Citaron a indagatoria a Nilda Garré: está acusada de incompatibilidad por acumulación de cargos públicos

La causa judicial comenzó el 3 de julio de 2013 cuando senadores nacionales del radicalismo denunciaron a Nilda Garré por haber cobrado “emolumentos” recibidos en tanto titular del Registro de la Propiedad Automotor 57 de la Capital al tiempo que percibía sueldos por otros cargos públicos.

Habrán pasado 3.344 días desde que los radicales Gerardo Morales, José Cano, Alfredo Martínez y Luis Petcoff Naidenoff presentaron aquella vieja denuncia hasta que Garré declare en indagatoria. Fue citada por el juez Marcelo Martínez De Giorgi para el próximo 29 de agosto luego de cuatro pedidos que hiciera el fiscal del caso Carlos Rívolo.

Los senadores radicales habían observado inconsistencias en la declaración jurada de bienes que hizo Garré en 2013 cuando fue propuesta por la entonces presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner para ocupar la embajada argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). En el paso por el Senado para conseguir el acuerdo-finalmente otorgado- los senadores detectaron la situación que luego denunciaron.

Según se determinó en la causa judicial, Garré estuvo -desde 1989, cuando gobernaba el menemismo y hasta 2020- al frente del Registro de la Propiedad Automotor 57. Había pedido licencia en el Registro en 1995 cuando era diputada nacional. Luego fue funcionaria del gobierno de la Alianza en el Ministerio del Interior y estuvo a cargo de la Unidad espacial de Investigación del Atentado a la Amia. Volvió a ser electa diputada en 2001. Y mantuvo su licencia mientras ocupó diversos cargos durante el kirchnerismo: fue embajadora en Venezuela y ministra de Defensa y luego de Seguridad. Su último cargo había sido el de embajadora argentina ante la OEA. Fue diputada nacional por el oficialismo entre 2015 y 2019. En 2020 fue designada en un cargo en el Ministerio de Defensa por el ex ministro Agustín Rossi, hoy al frente de la Agencia Federal de Inteligencia.

El caso estuvo radicado entre 2013 y 2016 en el juzgado federal 2. En 2016 pasó por compensación al juzgado 8 que está a cargo de Martínez De Giorgi. En 2017 el juez sobreseyó a Garré pero el fiscal apeló. La Sala II de la Cámara Federal revocó en aquel año lo decidido por Martínez De Giorgi por “prematuro” y ordenó profundizar la investigación. Se realizaron algunas medidas de prueba y en noviembre de 2020 Martínez De Giorgi dictó un nuevo sobreseimiento para Garré que fue revocado por la Sala II de la Cámara Federal porteña un mes más tarde.

En aquella resolución de 2020 firmada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia la Cámara le había ordenado al juez que se hiciera un peritaje contable más amplio para poder determinar cómo se administraba el dinero que entraba al Registro y cómo se distribuía.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó en mayo pasado el resultado del estudio encargado por Martínez De Giorgi luego de lo determinado por la Cámara Federal.

Para el fiscal Rívolo, Garré cometió el delito de defraudación contra la administración pública debido a la incompatibilidad de acumulación de cargos públicos. En su último pedido de indagatoria el fiscal señaló que: “…de acuerdo a lo que se desprende indubitablemente del informe pericial antes referido (y del abundante cúmulo de pruebas que ya se han incorporado anteriormente al expediente), no queda ya ninguna duda de que la imputada Nilda Celia Garré, como titular del Registro del Automotor Capital Federal N° 57, percibió y dispuso libremente de los emolumentos resultantes de la actividad de dicho Registro, de manera simultánea con las remuneraciones correspondientes a los numerosos y diversos cargos de la administración pública que desempeñó, desde diciembre de 1995 (asunción como Diputada Nacional) hasta, por lo menos, el mes de marzo de 2017 inclusive ( mientras se desempeñaba, también, como Diputada Nacional)…”

Según se desprende del pedido de indagatoria del fiscal -al que Infobae accedió a través de fuentes judiciales- cuando Garré terminó su mandato como diputada nacional por el Frente de Todos en 2019 volvió a asumir su puesto como encargada titular del Registro 57. En marzo de 2020 cuando fue designada por Rossi en Defensa, volvió a pedir licencia. En marzo de 2021 la Dirección Técnico Registral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que entre enero de 2017 y octubre de 2020 –cuando Garré era diputada y luego funcionaria de Defensa- fue ella quien hizo los “giros de recaudación” del Registro 57 al ministerio de Justicia. Luego los comenzó a hacer la mujer que designaron como interventora.

A raíz de esa información Rívolo señaló que: “Esto quiere decir que hasta el mes de octubre de 2020, Nilda Celia Garré seguía ejerciendo las funciones propias del Titular del Registro Seccional del Automotor N°57 y, en tal carácter, tenía pleno manejo y disposición de los emolumentos resultantes de la actividad de dicha dependencia, en una evidente situación de incompatibilidad por acumulación de cargos públicos”.

El fiscal concluyó que: “De este modo y tal como lo he venido sosteniendo invariablemente a lo largo del tiempo, considero que lo que importa aquí no es – únicamente- el destino que la Sra. Garré le haya dado a los emolumentos que percibió durante más de 20 años, sino el hecho de que, sencillamente, pudo disponer de ellos como si fueran propios, cuando en realidad se encontraba desempeñando funciones en otros cargos de la Administración Pública Nacional por los cuales, reitero, también percibió el salario correspondiente, y no cumpliendo tareas como encargada del Registro Seccional Capital Federal N° 57″.

La imputación de Rívolo abarca también otro hecho. Garré cobraba una jubilación al momento de ser electa diputada nacional en 1995 y cuando ocupó cargos en el gobierno de Fernando De la Rúa. Pero luego renunció al beneficio previsional. Para el fiscal, Garré incurrió en una nueva incompatiblidad al cobrar la jubilación, el sueldo como diputada y funcionaria y los “emolumentos” que producía el Registro de la Propiedad Automotor 57.

Fue por ello que Rívolo reiteró el pedido de indagatoria. Finalmente la declaración de Garré se concretará el 29 de agosto próximo. A algo más de nueve años de iniciada la causa.

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