La Clooney Foundation for Justice (CFJ) presentó este miércoles una denuncia ante la justicia federal argentina para que investigue los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En diálogo con Infobae, Ignacio Jovtis, responsable senior del programa que dirige las investigaciones de la CFJ sobre el país caribeño, resaltó que “es una demanda sólida”; y explicó: “Hoy presentamos en la justicia argentina una denuncia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Por motivos de seguridad, no podemos dar datos de los casos concretos pero denunciamos una situación de sistematicidad”.
“Documentamos decenas de casos. No son aislados, si no que hay un plan de Estado. Hay órdenes para que esto suceda”, consignó.
Preguntado sobre por qué se eligió a la Justicia argentina, Jovtis indicó: “Porque en Venezuela estos crímenes no se investigan. Las víctimas necesitan tener un espacio. Argentina tiene predisposición para llevar adelante este tipo de investigaciones”.
“Nuestro punto es intentar que Venezuela se convierta en una tercera causa en Argentina después de las del franquismo y Myanmar”, completó.
La fundación explicó en un comunicado que la jurisdicción universal permite a los países enjuiciar los crímenes más graves con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima. Y considera que Argentina es una jurisdicción apropiada dada su apuesta, “ya consolidada”, por la jurisdicción universal.
Luego recordó que la justicia federal argentina aplicó con anterioridad el principio de jurisdicción universal a casos en lo que constituye ya una sólida línea de precedentes. Entre ellos, en 2010 una jueza federal argentina inició una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista (1936-1977). Esto dio lugar a una orden de exhumación por parte del tribunal que permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre, algo que los tribunales españoles no habían logrado. En 2021, aplicando de nuevo la jurisdicción universal, un juez federal argentino inició una investigación sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad Rohingya en Myanmar.
“El caso de Venezuela tiene un caracter de urgencia porque estos crímenes se siguen cometiendo en ese país. Esperamos que Argentina acceda”, continuó su diálogo con este medio Jovtis; al tiempo que subrayó: “Trabajo en estos temas hace 20 años y una cosa que es llamativa es ver cómo se repiten los patrones”.
Por último, indicó que la fundación se presentó como querellante y expresó: “Entrevisté a gente distinta, que no se conoce, de distintos lugares del país; y te cuentan que el modus operandi es idéntico”.
“Estamos trabajando desde hace un año y entrevistamos, en el contexto de esta investigación, a más 100 personas, incluyendo víctimas, familiares y gente del sector jurídico. Vimos cosas desgarradoras”, concluyó.
Pedido de Amnistía Internacional
La demanda penal presentada hoy ante la justicia federal argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice, sobre crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas, es un importante paso para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, dijo Amnistía Internacional.
“Ante la demanda penal interpuesta en Argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la justicia argentina tiene la obligación de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas suficientes y admisibles, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores. Los titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela, con el valioso apoyo de organizaciones como la Clooney Foundation for Justice, no pueden caer en oídos sordos. La justicia federal de Argentina no puede darle la espalda a las víctimas; por el contrario, debe abrir la puerta a la jurisdicción universal y generar un precedente importante para que otros países de la región sigan el mismo curso de acción”, destacó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La ONG recordó que la demanda se enmarca en la política de represión instaurada y ejecutada por el régimen de Nicolás Maduro desde 2014. “Esta política —que sigue vigente— incluye la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y persecución por motivos políticos”, subrayó la organización.
Luego sostuvo que múltiples mecanismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, —incluida Amnistía Internacional— han denunciado cómo estos ataques han adquirido el carácter de sistemáticos y generalizados en contra de quienes son percibidos como opositores al régimen, constituyéndose en crímenes de lesa humanidad. Esta conclusión fue igualmente sostenida por la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, creada en 2019.
“Las víctimas que han denunciado crímenes de lesa humanidad hoy han puesto sus esperanzas de justicia en Argentina. Los tribunales argentinos tienen la competencia constitucional sobre estos crímenes no por dónde hayan sido cometidos o por quién, sino porque se trata de hechos que dañan a la humanidad en su conjunto. Esperamos que el sistema de justicia argentino esté a la altura de las circunstancias y sostenga su tradición histórica de perseguir y castigar a quienes resulten responsables en todos los niveles por estos hechos”, concluyó por su parte Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
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