maduro y otros funcionarios chavistas.
Precisamente, el fiscal general, Tarek William Saab, sostuvo que la activista había entregado información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a diplomáticos de otros tres países, cuyos nombres, sin embargo, no brindó.
A la espera del inicio de su juicio, cuya fecha fue aplazada hasta el 31 de marzo por falta de traslado al tribunal, San Miguel sufrió una fractura en uno de sus hombros, producto de una caída por un mareo derivado de una laberintitis que no fue tratada adecuadamente.
La herida, sin embargo, no le fue diagnosticada hasta cuatro meses más tarde ante sus insistentes quejas por dolor, aunque “solo fue tratada con analgésicos”, denunció su abogado, Juan González Taguaruco.
La falta de atención médica y la naturaleza de la lesión llevaron a que San Miguel requiera, al presente, de una intervención quirúrgica, que su defensa insiste en que ocurra fuera del penal en el que está recluida, dado que allí no se dan las condiciones básicas para un procedimiento de esta magnitud.
“Si la fractura fue diagnosticada cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación?“, sumó González Taguaruco.
Sin embargo, el régimen se negó a dar curso al pedido por considerar que se trata de una estrategia del entorno de la activista para rescatarla.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo días atrás que las fuerzas de seguridad habían desmantelado una “red de coyotes internos” que se preparaban para actuar durante su traslado: “Levarían a operar a Rocío San Miguel y ahí intentarían ejecutar el rescate”.
(Con información de EFE)
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