Los negocios de la AFA: una pericia confirmó que Tapia y Toviggino firmaron un contrato pero después lo incumplieron

El dictamen estableció que son genuinas sus rúbricas en el acuerdo con la empresa de Guillermo Tofoni para organizar amistosos de la Selección. Lo habían desconocido por cuestiones formales. Fue la antesala de la aparición de TourProdEnter

Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA

Una pericia técnica dispuesta por la Justicia confirmó que Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino firmaron de puño y letra el contrato que la Asociación del Fútbol Argentino incumplió con el empresario Guillermo Tofoni para la organización de partidos amistosos de la Selección, según el informe al que accedió Infobae. El dictamen, incorporado al expediente que tramita en la Justicia Comercial, determinó que las rúbricas del presidente y del tesorero de la AFA en el acuerdo suscrito en mayo de 2021 son auténticas y no presentan signos de adulteración.

La conclusión pericial de Horacio López Peña confirma la autenticidad de las firmas de Claudio Tapia y Pablo Toviggino en el contrato de la AFA con Tofoni, lo que podría agravar su situación legal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pericia revela que los máximos dirigentes del fútbol argentino desconocieron judicialmente un contrato que ellos mismos firmaron y que seguía vigente cuando, en marzo de 2023, la entidad decidió dejar de cumplirlo. Esa decisión fue el primer paso para reorganizar el negocio internacional de la Selección Argentina a través de una estructura financiera paralela, construida a partir de un nuevo acuerdo con la empresa TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni y su esposa, érica Gillette.

Con esa empresa, la AFA creó una estructura que le permitió concentrar desde los contratos por los amistosos de la Selección, por los sponsors, la televisación y otros negocios vinculados a la combinado que representa al fútbol argentino. La administración de los ingresos a través de esa compañía está bajo la lupa judicial, fiscal y administrativa, tanto en el país como en Estados Unidos.

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La Justicia Comercial investiga si el desconocimiento de ese contrato, como paso previo para la irrupción de TourProdEnter, no se trató de un desacuerdo administrativo ni de un defecto formal del contrato, sino la antesala para el control de un negocio millonario que cobró otra dimensión tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

El contrato previo al “efecto Qatar”

Tapia, y a su derecha, en el fondo, Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA

El 4 de mayo de 2021, la AFA y World Eleven Inc., la empresa de Tofoni, firmaron un contrato de representación exclusiva para la organización y comercialización de los partidos amistosos de la Selección Argentina. El acuerdo incluía la negociación de derechos televisivos, sponsoreo, hospitalidad y paquetes comerciales, con vigencia proyectada hasta 2030.

En ese entonces, la Selección aún no había ganado el Mundial y su valor internacional era sensiblemente menor. Aun así, el contrato anticipaba un crecimiento del negocio que se consolidó en los años siguientes.

Tofoni, con más de 30 años en la industria del fútbol, con licencia FIFA desde 1999 y más de 300 partidos organizados en distintos países, mantenía una relación comercial con la AFA desde hacía más de una década, sin antecedentes de conflictos judiciales.

Los acuerdos previos entre las partes se celebraron bajo modalidades similares, sin intervenciones notariales especiales ni aprobaciones formales del Comité Ejecutivo, una práctica habitual dentro de la entidad.

El impacto del Mundial y el cambio de escenario

La Selección de Messi generó un boom comercial que puso a la AFA a administrar cientos de millones de dólares

La victoria en el Mundial de Qatar 2022 transformó radicalmente el valor comercial de la Selección. Cada partido amistoso comenzó a generar ingresos millonarios por derechos audiovisuales, marketing y acuerdos comerciales.

En ese nuevo contexto, el control de los amistosos pasó a ser estratégico dentro de la estructura de poder de la AFA.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, a partir de ese momento se gestó una reorganización interna del negocio. En marzo de 2023, durante la primera fecha FIFA del año, la AFA dejó de cumplir el contrato con World Eleven sin rescindirlo formalmente ni negociar una salida consensuada.

Simultáneamente, la entidad avanzó en acuerdos con nuevas empresas, desplazando de hecho a Tofoni de un negocio respaldado por un contrato vigente.

Ese desplazamiento marcó el inicio de la aparición de TourProdEnter, una firma creada para canalizar los negocios internacionales de la Selección por fuera de la estructura tradicional de la AFA.

