El régimen chavista excarceló a 40 adolescentes que habían sido detenidos en las protestas contra el fraude electoral

Un total de 40 adolescentes de los más de 100 detenidos tras las protestas contra el fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro en Venezuela, fueron excarcelados este sábado, según confirmó el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero.

“10:00pm. Al menos 40 adolescentes (presos políticos por situación postelectoral desde 29Julio), han sido excarcelados el día de hoy en estados: Táchira, Mérida, Amazonas, Bolívar, Lara...”, escribió Romero en X.

El jueves, la ONG había informado sobre la excarcelación de otros 16 adolescentes, cuatro mujeres y 12 hombres, quienes fueron “encarcelados en el contexto de las protestas” desatadas después del fraude electoral del 28 de julio, y fueron puestos en libertad “bajo medidas cautelares”.

Según Foro Penal, previo al 29 de julio, cuando se conocieron las primeras víctimas de la represión del aparato de seguridad de Nicolás Maduro, “no había adolescentes detenidos”, lo que expuso la escalada en la violencia del oficialismo contra el pueblo, ya sin importar si quiera su edad.

A la par, la Organización denunció, en las últimas horas, el traslado irregular de algunos presos en el estado insular de Nueva Esparta. “Familiares desconocen el lugar dónde los llevan. Indican avión preparado para traslado fuera de la isla de Margarita”, publicaron este viernes en X y advirtieron que “las autoridades, al no informar a los detenidos y a sus familiares a dónde los van a trasladar, están incurriendo en una violación de la Constitución”.

También, señalaron que a los detenidos no se les respeta su derecho a la legítima defensa, con abogados privados, por lo que son obligados a aceptar la representación del Estado, en procesos judiciales poco transparentes. “En la mayoría de los casos de las detenciones en el contexto postelectoral, se ha impedido a los detenidos nombrar a abogados de su confianza”, escribieron.

El Observatorio Venezolano de Prisiones fue otra de las ONG que hizo eco de esta situación, en su caso, advirtiendo sobre el traslado de al menos 700 personas a las cárceles de máxima seguridad de Tocorón y Tocuyito, en el centro del país, sin notificar a las familias. “Observamos con suma preocupación que los traslados de estos detenidos se llevaron a cabo con muchas irregularidades, incluso algunos bajo engaño, pues no les avisaron a sus familiares y muchos de ellos se enteraron cuando fueron a llevarse la comida a las comandancias policiales”, indicaron en un comunicado.

El texto agrega que “no hay quien les dé información sobre el paradero de su familiar ni de cuándo serán los días de visita y bajo qué condiciones serán”. “En ninguno de los penales hay una lista de trasladados y, hasta la fecha, a ninguna de estas personas se le ha permitido el contacto con sus familiares ni la designación de sus abogados de confianza”, reitera el documento.

El último balance extraoficial, que data del 26 de agosto, dio cuenta de 1.780 detenidos en el marco de las protestas electorales, de los cuales 1.624 eran civiles y tan solo 156 militares, mientras que 1.666 eran adultos y -entonces- 114 eran adolescentes. A su vez, 149 ya han sido condenados, en su mayoría por delitos de terrorismo o similares.

(Con información de EFE)