La agenda del oficialismo gira en un círculo corrosivo: inflación, interna sin fin y tensión con la Justicia

El Gobierno se prepara para una pésima noticia a mitad de la semana que viene: el dato oficial de la inflación de marzo. Y en su agenda de corto plazo también asoman otros renglones de fuerte peso, desde el proceso para establecer la suba de tarifas -luz y gas, básicamente- a la confección de las cuentas públicas con reflejo al menos escrito de los compromisos con el FMI. Cada una de esas cuestiones representa un terreno para las batallas domésticas. En lugar de cierta cohesión, la interna sin fin. Y para completar, el horizonte cercano de un foco de tensión con la Justicia.

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Ese último punto remite a la reforma del Consejo de la Magistratura, con previsible recorrido de conflicto. El proyecto fue demorado en el Senado, dominio de Cristina Fernández de Kirchner, que recién lo aprobó esta semana, sin intentar ningún tipo de negociación con Juntos por el Cambio. Llega así a Diputados, donde el oficialismo no cuenta con los votos para coronar el texto tal como fue redactado. No están dando los números y, por consiguiente, tampoco los tiempos. La Corte Suprema estableció que la ley debería ser sancionada a más tardar el viernes próximo.

Existen cuestiones técnicas pero, sobre todo, políticas. El oficialismo se cerró sobre su proyecto, incluso por cálculo propio: cierta unidad al menos para mantener presión en el frente judicial. El proyecto rechaza la integración del titular de la Corte como presidente del organismo en discusión. Y la oposición, que en otras condiciones podría ser más flexible -el archivo recuerda menos intransigencia respecto del papel de la Corte en la Magistratura- sostuvo la necesidad de modificar ese punto de la iniciativa original. Quedó en discusión, finalmente, el sello del kirchnerismo como imagen de la reforma. Y la relación con la Corte.

Los contactos de las últimas horas entre representantes del Frente de Todos y JxC en Diputados dejaron como resultado la perspectiva de que se venza el plazo establecido por la Corte sin ley sancionada. Si fuera así, el Consejo de la Magistratura debería volver a ser conformado por 20 miembros. Algunos ya fueron resolviendo el problema: magistrados y abogados eligieron nuevos integrantes. Pero nada indica que el oficialismo convalide la suma de un diputado y un senador que la UCR y el PRO entienden que les corresponden.

En otras palabras, según señalaban anoche en medios legislativos del oficialismo y de la oposición, se corre el riesgo de paralización del organismo que entre sus principales funciones tiene a cargo los mecanismos de selección y remoción de jueces. Y más todavía, porque si finalmente los días se consumen sin solución en Diputados, el conflicto podría crecer con demandas que trasciendan el Congreso y terminen otra vez en la Justicia.

Lo dicho: es otro síntoma del estado de la política. El Congreso pasó meses sin sesionar, quedó en la nada la convocatoria presidencial a sesiones extraordinarias y se reactivó para tratar el acuerdo con el FMI luego del quiebre en el FdT. Ahora, vuelve a mostrar escasas chances de entendimientos, a esta altura casi ineludibles en Diputados para coronar una ley.

No sólo se trata del Congreso. Resulta alarmante el desgaste de la batalla interna. Tiñe todo, incluso o en particular los temas y áreas más sensibles. La inflación ocupa el primer lugar de la lista. Es sabido desde principios de esta semana que el dato extraoficial sobre el IPC de marzo oscila en los 6 puntos. Cerraría un trimestre con números de alto impacto en la perspectiva de la inflación anual y, desde ya, en materia de ingresos.

Olivos convive también en este punto con el propio efecto desgastante de su pelea doméstica de fondo. No genera expectativas por la propia naturaleza de algunas medidas y por el daño al ejercicio del poder. El presidente sostiene a Martín Guzmán frente a la descarga persistente del kirchnerismo. Pero desde las cercanías de CFK combinan esa demanda de cambio con el intento de despegar a Roberto Feletti -a pesar del lugar que ocupa- de la falta de resultados frente a la escalada de precios.

Es llamativo: el círculo presidencial -o alguna voz cercana- no responde de ningún modo al despegue que ensaya el secretario de Comercio. En rigor, descalificarlo por la falta de resultados, sin tomar medida alguna, equivaldría a exponerse sobre la permanencia del funcionario. El kirchnerismo, en cambio, expone una defensa: dice que no se trata de acciones sobre los precios sino de política económica. Y sugiere, por ejemplo, modificar el sistema de retenciones.

No es el único punto. En algún momento se pondrá en marcha el proceso de audiencias públicas para aumentar las tarifas referidas. Allí se verá efectivamente con qué margen se mueve el Gobierno, que pone el acento en un tema real -la alteración del contexto internacional por la guerra que desató la invasión de Rusia a Ucrania- y agrega costo autoinfligido en uno de los frentes más duros de la disputa interior.

También, aunque por ahora debajo del radar público -pero no para experimentados políticos-, el Presidente y su equipo económico deben darle forma a un presupuesto “reconducido”, es decir, por decreto a falta de ley. Reflejará entre otros aspectos los compromisos asumidos con el FMI, asunto colocado en el centro del discurso que viste la ofensiva doméstica del kirchnerismo.

La política económica aparece así cruzada por las tensiones de la interna. Es parte de un fenómeno más amplio: el Gobierno en general sufre ese desgaste, que a su vez genera o profundiza problemas de gestión. Un círculo corrosivo.

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