Sin consenso a la vista para implementar un ingreso “universal”, el Gobierno nacional tiene decidido avanzar con dos medidas que impactarán en los ingresos y el empleo de millones de beneficiarios de la política social, y que dotará de más recursos a las cooperativas a cargo de las organizaciones políticas y territoriales.
El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, convocó para mediados de julio a sus pares de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas para rediseñar de manera integral la política destinada a la economía popular. Como primer paso, se buscará “masificar el crédito no bancario” y los microcréditos no reembolsables que pueden solicitar las cooperativas para adquirir maquinaria, insumos u otros bienes de capital.
Arroyo tiene un cálculo estimado para lo que se necesita para atender esa problemática. El promedio de los créditos no reembolsables que actualmente fueron entregados a cerca de 300.000 mil cooperativistas de programas como el “Potenciar Trabajo” es de 50 mil pesos. “Queremos subirlo a $120.000 en promedio”, precisó a Infobae el ministro de Desarrollo Social. Una meta de montos que está en un alza del orden del 140 por ciento. Además, hay consenso en el Gobierno y entre los movimientos sociales para extender el “financiamiento no bancario para impulsar la producción” a una escala mayor.
Otra decisión madurada en la Casa Rosada reforzará el bolsillo de este sector de trabajadores. El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni confirmó que aumentará el salario mínimo vital y móvil (SMVM) y se formalizará la convocatoria al Consejo del Salario, tras la reunión semanal del gabinete económico de este viernes. Lo discutido en ese ámbito impactará en quienes forman parte del Potenciar Trabajo, ya que por pertenecer a ese programa perciben el pago de la mitad del SMVM.
“Seguramente va a haber un nuevo Consejo del Salario para acomodar el incremento, la cantidad de las cuotas y los porcentajes. Esto es una referencia para 6 millones de personas, para los que cobran el ingreso mínimo en el sector formal e informal, y para el Potenciar Trabajo”, sostuvo Daniel Arroyo a este medio.
El problema productivo de la economía popular
En el Ministerio de Desarrollo Social la palabra clave es “escalar”. La intención es que los emprendimientos de los barrios populares puedan hacerse un lugar en el mercado, mejorando sus capacidades técnicas y productivas, entre ellas, a través de la compra de maquinaria e insumos. El financiamiento de los micrócréditos vigente no alcanza para el actual esquema. Para superarlo, se necesita una mirada de integración y un refuerzo económico que supere los marcos de Desarrollo Social y que implica una coordinación “a todo nivel” en el Poder Ejecutivo.
La discusión empezó a darse de manera frontal el 15 de mayo pasado en el “Foro de la economía popular”, con el auspicio del Ministerio de Desarrollo Social. En aquella oportunidad participaron organizaciones sociales, sindicatos, cámaras empresarias, representantes de iglesias y de cooperativas. A ese espacio participarán los ministros Guzmán y Kulfas.
“El objetivo es transformar los planes en trabajo y capitalizar a la gente que está en la economía popular, para generar un salto de produccion y de escala para generar mejores políticas públicas en el acceso a los créditos”, apuntó Arroyo.
Uno de los centros de la discusión está en cómo profundizar el alcance del “Potenciar Trabajo”, una suerte de reemplazante del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En julio, el monto del beneficio representa $12.636 pesos junto a un bono de 6000 pesos, que se liquidará en los primeros días del mes. En agosto, la suma escala a 12.960 pesos por el aumento del 3% del SMVM.
Los beneficiarios son solo un millón de personas. Según los cálculos del Poder Ejecutivo, la población que realiza trabajos de la economía popular son el 25% de la población económicamente activa, es decir, cerca de 6 millones de personas. De ese conjunto, unas 2 millones y media están inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP).
“El Potenciar Trabajo es un instrumento transitorio, pero para potenciarlo no hay que incorporar más gente que lo cobre, se convertiría en un nuevo plan. Hay que garantizar que tengan insumos, herramientas y recursos productivos”, sostuvo el secretario gremial de la UTEP, Gildo Onorato.
El debate de fondo entre el Gobierno y los movimientos sociales es la eficacia de los mecanismos de transferencia directa, como la Tarjeta Alimentaria o el Potenciar Trabajo, y el destino de la inversión social. El comentario machista y desatinado del principal referente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, puso de manifiesto el grado de malestar y el nerviosismo sobre la orientación de la política social. Pero es un caso más de una seguidilla de reproches sobre el reparto del gasto hacia la población más vulnerable.
El reclamo de las organizaciones territoriales del Frente de Todos es que haya una mayor integración de la producción de la economía popular junto el sector privado formal y el Estado. Se busca que haya una nueva “alianza sustentable” que permita no solo que los proyectos puedan convertirse en proveedores para las empresas o participen en obras públicas, sino que adquieran autonomía y cree sus propios circuitos de comercialización.
“A través del boom de consumo no ha sido efectiva la resolución de pobreza, el derrame nunca llega a los sectores populares. Tenemos que buscar una alianza sólida entre la economia popular, el sector tradicional entre las cooperativas y mutuales (10%) y el sector PYME para construir un proceso económico de abajo hacia arriba”, sostuvo el secretario general de la UTEP, Gildo Onorato.
Un esquema posible es el acuerdo firmado con el titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, y la Confederación General Económica (CGE), a cargo de Roberto Marquínez, para que los beneficiarios del Potenciar Trabajo se capaciten durante 25 horas en las plantas de empresas. Como contraprestación, se les abonará el sueldo restante para alcanzar el mínimo vital y móvil.
Entre los empresarios no hay tanto optimismo con estas posibilidades. Un representante del sector privado consultado por Infobae, según su criterio, planteó que hay “mucho voluntarismo” y desconfía que los emprendimientos de la economía popular puedan ser generadoras de empleo y de riqueza. “En mi experiencia con cooperativas, las leyes laborales no se cumplen y los salarios son más bajos que en el sector privado. Salvo alguna que otra excepción, no funcionan. Es una condena a una miseria constante. No debería ser algo que se fomente”, puntualizó.
Una agenda abierta
Entre los participantes del “Foro de la Economía Popular” hay consenso sobre la idea de inyectar créditos productivos. Faltan especificar los montos finales y mecanismos para llevarlo a cabo. Para un tercer encuentro, la agenda involucrará aspectos tributarios y de certificación de calidad de los procesos y productos, algo que hasta el momento impidió la inserción de las cooperativas en las cadenas de comercialización formales y los circuitos tradicionales de la economía productiva. Las organizaciones sociales plantean, además, una agenda que duplique el monto del monotributo social - hoy lo perciben cerca de 370.000 inscriptos- y un plan de salud para los 6 millones de personas de la economía popular, entre otros puntos.
Mientras se debate el financiamiento, dirigentes como Juan Grabois, del Frente Patria Grande, y otros actores del Frente de Todos desde las usinas del Instituto Patria proponen unificar programas sociales en un “salario universal”. Una de las propuestas es que el ingreso sea equivalente a un tercio del SMVM (sería de $8540 según los niveles actuales). El ambicioso borrador permitiría, junto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones, una “cobertura universal” de todos los ciclos de vida, ya que apunta a la población de entre 18 y 65 años que estén en condiciones de trabajo informales, quienes se dediquen a tareas de cuidado, agricultores y aquellos inscriptos en programas de capacitación laboral. Por el momento no hay acuerdo al interior del oficialismo, pero hay reuniones bilaterales para que se discuta un proyecto en el Congreso.
“Creo que la Argentina tiene que ir a ingreso universal de base, pero hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo. Es muy importante promover el debate legislativo”, apuntó Arroyo.
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