Avanza la investigación por el envío de armas a Bolivia: Bullrich se presentó como imputada y el juez pidió una batería de documentos y filmaciones

El juez ordenó identificar quiénes tuvieron contacto con el material bélico y pidió los registros fílmicos de Aduana y la salida del avión. También reclamó detalles documentales a la Cancillería

El ex presidente Macri es investigado por el supuesto envío de material bélico a Bolivia. (foto Europa Press)
El ex presidente Macri es investigado por el supuesto envío de material bélico a Bolivia. (foto Europa Press)

El juez federal en lo penal económico Javier López Biscayart avanzó hoy en el análisis de denuncia que radicó el Gobierno de Alberto Fernández contra su antecesor Mauricio Macri y varios de sus funcionarios, por el supuesto envío de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019, en medio de la crisis política que terminó con Evo Morales fuera del poder. En primer lugar, habilitó la feria judicial –que comenzó hoy– y reclamó una serie de documentación y diligencias para esclarecer el escenario de la denuncia, luego del dictamen fiscal. El juez quiere saber si desde la embajada argentina en Bolivia se pidió protección.

Mientras tanto, la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO Patricia Bullrich se presentó en la causa y nombró un abogado defensor. Lo mismo hizo el ex jefe de Gendarmería Gerardo Otero. La Unidad de Información Financiera se presentó en la causa para pedir documentación; sin embargo, el juez rechazó el planteo. Por el momento, no hay ninguna hipótesis de lavado de dinero en la investigación para que pueda tomar intervención en el expediente, indicaron fuentes judiciales.

Hace una semana, el Gobierno nacional denunció penalmente al ex presidente Macri, la ex ministra de Seguridad Bullrich, Oscar Aguad (ex ministro de Defensa), Jorge Faurie (ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex embajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (ex director general de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex director ejecutivo de la ANMaC). Todos se encuentran nombrados en las circunstancias del hecho que describió la Fiscalía en su dictamen.

El Gobierno pidió investigar los delitos de “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”.

El juez en lo penal económico Javier López Biscayart
El juez en lo penal económico Javier López Biscayart

Los hechos salieron a la luz gracias al descubrimiento de una misiva enviada el 13 de noviembre de 2019 por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Gral. Jorge Gonzalo Terceros Lara, actualmente detenido por su participación activa en el golpe de Estado, al entonces embajador de la República Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García. En la carta, dijo la denuncia, se evidencia la recepción de 40.000 cartuchos antitumulto calibre 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC provenientes del Gobierno argentino.

Por el momento, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a tres gendarmes: Gerardo José Otero (ex director nacional de la Gendarmería Nacional), Rubén Carlos Yavorski (ex comandante mayor director de Logística de la Gendarmería) y Carlos Miguel Recalde (ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería). Es que Gendarmería fue la fuerza que llevó las armas a Bolivia que, según la denuncia, habrían sido usadas para la represión en ese país.

“La persona que habría autorizado el traslado de un grupo de Gendarmes con quienes, supuestamente, se transportaron los pertrechos en cuestión, fue la entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y la provisión del avión que transportó el equipo humano y material habría sido provisto por el Ministerio de Defensa de la Nación, entonces a cargo de Oscar Aguad. El ex embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, habría recibido una misiva en la que se agradece la dotación del material cuestionado, con lo que cabe esperar la aclaración pertinente sobre el derrotero que pudo haber llevado, con su aparente intervención, a ese corolario. Por último, entiendo que, dentro del esquema esgrimido por los denunciantes, una maniobra hipotética como la que cabe investigar debería haber contado con algún nivel de concierto de quien ejercía entonces el cargo de Presidente de la Nación y, de suyo, el de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri”, dice el dictamen de trece carillas.

Macri y Bullrich en un acto de Gendermaría
Macri y Bullrich en un acto de Gendermaría

Con el impulso fiscal a la investigación -ocurrida el viernes pasado-, el juez habilitó la feria y solicitó una batería de diligencias. Así, requirió a Cancillería, a cargo de Felipe Solá, que remita “de inmediato el original de la carta que figura como recibida en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia” del 15 de noviembre de 2019. Se trata de la carta de agradecimiento al gobierno argentino que remitió el ex comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia Jorge Gonzalo Tercero Lara al entonces embajador argentino de La Paz Normando Álvarez García. Ese documento –negado por los protagonistas– es uno de los anclajes que dieron pie la denuncia.

