
La candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado, dijo el jueves que no apelará su prohibición de ocupar cargos públicos porque no se le ha notificado oficialmente.
Machado, una ingeniera industrial de 56 años, se encuentra entre un grupo de figuras opositoras que han sido inhabilitadas en lo que consideran medidas injustas de la Contraloría General.
El proceso de apelación, abierto hasta el viernes 15 de diciembre, fue acordado el mes pasado entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro.
Estados Unidos, que alivió temporalmente las sanciones al régimen de Maduro gracias a un pacto sobre garantías para las elecciones de 2024, había condicionado la continuación de ese alivio a que Caracas comenzara a levantar las prohibiciones y liberara a los presos políticos y a los estadounidenses “detenidos injustamente” hasta el 30 de noviembre.
El régimen chavista aún no ha iniciado la liberación de prisioneros y la administración de Joe Biden ha dicho que está reconsiderando el alivio de las sanciones.
“Todos sabemos que los lapsos legales los establece la ley, no los establece el régimen”, dijo Machado a reporteros en referencia al Gobierno de Maduro y como respuesta a la interrogante sobre si apelaría.
"Y si a mi no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente puede haber un lapso corriendo", agregó.

El anuncio de la inhabilitación a Machado lo realizó en junio José Brito, un diputado de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, quien mostró a los medios una carta entregada por el director de procedimientos especiales de la Contraloría. Sin embargo, Machado ha señalado que no recibió una notificación.
Los escenarios para Machado son complejos, dijeron cinco fuentes consultadas, quienes agregaron que si la opositora acude al máximo tribunal valida el acto de la Contraloría General de imponerle la inhabilitación, medida que la candidata ha calificado de irregular.
En caso de no acudir a la máxima corte, no está claro cómo resolvería su inhabilitación, que Machado ha dicho es un tema político, no jurídico.
Las fuentes señalaron que antes de acudir al máximo tribunal, la revisión del caso de Machado tendría que ser ante la Contraloría, que emitió los oficios.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo la semana pasada que las autoridades deben permitir que un candidato de la oposición se presente a las elecciones.
Protestan en contra la persecución a los organizadores de las primarias
Venezolanos residentes en España se manifestaron este jueves frente al Congreso de los Diputados en Madrid contra la persecución política del régimen de Maduro, que según los organizadores, se ha incrementado contra los ciudadanos que trabajan por unas elecciones limpias en Venezuela.
Los manifestantes, entre quienes se encontraban representantes de diversas organizaciones civiles y políticas venezolanas, se pronunciaron contra la detención de Roberto Abdul, coordinador de la asociación civil Súmate, organización que desde hace más de 20 años vela por la transparencia electoral en Venezuela.
Abdul, también miembro de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), que organizó el pasado 22 de octubre esas elecciones para designar a un candidato de la oposición a las presidenciales, fue detenido el pasado día 6.
Los venezolanos en Madrid también demandaron el levantamiento de las órdenes de captura dictadas en contra de Henry Alviárez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, quienes respectivamente son coordinadores de organización, comunicación y relaciones internacionales de Vente Venezuela, partido que lidera María Corina Machado.
Entre los afectados por las nuevas órdenes de detención se encuentran varios exiliados políticos como David Smolansky, Leopoldo López y Julio Borges, así como también ex altos funcionarios del gobierno que ahora son críticos con Maduro, como Andrés Izarra y Rafael Ramírez.
(Con información de Reuters y EFE)
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