Hace una semana, Google tuvo que eliminar información vinculada al pasado criminal de un ex convicto en Inglaterra. Se trató de un caso en el cual se defendió el "derecho al olvido" de esta persona para preservar su intimidad. Así lo ordenó un juez. Sin embargo, ese mismo magistrado denegó la solicitud de otro usuario por considerar que, en su caso, la información que pretendía eliminar era relevante y de interés público.

Esta polémica abrió, una vez más, el debate sobre el impacto que puede tener la circulación de la información en la web. En el universo digital, la posibilidad de viralizar y replicar contenido es mucho más fácil que antes. Y esa información permanece por siempre en la nube. ¿Qué significa esto para los usuarios? ¿Cuál es el límite entre el derecho a la privacidad y el derecho a la información y la libertad de expresión?

El concepto de "derecho al olvido" surge en España a raíz de Mario Costeja, un abogado y calígrafo que le solicitó a Google que borrara una información que consideraba irrelevante y obsoleta. Puntualmente se refería a una deuda que ya había pagado hace años. El buscador seguía vinculando su nombre a algo que ya no estaba vigente y Costeja entendía que esto lo afectaba personalmente.

Solicitó que se respetara "el derecho al olvido" en la web. Logró un fallo favorable de la Corte de Justicia de la Unión Europea en 2014 y sentó un precedente judicial. Desde ese entonces, "el derecho al olvido" está vigente en la Unión Europea y los buscadores deben atender a las solicitudes de borrar contenidos que puedan considerarse irrelevantes o lesivos del honor, entre otras cuestiones.

De hecho, buscadores como Google, Yahoo o Bing, por ejemplo, tienen formularios para estas cuestiones. Claro que esto no implica que las empresas vayan a responder de manera favorable a cualquier solicitud de este tipo. La idea es encontrar un equilibro entre el derecho a la privacidad del usuario y el derecho del público a conocer información y a la libertad de expresión.

En qué se funda este derecho

El derecho al olvido es un concepto relacionado con la protección de datos personales (el derecho a la intimidad y al honor) y el Habeas Data, que es el derecho que tiene toda persona para conocer, actualizar y rectificar toda información que se relacione con su persona y que se recopile o almacene en centrales de información.

El caso de Argentina

En virtud de este concepto se puede solicitar la supresión de información que pueda considerarse no relevante u obsoleta. En el caso de Argentina no hay "un derecho al olvido" como tal, es decir expresado de ese modo, aunque sí se reconoce legalmente al usuario que pueda pedir corrección o eliminación de datos. Esto está contemplado en los derechos Arco (acceso, rectificación, cancelación y oposición) amparados por la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que es un desarrollo del artículo 43 de la Constitución que, tras la reforma del 94, incorpora el Habeas Data.

En la ley dice que "el responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad".

También se menciona que "la supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos".

Es decir que en la práctica se puede pedir en la Argentina que se quite un dato por el derecho a supresión. El usuario puede mandar una intimación (carta documento) al banco de datos, sitio o buscador que posee la información donde solicita que se borre tal dato fundado en el derecho a supresión en un plazo determinado. Si no se hace, se habilita la acción de Habeas Data. Primero está la intimación privada y luego se recurre a la Justicia, explicó a Infobae el abogado Martín Leguizamón.


El balance entre el derecho a la privacidad y el derecho a la información

Se supone que la intervención judicial permita asegurar el balance entre derecho a la información y protección de la intimidad o el honor. La decisión no queda en manos del buscador ni de ningún otro intermediario sino que depende exclusivamente de la Justicia.

En el caso de Europa, a raíz del derecho al olvido, mucha información se comenzó a dar de baja de la web sin que intervenga un juez. Solo por dar un ejemplo, desde que se implementó este derecho Google recibió en la Unión Europea más de 650 mil pedidos para quitar enlaces y accedió a hacerlo en un 43% de los casos. Cuando no accede a eliminar información y el usuario quiere insistir en su reclamo, interviene la Justicia.

"El derecho al olvido es una creación jurisprudencial europea que no puede trasladarse automáticamente al derecho argentino ni al derecho latinoamericano en general, porque puede funcionar como una herramienta de censura, contraria al derecho a la información garantizado por el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica", explica Esteban Lescano, director de la Comisión de Marco Regulatorio y Políticas Públicas de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), consultado por Infobae.

La idea es llegar a un equilibrio entre la protección del derecho a la privacidad y el derecho a la información. Para esto se deben contemplar diferentes cuestiones, entre ellas quién es la persona afectada por la información que se difunde y, sobre todo, si esa información es relevante y de interés público.

SEGUÍ LEYENDO: