Un total de 93 organizaciones de la sociedad civil de Venezuela enviaron este jueves una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para solicitar su intervención ante las autoridades del país caribeño para que desestimen el proyecto de ley para fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG, aprobada recientemente por el Parlamento.
“Dada la influencia que tiene su Gobierno sobre las autoridades venezolanas, agradecemos cualquier gestión de su parte para que se desestime el proceso en curso de aprobación del proyecto de ley, incluyendo su reforma o cualquier otra norma legal en la agenda legislativa que vaya en similar sentido”, reza el escrito.
Piden a Petro que aliente, conforme a la Constitución venezolana y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado, el reconocimiento y facilitación del derecho a la libre constitución, funcionamiento, actuación y formalización de la personalidad jurídica de todas las formas de asociación sin fines de lucro.
“Su Gobierno es heredero de la movilización y organización de miles de colombianos y colombianas que desean dejar atrás el conflicto y construir un país de oportunidades y derechos sin discriminación de ningún tipo. Esos mismos principios son los que deseamos para nuestro país y que motivan el trabajo cotidiano de las organizaciones, iniciativas y activistas”, añadieron.
Las asociaciones advirtieron que, de aprobarse este proyecto de ley, se corre el riesgo de que se suspenda el derecho de libre asociación y reunión en Venezuela, cuyos “principales afectados serán las personas que reciben gratuitamente la asistencia y acompañamiento en la defensa de sus derechos vulnerados, así como ayuda humanitaria en todo el país”.
Señalaron que la “ilegalización de las organizaciones” puede provocar la salida “forzada” del país de sus integrantes, así como de los beneficiarios.
“Ambas situaciones incrementarán en números significativos las solicitudes de asilo y refugio en los países vecinos de acogida. Asimismo, debilitará de manera irreversible la democracia”, sostuvieron.
El proyecto inicial de ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
(Con información de EFE)
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