“Para el caso de que el documento se encuentre en la referida Embajada, deberán adoptarse suficientes recaudos de resguardo del documento y el envío en primer y urgente correo diplomático con destino final a esta sede”, dijo el juez en su oficio.

El juez también pidió que se informe “con el respaldo documental del caso, si en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Dr. Normando Álvarez García, e informe si ello quedó asentado en el sistema interno de archivo de la Embajada”. Y también reclamó documentos sobre “si hubo requerimientos de seguridad o protección por parte de las autoridades de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el año 2019”.

En la causa también se solicitó todo el material documental sobre las agregaduría de Gendarmería en la embajada y el “registro de todas las cartas o comunicaciones recibidas de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los meses de octubre y noviembre de 2019, debiendo consignarse los datos de cada documento, fecha de ingreso, si se consignó el detalle cuál fue, aportar el original de cada uno de ellos o bien informar el destino dado a los documentos. En caso de tratarse de documentos secretos, deberá ser remitido a esta sede en sobre cerrado”.

López Biscayart también reclamó “los datos de las personas que se encontraban destinadas a cumplir funciones en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el mes de noviembre de 2019”. Quiere “nombres, apellidos, números de documento nacional de identidad, domicilios en Argentina, teléfonos y, en caso de encontrarse afectados al servicio en el exterior del país, se informe el lugar actual de residencia y datos de contacto. En todos los casos, se deberán detallar las funciones asignadas”.

También solicitó esclarecer cuál es el procedimiento “de recepción de documentos en la Embajada Argentina” en Bolivia. Por otra parte, pidió “los registros fílmicos de la mesa de recepción de documentos de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el mes de noviembre de 2019 y donde se habría entregado la carta registrada con el nro. 184 AB. En el caso de no poseerlos, se informe el motivo”.

Alberto Fernández y Evo Morales (noviembre 2020 /Reuters)
Alberto Fernández y Evo Morales (noviembre 2020 /Reuters)

Al Ministerio de Defensa de la Nación, a cargo de Agustín Rossi, se le requirió que “acompañe toda la información y documentación relacionada con el vuelo de un avión Hércules C-130 de una fuerza de su dependencia, acaecido supuestamente el 12 de noviembre de 2019 y con destino” a Bolivia. Y al Ministerio de Seguridad, encabezado por Sabina Frederic, y denunciante del caso, se le pidió “informe si con motivo de los hechos denunciados en la presente causa se inició algún sumario administrativo en ámbito de alguna de las fuerzas bajo su dependencia y, en su caso, se lo remita de inmediato a esta sede”.

Para la Aduana, en tanto, se le pidió que en 48 horas aporte toda la información y la personas que intervinieron sobre la “tramitación de la destinación de exportación temporaria nro. 19073PET1000103G sucedida ante la Aduana de Ezeiza, aeropuerto de El Palomar, y la tramitación del despacho de importación nro. 20-034-PRI1-000001-R correspondiente a la Aduana de La Quiaca”. También los “registros fílmicos que hayan registrado los procedimientos de control aduanero concretados en el Aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida (12/11/2019) y regreso del armamento (26/06/2020)”.

El pedido de informes se completa con el reclamo al responsable de la Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacional de El Palomar) para que, en 48 horas, aporte también las constancias y las filmaciones del procedimiento en el que el armamento se cargó en el avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019. Se “informe los datos del personal encargado de la carga y descarga del avión (nombres, apellidos, números de documento nacional de identidad, teléfonos, cargos, funciones, etc.)”, se añadió.

El juez también pidió al responsable de la ANMAC que “remita la totalidad de las actuaciones que dieran por resultado la autorización de salida temporal mediante resoluciones ANMAC 974/19 y 982/19, e informe las personas intervinientes”.

En otro orden, el juez le pidió al fiscal Claudio Navas Rial que precise el estado de la otra causa en la que tramita, con él como impulsor del Ministerio Público, en otro juzgado. Se trata de la causa que radicó, como ciudadano, el ex juez Eduardo Freiler y que se radicó el mismo día, pero un rato antes que la denuncia del Gobierno. De ese análisis, las dos causas –que versan sobre lo mismo– podría unificarse, pero habrá que ver en qué despacho judicial.

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