La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre la situación de Gustavo Enrique Carrero Angarita, quien se encuentra detenido en el Centro Nacional para Procesados Militares (CENAPROMIL), en Venezuela, desde 2018 por traición a la patria.
El organismo considera que el teniente de Fragata, integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se encuentra en un estado de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos y, por tanto, otorgó medidas cautelares en su favor.
En la Resolución 30/2023 publicada por la Comisión se explica que, desde hace cinco años, cuando ingresó en Ramo Verde, su salud sólo se ha deteriorado y se ve empeorada por las secuelas de las agresiones que recibe en el centro penitenciario.
A ello, continúa, se le debe sumar una lesión en las rodillas, la cual no ha sido evaluada por un traumatólogo, “a pesar de las reiteradas solicitudes y denuncias realizadas ante las distintas instancias domésticas”.
“Esta situación se agravaría debido a las condiciones de privación de libertad y las amenazas, y malos tratos de los que sería objeto por parte de agentes penitenciarios”, detalla el escrito.
Es por ello que, en base al artículo 25 del reglamento, la CIDH solicitó al régimen de Nicolás Maduro que haga lugar a su reclamo y adopte las medidas necesarias a fin de proteger y garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de Carrero Angarita.
Puntualiza la garantía de acceso al tratamiento médico correspondiente a sus patologías, así como la elaboración de un informe médico por parte del cuerpo de salud, en el que se corrobore su situación actual y se dé cuenta de un plan de acción concreto.
Por otro lado, considera estrictamente necesario un cambio en las políticas de detención que modifique las condiciones en las que es retenido para que se alineen con los estándares internacionales.
Todo esto, concluye la nota, debe estar acordado con el beneficiario y sus representantes legales, a quienes se debe informar también de “las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y, así, evitar su repetición”.
Por último, la Comisión aclara que dicha medida cautelar no constituye un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano, por violaciones a los derechos que se encuentran protegidos en la Convención Interamericana y otros instrumentos aplicables.
El pedido de la CIDH se conoció luego de que, la víspera, comenzara a circular nuevamente en redes sociales un crudo informe elaborado por el Instituto Casla, que expone “los rostros de la tortura” en Venezuela.
Su resurgimiento -ya que fue publicado hace años- fue una respuesta a las declaraciones del presidente de Brasil Lula da Silva en el marco de la cumbre de presidentes sudamericanos que se realizó en su país y de la cual Maduro participó, y en la que dijo que los informes de torturas y presos políticos forman parte de una “narrativa construida”.
“Yo he ido a países que no saben dónde queda Venezuela pero dicen que Venezuela tiene una dictadura. Nicolás Maduro, ustedes tienen que deconstruir esa narrativa”, afirmó Lula.
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