Juan Grabois y otros dirigentes sociales marchan al Congreso para exigir que se traten seis proyectos de ley

“Seis Leyes por Tierra, Techo y Trabajo. Volvemos a las calles porque sin poder popular, no hay justicia social”. Con esa consigna, Juan Grabois, y otros dirigentes que suelen estar alineados al Frente de Todos, pero con agenda propia, marchan hoy al Congreso para exigirle a los legisladores oficialistas y opositores que “habiliten sesión” para tratar una serie de proyectos que promueven los movimientos sociales, pero que hasta ahora no recibieron tratamiento parlamentario. Entre ellos se destaca la Ley de Envase impulsada en el Cámara de Diputados por Máximo Kirchner y redactada por Juan Cabandié, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La Ley de Envase, que fija una nueva tasa, es resistida por la oposición y la industria. El proyecto trata de introducir un procedimiento basado en el principio de responsabilidad extendida del productor e integrando prioritariamente en la cadena de gestión a los trabajadores recicladores.

Según explicó Grabois, que agrupa a través del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) a los recicladores, la norma establece una tasa por un valor que no supere el 3% por envase que va a ser recaudada por la AFIP. La recaudación se destinará a un fidecomiso, manejado por el Ministerio de Ambiente, y se transferirá a los municipios, en la medida que cuenten con un plan de abordaje de reciclado de residuos.

Desde las cámaras empresariales sostienen que el proyecto, de transformarse en ley, podría provocar un “efecto mariposa” negativo en la economía, ya que por la tasa se encarecerá, entre otros, los bienes que integran la canasta básica de alimentos y aumentará la inflación producida por la suba generalizada de precio.

Las otra leyes

La movilización iniciará a las 11 de la mañana en el Obelisco y desde allí avanzarán las columnas hasta el parlamento para reclamar por “las leyes que están trabadas en distintas instancias legislativas”. Así lo explicó ante Infobae Dina Sánchez, integrante de la mesa directiva de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y coordinadora del Movimiento Darío Santillán.

Si bien la mayoría de las organizaciones que convocaron a la marcha de hoy se referencian con el gobierno de Alberto Fernández, no siempre coinciden con las políticas delineadas desde la Casa Rosada.

De hecho, Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande, se manifestó reticente a que los diputados de ese espacio político aprueben un acuerdo con el FMI. “Frente a un plan plurianual de garantías para el Fondo Monetario Internacional, tiene que haber un plan plurianual para el pueblo que incluya el salario básico universal para nueve millones que no tienen un ingreso formal que no superan la línea de indigencia”, expresó. En caso de que el Poder Ejecutivo no avance en ese sentido, “no cumpliremos con la disciplina de bloque”, amenazó.

Por su parte, Máximo Kirchner hizo pública su intención de sumar el tratamiento de la “La Ley de Envases con Inclusión Social” en el paquete de proyectos a tratar antes de fin de año.

El martes, Fernández y Sergio Massa, titular de la Cámara baja, compartieron un almuerzo de trabajo para definir la batería de proyectos de ley que aspiran a que sean aprobados y reciban el consenso de la bancada opositora.

La lista es encabezada por el Presupuesto 2022, la ley Automotriz, la de Electromovilidad, la de Agroindustria, la prórroga de la Ley de Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina, la derogación de la Ley de Alquileres, además del Plan Plurianual y de la Ley de Envases, este último criticado por los legisladores de Juntos.

El objetivo de la Casa Rosada es debatir las propuestas antes del 10 de diciembre, fecha en la que se renovará la composición de la Cámara de Diputados y Senadores.

Las otras cinco leyes que impulsan los movimientos sociales son la Ley de Acceso a la Tierra, “indispensable para facilitar el acceso a la tierra a través del otorgamiento de créditos para agricultores familiares, promover el reordenamiento del uso de tierras fiscales rurales y proteger los cinturones verdes periurbanos, valles y oasis productivos del avance indiscriminado de actividades que los dañan”.

La Ley para Personas en Situación de Calle y Familias Sin Techo -también motorizada por Grabois- que “permitirá realizar el primer censo nacional de personas en situación de calle y avanzar con la creación de una red de centros de integración para que las personas puedan salir de la calle”.

La Prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160. Según sus argumentos “una nueva prórroga es fundamental para evitar desalojos y violencias mientras se avanza en soluciones definitivas que garanticen la propiedad comunitaria de la tierra.

La Ley de Tierra, Techo y Trabajo que elaboró el diputado maoísta y que integra el bloque oficial, Juan Carlos Alderete. El proyecto propone “la creación de tres millones de puestos de trabajo en la construcción dando respuesta a la emergencia habitacional”. La Corriente Clasista y Combativa, liderada por Alderete, es una de las organizaciones que convocaron a la marcha al Congreso Nacional junto al MTE, Somos Barrios de Pie, Movimiento Popular Nuestra América, Frente Popular Darío Santillán, OLP y Movimiento Popular los Pibes.

Del reclamo no forma parte el Movimiento Evita, una de las organizaciones sociales más numerosas y cuyos principales referentes son Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, ambos funcionarios.

Dina Sánchez le explicó a este medio que la sexta iniciativa que los movimientos sociales impulsan para su tratamiento es la Ley Bety Quispe y que apunta a “crear la figura de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad, como parte de los equipos de los Centros Integrales de la Mujer (CIM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Para la líder del Movimiento Darío Santillán “es responsabilidad de los diputados y senadores legislar en favor del pueblo y estas leyes no son más que garantizar derechos para recicladores, agricultoras familiares, familias sin techo, comunidades originarias y las generaciones que vienen dependen de estas resoluciones”.

Hasta el momento no hubo compromiso del oficialismo de introducir en el debate esos proyectos, salvo el de la Ley de Envases con Inclusión Social.

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