La líder opositora venezolana María Corina Machado expondrá este lunes su postura y los pasos a seguir tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar la inhabilitación política que le impide competir en elecciones hasta el año 2036.
Luego de que el Supremo emitiera el viernes una sentencia en la que ratificó la sanción contra la opositora, la ex diputada liberal se limitó a decir, a través de su cuenta en X, que mantendrá su lucha por “elecciones libres” y no permitirá unas “fraudulentas”.
Sin embargo, se espera que este lunes, en declaraciones a los medios, fije postura ante esta medida por la que voces dentro y fuera del país se han manifestado en contra, reivindicando el llamado a la celebración de “elecciones libres”.
La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pidió este sábado que sea revertida la sentencia que le impide a Machado participar en las presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año, por considerar que constituye una “violación del debido proceso y del derecho a la defensa”.
Además, los Gobiernos de Uruguay, Argentina, Ecuador y Paraguay, así como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), han rechazado la medida y abogado por elecciones “transparentes”.
En un comunicado, la Secretaría General de la OEA denunció que la inhabilitación de la líder política, ganadora de las primarias opositoras, perjudica la posibilidad de “elecciones libres, justas y transparentes” en el país caribeño. La medida, denunció el organismo conducido por Luis Almagro, reafirmó “los claros objetivos de persecución política” del régimen de Nicolás Maduro.
“Esta lógica dictatorial de persecución política y violatoria de los derechos políticos de la ciudadanía -absolutamente previsible y esperable dados los antecedentes del régimen-, liquida una vez más para Venezuela la posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes”, dijo el comunicado.
Otro en pronunciarse fue el Gobierno de Estados Unidos, que manifestó que se encuentra revisando su política de sanciones a Venezuela, tras la “profundamente preocupante” decisión del Supremo.
El TSJ aclaró que la medida contra Machado, que se conoció en junio de 2023, empezó a contar en septiembre de 2021, luego de una investigación que comenzó en 2014 y cuyo dictamen fue hecho público este viernes.
La ex diputada ya había sido sancionada en 2015 por un período de un año, que venció en 2016, por lo que, según la información oficial, estuvo habilitada durante cinco años, hasta que, en 2021, recibió una nueva sanción.
Por su parte, Machado niega haber sido notificada de esta decisión, dictada por la Contraloría General de la República (CGR).
La oposición remarcó que, pese a la inhabilitación, Machado será su candidata en los comicios de este año, tal como se dispuso cuando fue electa en unas primarias en las que obtuvo el 92,35 % de los votos.
(Con información de EFE)
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