Jaru Alexander Rodríguez Carrero tiene 29 años. Nació en Venezuela el 15 de junio de 1992. No tiene antecedentes penales. Ingresó por primera vez al país el 12 de octubre de 2015. Cruzó desde la ciudad uruguaya de Colonia vía marítima. Lo hizo por la empresa Buquebus. Estuvo unas catorce horas y volvió a embarcar. Milita en una de las cinco facciones en la que está dividida el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Alexander responde de manera orgánica al MTR Histórico.
Un año después, el detenido por tirar piedras contra el despacho del senado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, volvió al país. Fue el 30 de julio; llegó a bordo de la aerolínea LAN Chile y se fue el 13 de agosto a través de la misma compañía.
Aquella fue la primera vez que se contactó con militantes del MTR a través de conocidos que la organización tenía con pares en Venezuela y Bolivia, lugar donde también paso un largo período de tiempo.
La última vez que ingreso a la Argentina, o al menos que su paso quedó registrado fue el 21 de febrero de 2018. En esa oportunidad, ingresó desde el paso fronterizo de Villazón, en la Quiaca, provenía de Bolivia. Desde esa fecha hasta la actualidad, milita en el MTR.
Según su página de Facebook, mantiene reuniones y marcha también junto a otro de los espacio escindidos del MTR Histórico: el Cuba MTR de Zona Norte, que tiene una de sus principales bases de operaciones en San Isidro. Justamente lo detuvieron en una propiedad ubicada en Acasusso.
Si bien por estas horas integrantes del MTR intentan “despegar” del detenido y alejar lo más posible al Movimiento Teresa Rodríguez de las agresiones al Congreso de la Nación y en concreto al despacho de la ex mandataria, militantes de ese mismos espacio que se manifestaron contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el 10 de marzo pasado, le aseguraron a Infobae que “la cosa empezó por razones organizativa”. Al parecer, varias organizaciones de izquierda, además de algunas de las vertientes del MTR como Votamos Luchar, Cuba MRT y MTR Histórico, “aprovechando el humo de la quema de gomas, que sí estaba acordado hacer, comenzaron a tirar piedrazos y objetos contra el edificio”, según ese relato, “ahí se activó el quilombo”.
En las propias páginas de Facebook del MTR se publicaron fotos arrojando objetos contundentes sobre el parlamento.
Según los registros de la AFIP, Rodríguez Carrero no registra ningún tipo de actividad.
El ciudadano venezolano fue detenido anoche, después de tres allanamientos que realizaron en manera conjunta la Policía de la Ciudad y la DDI de San Isidro. El militante del MTR es uno de los ocho sospechosos de haber atentado contra el despacho de la Vicepresidenta en medio de las protestas realizadas la semana pasada frente al Congreso de la Nación cuando se debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Rodríguez se suma a otro sospechoso que había sido detenido en primera instancia el jueves por enfrentarse a la Policía y luego fue identificado a través de cámaras de seguridad como uno de los agresores de la ex Jefa de Estado.
Hay dos causas abiertas por el ataque. Una es instruida por el Juzgado Penal, contravencional y faltas 23 y la Unidad Fiscal Este de la Ciudad de Buenos Aires, que ordenaron una serie de allanamientos. Fueron los que se realizaron anoche. El primero fue en la localidad bonaerense de Florencio Varela, en la sede central del Movimiento Teresa Rodríguez, donde no hubo detenidos pero sí se incautaron banderas y otros elementos que se habrían utilizado durante la marcha del jueves pasado. En un segundo procedimiento, realizado en un domicilio de Acasusso ubicado sobre la calle Güemes, detuvieron a Rodríguez.
El fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, actuó de oficio luego de que ocurrieran los hechos de violencia y no espero que hubiera una denuncia formal para pedir medidas de prueba e iniciar la investigación.
En las próximas horas la justicia ordenará nuevas requisas, entre ellas, al domicilio de uno de los históricos dirigentes del Movimiento Teresa Rodríguez. Las medidas serían dictadas en el marco de la segunda causa judicial y que es instruida por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien identificó a las ocho personas como autoras materiales de las pedradas contra la oficina de la presidenta del Senado.
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