La Justicia ordenó al Gobierno cumplir la ley de financiamiento universitario: “Es algo que veníamos esperando hace mucho tiempo”

El fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal obliga al Gobierno a garantizar los fondos para las universidades públicas y genera alivio en el sector, tras meses de conflicto por la falta de presupuesto y el deterioro salarial docente

La Justicia federal ordenó al Gobierno cumplir con la ley de financiamiento universitario y garantizar los fondos a las universidades públicas

La justicia federal resolvió un tema clave para las universidades públicas de Argentina. Por disposición de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el Gobierno Nacional debe aplicar y cumplir la ley de financiamiento universitario. El fallo genera alivio entre autoridades universitarias. El conflicto surgió cuando el Consejo Interuniversitario Nacional presentó una cautelar frente a la falta de fondos garantizados. El gobierno de Javier Milei sostuvo que los recursos no estaban previstos en el presupuesto.

La sentencia fue recibida por las universidades como una decisión positiva. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, afirmó: “Acabamos de recibir el fallo. La Cámara confirma lo dispuesto en primera instancia respecto de la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional. Ordena la aplicación y cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, tal como lo venimos reclamando”.

Y agregó: “Una excelente noticia para toda la comunidad universitaria del país, que valoramos en un contexto extremadamente delicado como estamos atravesando”.

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El fallo también provocó repercusiones en la Universidad de Buenos Aires. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, expresó en Infobae en Vivo Al Amanecer: “Cuando escuchamos la noticia todos sentimos alivio, porque es algo que veníamos esperando hace mucho tiempo”. Yacobitti detalló que el Gobierno “hizo lo imposible por derogar la ley” luego de las elecciones de diciembre, pero solo logró trabar su aplicación por vías judiciales.

La respuesta del Gobierno nacional y el contexto presupuestario

Yacobitti explicó que el argumento central del Gobierno es la supuesta inexistencia de fondos para cumplir la ley. “El Gobierno se para en una mentira. Estuvimos años sin presupuesto y cada ley que salía decía que el jefe de gabinete debía readecuar partidas para eso”.

El fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal genera alivio en el sector educativo tras meses de conflicto presupuestario

El vicerrector señaló que, pese a la retórica oficial a favor del déficit cero, desde la asunción de la nueva gestión se redujeron impuestos para sectores de altos ingresos, con el resultado de que podrían estar cubiertos no solo los fondos universitarios, sino otros programas como el de discapacidad.

Según el vicerrector, los salarios docentes universitarios siguen perdiendo poder adquisitivo. “Mostraban gráficos de salarios que perdieron el 50% de su valor. Solo el titular con dedicación exclusiva, la máxima categoría, está cien mil pesos por encima de la canasta básica”. Yacobitti precisó que este monto apenas permite superar la línea de pobreza, y que incluso así no refleja una canasta básica real.

“Muchos profesores bajan sus dedicaciones, dejan horas para buscar otras actividades, dar clases particulares o trabajar en plataformas. Son los responsables del sistema universitario”, enfatizó. Cuando se le consultó si hay docentes que recurren a aplicaciones para complementar el sueldo, Yacobitti aseguró: “No tenga ninguna duda que es así”.

El Consejo Interuniversitario Nacional había presentado una cautelar reclamando fondos garantizados para las universidades públicas

El impacto en las condiciones laborales y en la oferta académica

Yacobitti se refirió a la situación de los colegios universitarios: “Cuando el gobierno de Milei comenzó, la hora docente se pagaba aproximadamente un 30% más que en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy eso es entre un 27% y un 32% menos”. Esto obliga a los docentes a dejar horas en la universidad o buscar otros trabajos ante la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas.

El vicerrector señaló que la cantidad de cátedras no bajó, pero sí se perdieron docentes de mucha experiencia. “En algunos colegios, se necesita más personal porque dedican menos horas. Vemos una realidad en la que, si el problema no se resuelve, la calidad educativa se va a perder en poco tiempo”.

Frente a la pregunta sobre la deserción de profesores por bajos salarios, Yacobitti reiteró: “No tenga ninguna duda”. Además, describió una situación crítica en la que “los docentes con dedicación exclusiva no pueden llegar a mitad de mes”. La universidad intenta compensar la reducción de horas, pero muchas veces no logra cubrir los cargos necesarios.

Las universidades públicas advierten que la reducción de horas y la migración de profesores a otros trabajos afectan la calidad educativa

Medidas de fuerza y perspectivas para el ciclo lectivo

Consultado sobre la continuidad de las medidas de fuerza, el vicerrector confirmó: “Seguramente las medidas de fuerza continúen. Desde la conducción de la universidad hacemos todo el esfuerzo para que no compliquen el funcionamiento de las clases. Al 100% no se va a poder, pero garantizamos que los chicos más chicos tengan clase todos los días y cumplan el calendario anual”.

Yacobitti criticó la política salarial del Gobierno nacional. Indicó que, con los actuales salarios, el sistema universitario público enfrenta graves dificultades para sostener su calidad y funcionamiento: “Lo que el Gobierno está haciendo, a través de la aniquilación de los salarios, es intentar terminar con el sistema público de universidades. No se trata de ajuste ni de algo que mejorar. Hay que discutir planes de estudio nuevos, carreras, tecnología, pero también sentar al Gobierno a negociar sobre el futuro desarrollo de la Argentina”.

Para finalizar, remarcó una preocupación generalizada: “Hoy la educación está ausente en el debate público”. El fallo judicial representa un paso importante, pero la situación de los docentes y la continuidad de las clases depende de la voluntad política de cumplir la ley y garantizar los fondos correspondientes.

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