A más de tres años del femicidio de Rocío González, condenaron a prisión perpetua a Renzo Chidichimo

Después de tres años, condenaron a prisión perpetua a Renzo Eduardo Chidichimo por cometer un femicidio a su compañera de trabajo, Rocío Magalí González de 25 años. El hombre la asesinó a balazos tras amenazarla previamente. La decisión del juez Santiago Paolini, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata, fue informada después de que un jurado popular lo declarara culpable.

La defensa insistió con que no todo homicidio de una mujer encuadra automáticamente como femicidio y sostuvo que, para aplicar esa figura, debía probarse que el asesinato estuvo motivado por la condición de mujer de la víctima. Ese fue el eje central de los alegatos defensivos y que la apelación buscará cuestionar precisamente ese punto ante Casación.

El jurado popular rechazó esa interpretación. Tras escuchar a testigos, familiares, peritos e investigadores, concluyó que el asesinato de González debía ser encuadrado como homicidio agravado por mediar violencia de género. Esa definición resultó decisiva, porque fijó el marco para la pena que más tarde impuso el juez. En ese tramo final, el tribunal ya no discutió autoría, sino la sanción correspondiente a un delito.

La sentencia, de todos modos, no clausura el expediente y la defensa oficial ya prepara el recurso ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense para intentar revertir la figura aplicada en el debate. Mientras ese nuevo capítulo se pone en marcha, el fallo dejó una definición judicial de fuerte peso simbólico y penal sobre un crimen que había empezado con denuncias por acoso, siguió con amenazas y terminó con siete disparos dentro de un lugar de trabajo.

El femicidio de Rocío Magalí González

Rocío Magalí González trabajaba junto al acusado en una empresa de monitoreo de alarmas. La joven había denunciado en dos oportunidades situaciones de acoso, violencia psicológica y maltrato. La primera presentación había sido realizada hacia fines de 2022, luego de que ambos compartieran durante meses el mismo ámbito laboral. A partir de esa denuncia se dispusieron restricciones de acercamiento y la entrega de un botón antipánico.

De acuerdo con el medio platense 0221, también se modificaron horarios y tareas dentro de la empresa para evitar cruces entre ambos, aunque el hostigamiento persistió. El entorno de la víctima declaró que Rocío consideraba insuficiente esa protección y que evaluaba insistir con una denuncia penal, convencida de que la amenaza avanzaba. Incluso analizaba trasladarse a otra jurisdicción para buscar una respuesta más efectiva.

Dos días antes del asesinato, a partir del testimonio de una tía de la víctima, el acusado la había amenazado diciendo que “disfrutara porque ya le quedaba poco”. La familiar sostuvo que Rocío le había contado lo ocurrido a su padre y que pensaba denunciarlo de nuevo.

El ataque ocurrió el 1 de junio de 2023, cerca de las 14, en el local donde funcionaba la empresa de alarmas en Saladillo. Chidichimo llegó fuera de su horario laboral, entró al lugar y fue directo hacia el sector donde trabajaba Rocío. Allí sacó una pistola Bersa calibre 9 milímetros y disparó siete veces. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y una compañera de trabajo también presenció la escena.

La acusación sostuvo que no hubo discusión previa ni reacción improvisada. El agresor fue al lugar con el arma, localizó a la víctima y ejecutó el ataque en un espacio cerrado de trabajo. La tía de Rocío afirmó: “Él fue directamente a matarla y lo tenía todo premeditado y pensado, no le dio tiempo de apretar el botón antipánico”.

Después del ataque, Rocío fue trasladada de urgencia a un centro de salud de la zona, pero murió a causa de las heridas. El atacante escapó y estuvo prófugo durante cinco días. La pesquisa movilizó a fuerzas policiales de distintas áreas, con rastrillajes en la zona rural, drones, perros y apoyo aéreo.

Al momento de ser localizado llevaba consigo el arma que la investigación señaló como la utilizada en el crimen. Tras la detención, fue indagado por la fiscal Patricia Hortel y optó por no declarar. Desde entonces quedó alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense a disposición de la Justicia.