TourProdEnter y la nueva estructura comercial

TourProdEnter quedó asociada a Javier Faroni y a Érica Gillette, empresaria argentina con nacionalidad estadounidense. La empresa comenzó a ocupar lugares centrales en la organización de partidos y eventos de la Selección.

Según consta en la causa, el contrato con TourProdEnter fue firmado bajo criterios distintos a los de acuerdos previos: en esta ocasión, se exigió una aprobación formal del Comité Ejecutivo, requisito que la AFA había invocado como argumento para desconocer el contrato con Tofoni.

Ese cambio en las reglas internas es uno de los puntos en análisis: la exigencia de aprobación apareció luego del incumplimiento del acuerdo con World Eleven y coincidió con la creación de la nueva estructura comercial.

Faroni y Gillette fueron posteriormente incluidos en investigaciones del Departamento del Tesoro y de la Justicia de Estados Unidos por movimientos financieros y estructuras societarias, lo que sumó una dimensión internacional al conflicto.

La demanda y la estrategia judicial

El empresario Guillermo Tofoni acudió a los tribunales argentinos y de EEUU por el incumplimiento de contrato

En 2023, Tofoni presentó una demanda por incumplimiento contractual contra la AFA, primero en el fuero penal contra Tapia y Toviggino por presunta defraudación, vinculada al desplazamiento de World Eleven y a la reorganización del negocio.

La defensa de la AFA se desplegó en varias etapas. Primero, argumentó que el contrato era inválido por falta de aprobación del Comité Ejecutivo. Después, alegó ausencia de respaldo institucional. Finalmente, Tapia y Toviggino desconocieron judicialmente el acuerdo, lo que llevó a la necesidad de una pericia caligráfica.

Esa postura no implicó una acusación directa de falsificación, pero obligó al tribunal a determinar si las firmas correspondían efectivamente a los dirigentes.

La pericia a la que accedió Infobae

El estudio fue realizado por la calígrafa pública Liliana Beatriz Quintana, designada como perito única de oficio.

El análisis incluyó estudio físico del papel, examen óptico, evaluación de tintas, presión de trazos, secuencias gráficas y comparación con firmas indubitadas obtenidas del RENAPER, la Policía Federal y otros documentos reconocidos judicialmente.

El informe descartó raspaduras, enmiendas, alteraciones químicas y manipulaciones mecánicas. También destacó la espontaneidad, continuidad y coherencia estructural de las firmas.

En el caso de Tapia, se identificaron trazos curvos característicos, inclinación derecha y presión constante. En el de Toviggino, movimientos ascendentes prolongados y enlaces finales distintivos.

La conclusión resultó categórica: “Las firmas son auténticas y corresponden a sus respectivos puños y letras”, afirmó Quintana. El dictamen fue ratificado por el consultor técnico Horacio López Peña.

Giro en el expediente

Tapia y Toviggino

Con la pericia incorporada, el eje del expediente se modificó. La discusión dejó de centrarse en la validez formal del contrato y pasó a enfocarse en el incumplimiento y sus consecuencias económicas.

Ahora se analizan daños, lucro cesante y posibles indemnizaciones. Además, se evalúa el rol de los dirigentes en la decisión de desconocer el acuerdo y reorganizar el negocio mediante una estructura paralela.

El tribunal deberá decidir si la exigencia posterior de aprobación del Comité Ejecutivo fue utilizada como argumento ex post para justificar una decisión previamente adoptada.

El conflicto entre la AFA y Tofoni expone una disputa que supera un contrato específico. Demuestra cómo la explosión económica tras el Mundial transformó intereses, alianzas y mecanismos de control dentro del fútbol argentino.

La pericia a la que accedió Infobae estableció un dato central: Tapia y Toviggino firmaron el contrato que luego desconocieron. Desde ese punto, todas las decisiones posteriores —el incumplimiento, el desplazamiento, la creación de TourProdEnter y la reorganización financiera— quedaron bajo análisis judicial.

El expediente continúa en trámite. Sin embargo, el informe técnico ya fijó un límite: el acuerdo existió, fue válido y fue firmado por quienes hoy conducen la AFA.

Resta definir si ese incumplimiento generará consecuencias institucionales y económicas en un negocio que, desde Qatar 2022, se ha convertido en uno de los activos más valiosos del fútbol argentino.

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