Juan Félix Marteau: “Los jueces que liberaron a condenados con la excusa del coronavirus son miserables”

Infobae dialogó con Juan Félix Marteau, quien es profesor titular de Criminología de la Universidad de Buenos Aires, posición que obtuvo por concurso hace más de 10 años. Frecuentemente requerido por este medio por temas de su especialidad, la criminalidad financiera, hoy lo entrevistamos para saber su opinión sobre la liberación de presos con motivo de la pandemia.

Este abogado y doctor en sociología, que estudió criminología en la Universidad de Hamburgo, y escribió dos libros sobre política criminal, piensa que se trata de otro episodio grave que muestra la “pérdida completa de sentido de muchos de aquellos que tienen responsabilidades clave en el Estado”.

-¿Cuál es su opinión sobre la liberación de presos ocurrida en estos últimos días con motivo del COVID-19?

Vayamos primero a lo particular para luego llegar al concepto. Tomemos la decisión del tribunal de Neuquén, integrado por los jueces Deiub, Sommer y Trincheri, que otorgó prisión domiciliaria a Eugenio Llul, condenado en 2016 a 12 años de prisión por la violación reiterada de su nieta. Habida cuenta de que contamos con una entrevista de este último juez realizada por el periodista Luis Novarecio para este medio, tenemos expresiones literales para analizar. Los argumentos de Trincheri son que la liberación del violador se justifica en circunstancias sanitarias (el sistema de salud puede saturarse), penitenciarias (hay superpoblación carcelaria), sociales (la población se puede contagiar), personales (el condenado tiene otros hijos y nietos), legales (la ley de ejecución lo permite).

Con estos elementos podemos construir un "tipo ideal” de “juez miserable”: un juez que controvierte el sentido de la sanción penal con consideraciones externas y de oportunidad, elude su responsabilidad frente al caso delictivo concreto en base a un legalismo superficial y, por último, le da la espalda a la víctima, actora central de la tragedia de negación que supone el delito. Todos los jueces que actúan de esta manera son miserables en el sentido de que faltan a la confianza que la sociedad y el Estado depositó en ellos.

En este caso, un condenado a 12 años obtiene el beneficio de la libertad (prisión domiciliaria sin tobillera y sin otros controles es libertad) a solo 4 años de recibir la pena por un hecho punible grave y tiene la chance de volver a vivir cerca de su víctima. Para que se entienda: aquí no sólo se liberó un preso, se neutralizó fundamento mismo de la ley penal. Esto puede trasladarse a los otros jueces que actuaron con los mismos criterios en estos últimos días.

-¿Un juez puede actuar de otra manera frente a un episodio excepcional de esta pandemia si el sistema penal no esta preparado?

Muchos jueces penales (y fiscales) desarrollan su función -no ahora y excepcionalmente, sino desde siempre- en base a una concepción del castigo inconsistente y retorcida. Seamos francos: muchos jueces penales de la Argentina se educaron y hoy ejercen la magistratura dudando del sentido la pena; muchos incluso, creen que la pena carece de fundamento y es solo una manifestación arbitraria del Estado que hay que limitar. La excepcionalidad de la pandemia lo único que hace es velar, poner en evidencia, este “estado de ruina” psicológica de ciertos jueces y fiscales penales en el país.

Por el contrario, los jueces que tiene claridad sobre el sentido de la pena como vector de restitución de la vigencia de la ley vulnerada por el delito y como ordenador de las conductas humanas en base a normas institucionalmente legítimas, siempre encuentran soluciones razonables ante episodios como este: en primer lugar, pueden priorizar a los detenidos con prisión preventiva (sobre los que no ha recaído condena y están en una situación legalmente precaria), en casos donde no haya riesgo de fuga o de reincidencia; en el caso de los condenados, se pueden habilitar lugares de emergencia vigilados; se puede multiplicar los dispositivos de control físico y electrónico, etc. Lo que no se puede hacer es habilitar un estado de impunidad y de zozobra en detrimento de la vigencia de la ley. Y menos aun en este momento de desconcierto personal y social en el que estamos.

-¿Podría explicar qué sentido tiene el castigo penal?

La pena es esencialmente una represalia al responsable de un delito. Es un mal institucionalizado. La pena está ligada solo y únicamente a la responsabilidad personal de quien decidió violar, con su acto, el deber de comportarse de acuerdo a la ley (a la ley penal). El deber ejemplar es “no matarás”. La pena lo que hace es decretar el fracaso del proyecto personal del delicuente, quien con su acto intentó imponer una pauta de conducta distinta (obviamente ilícita) “yo mato, está habilitado matar”. Al hacer esto, la pena reafirma la vigencia no solo formal, sino material de la legalidad general, permitiendo que conservemos la expectativa de que podemos vivir ordenadamente de acuerdo al derecho y la justicia. Es muy importante comprender que la pena legítima se vincula dialecticamente con el hecho injusto concreto, único y ya realizado de un delincuente responsable. Además, esta es la una única visión realmente humanista, ya que el delincuente no es considerado ni un animal, ni un objeto, sino un sujeto racional que debe pagar por su acto. Las cuestiones de orden político, económico, y -digamos hoy-, sanitario, no tienen nada que ver con este tipo de sanción estatal. Es falso, por tanto, que el castigo penal se imponga para cumplir con fines especulativos externos al hecho delictivo concreto de un delincuente responsable: intimidación a otros posibles delincuentes, resocialización del condenado, etc.

-Usted ha hecho recaer toda la responsabilidad sobre los jueces ¿No cree que hay responsabilidad del Gobierno en esta medida?

Los jueces (y no nos olvidemos de los fiscales) son los responsables primarios de esta medida y tienen que hacerse cargo de la misma en el grado de su decisión. En cuanto al Gobierno, es el responsable de la política criminal y, por tanto, del funcionamiento del sistema penal, que incluye la actuación de la justicia. Aquí invocar la división de poderes genera más dudas que certezas. Presupongo que los funcionarios más relevantes después del Presidente, como el Jefe de Gabinete, tienen esto muy claro. Todos sabemos que medidas como éstas no tienen nada que ver con el progresismo.

Desde la lógica política, se entiende que los funcionarios estén enfocados en evitar que no les estallen los sistemas que deben gestionar (el sistema de salud, el sistema penintenciario, etc). Hay que valorar la posición de quienes están tomando decisiones dificilísimas en un marco de tanta incertidumbre. Sin embargo, creo que en esta crisis de época, que en la Argentina tendrá consecuencias gravísismas, necesitamos de gobernantes orientados en valores que ofrezcan mensajes claros sobre la necesidad de pensar no en cómo se satisfacen los derechos individuales y sectoriales, sino en cómo la sociedad puede ser creyendo en la ley y la justicia.

Si no trabajamos para que el paradigma de los derechos humanos de lugar al paradigma de los deberes humanos (respeto a la comunidad y al planeta), no creo que haya salida posible para las generación de nuestros hijos.

Seguí leyendo: