
La primera reacción fue política, con declaraciones altisonantes de funcionarios chavistas y hasta críticas directas a la fiscal y el juez de la causa, y luego se desplegaron una serie de acciones coordinadas en la Justicia para tratar de revertir el futuro de la investigación por el avión iraní-venezolano. A casi cinco meses de la llegada de la aeronave, la atención se concentró ahora en la Cámara Federal de La Plata. Ese tribunal debe decidir si confirma la incautación de la aeronave, a pedido de la Justicia de Estados Unidos, y la suerte de los tripulantes.
Hasta hace dos semanas, la causa judicial tenía dos abogados presentados en representación de la empresa Emtrasur: Hernán Carluccio, quien defendía a los tripulantes, y Daniel Trava, que apareció en la causa con el pedido de la justicia de Estados Unidos para incautar la aeronave. En los últimos días, luego de las declaraciones del dictador Nicolás Maduro y de otros funcionarios chavistas, se sumaron otros tres abogados en una estrategia sincronizada.
Gabriel Palmeiro, del estudio de Maximiliano Rusconi -quien defiende al ex ministro de Planificación Julio De Vido y tiene aceitados vínculos con el kirchnerismo- se presentó en la causa principal y en un incidente donde se discute la devolución del avión. Palmeiro invocó un poder para representar a la República Bolivariana de Venezuela y a la empresa Emtrasur. Sin embargo, según fuente judiciales, no hubo una presentación en el incidente por el exhorto enviado desde Estados Unidos, con lo cual se elevó a la Cámara la apelación que ya había presentado el abogado Trava.

Trava igualmente sería desplazado en las próximas horas por el estudio de Rusconi. “Pueden mejorar argumentos y utilizar el poder de Venezuela para desplazarlo”, explicó una fuente que conoce el desarrollo de la investigación.
Algo similar ocurrió con el primer abogado que representaba a los 19 tripulantes, Hernán Carluccio. Ahora la defensa de los venezolanos quedó en manos de Mariana Barbitta, una abogada que defendió al ex juez federal Carlos Vicente Soto Dávila, acusado de cobrar coimas a los narcos, y al ex jefe del Ejército César Milani, entre otros. Y en representación de los iraníes se presentó Francisco Oneto, un abogado que suele transitar los estudios de TV y opina sobre actualidad en un canal de Youtube con más de 100 mil suscriptores.
Corridos los abogados iniciales, y con las defensas divididas entre venezolanos e iraníes, se desplegó en los tribunales de La Plata una batería de recursos. El mismo día, casi a la misma hora, aterrizaron al menos dos pedidos de nulidad y falta de acción. “El objetivo de fondo es la causa principal, hay pocas chances de dar vuelta la incautación”, admitió uno de los operadores judiciales que observa los movimientos desde afuera.
En el incidente de la incautación del avión, la Sala III de la Cámara de La Plata, integrada por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Lemos Arias, ya citó a una audiencia para el 5 de septiembre. Según pudo saber Infobae, las chances de que se revierta la decisión de Villena son escasas desde el punto de vista jurídico aunque hay movimientos para tratar de influir sobre la decisión de los camaristas.
Vallefín es el único juez titular de esa Sala. En cambio, Lemos Arias, que desplazó a Villena en la causa de espionaje ilegal, es subrogante. Si no se ponen de acuerdo, deberá intervenir un tercer camarista, lo que podría demorar la definición.
El pedido de colaboración fue enviado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pasó por el Ministerio de Justicia argentino, y aterrizó en el juzgado federal de Lomas de Zamora el 3 de agosto. Ese documento tiene tres puntos centrales: 1) Incautación/retención del Boeing, 2) Entrega de la orden de incautación, y 3) Cateo del Boeing. El “cateo” se interpretó como un registro del avión.
Una vez que decida la Cámara, el trámite administrativo otra vez volverá a pasar por el Ministerio de Justicia.
Tanto el juez como el fiscal Iglesias advirtieron por escrito que la cartera a cargo de Martín Soria hizo circular, sin demoras, el pedido de la justicia de Estados Unidos. Pese a eso, los últimos movimientos en el expediente estarían alentados por funcionarios que reportan al kirchnerismo duro.

La Sala III también debe resolver la situación de los tripulantes. El juez Villena había autorizado que 12 de los 19 que viajaron a la Argentina puedan salir del país, pero esa decisión también fue apelada y quedó suspendida. Todavía no hay una fecha de audiencia para que se presenten las defensas, aunque el fiscal ante la Cámara mantuvo el recurso que había presentado su colega Cecilia Incardona.
Los siete tripulantes que fueron retenidos son el piloto Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, y tres venezolanos: Víctor Pérez Gómez (gerente general de Operaciones), Mario Arraga Urdaneta, y el mecánico José Garcia Contreras. Sobre esos cinco, el juez sostuvo que hay indicios concretos. En cambio, sobre otros dos iraníes, Saeid Vali Zadeh y Mohammad Khosraviragh, el juez pidió que se queden en el país hasta que se termine la pericia sobre los teléfonos y las computadoras.
La estrategia de las defensas apunta a demostrar que no hay pruebas para acusarlos de terrorismo ni de tareas de inteligencia. Los investigadores apuestan a demostrar lo contrario.
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