Alberto Fernández no tocará una sola coma del entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que contrajo la administración de Mauricio Macri en 2018.
El Presidente considera que las metas negociadas entre Martín Guzmán y Kristalina Georgieva no implican un programa de ajuste y rechazará todas las sugerencias de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y sus aliados para reformular la carta de intención que el board del FMI tiene previsto aprobar antes que concluya marzo.
-¿Es posible abrir la negociación con el Fondo y cambiar lo acordado sobre déficit fiscal, emisión monetaria y crecimiento del volumen de reservas en el Banco Central?- preguntó Infobae a un miembro del Gabinete que conoce todos los secretos del acuerdo.
-No lo creo. Cero posibilidad-, contestó por chat.
La estrategia parlamentaria para ratificar sin enmiendas la carta de intención fue analizada durante un largo cónclave que protagonizaron Alberto Fernández y Sergio Massa en la quinta de Olivos. El jefe de Estado asume que el kirchnerismo duro no hará nada para facilitar el tratamiento legislativo del acuerdo con el FMI, y apuesta a Massa para lograr un pacto con la oposición que despeje el camino a la refinanciación de la deuda.
Si el titular de la Cámara baja cumple con su faena, la carta de intención aprobada por el board llegará al recinto antes que empiece abril. Y con la suma de los legisladores de Juntos por el Cambio, los propios que no responden a Máximo y los independientes, Alberto Fernández lograría la ratificación del acuerdo en Diputados.
Una vez resuelta la discusión en Diputados, el Presidente dependerá de la voluntad política de Cristina. Ella maneja los hilos en el Senado, y la carta de intención del FMI será tratada en el recinto acorde a los tiempos que fije la vicepresidente. Si CFK no desea un trámite express, el jefe de Estado deberá abrir una negociación con Juntos por el Cambio para lograr quórum y debatir el acuerdo con el Fondo a la mayor velocidad posible.
Será una compleja partida de ajedrez. La ausencia de ratificación parlamentaria traba los desembolsos del FMI. Y el 22 de marzo vencen casi 3.000 millones de dólares que el Banco Central no puede afrontar con sus propias reservas.
Es decir: si el kirchnerismo dilata la aprobación legislativa del acuerdo con el FMI, y no están los Derechos Especiales de Giro (DEG´s) que Kristalina Georgieva debería enviar desde Washington, Argentina puede caer en un soft default cuando empiece el otoño.
Y es soft default porque la Casa Blanca y el board del FMI saben que Alberto Fernández pretende honrar la deuda que contrajo la administración Macri en épocas de Donald Trump. El Presidente apuesta a lograr que ambas cámaras del Congreso ratifiquen -cuanto antes- una negociación que necesitó de la voluntad política de Joseph Biden.
Desde esta perspectiva, el concepto soft default se puede transformar en default si el Congreso posterga la ratificación del acuerdo más allá de abril. En este caso, no sólo estaría impaga la cuota de capital de casi 3.000 millones de dólares, sino que además el Club de París también exigiría su deuda de 2.400 millones de dólares.
El gobierno diseña una respuesta institucional a un eventual futuro distópico creado por la resistencia política de Cristina y Máximo Kirchner.
La Casa Rosada evalúa dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ratificar el acuerdo con el FMI, o reglamentar el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que permitiría al Poder Ejecutivo recuperar facultades sobre la negociación de la deuda externa que ahora pertenecen al Congreso.
Son salidas posibles a una crisis política que recién inicia. Cristina continúa en silencio. Y eso para la Casa Blanca y el FMI no es buena señal.
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