Lousteau y Crexell retiraron sus proyectos de reforma de la Procuración: “El kirchnerismo busca pervertir el espíritu de nuestras iniciativas”

Los senadores nacionales Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) retiraron hoy sus proyectos de modificación de la Ley de la Procuración General con el argumento de que ya existe una comisión creada por el Poder Ejecutivo. Además creen que el oficialismo intentará colar en la discusión un cambio al número requerido para la elección del jefe del Ministerio Público Fiscal. “El kichnerismo busca pervertir el espíritu de las iniciativas bajando los requisitos para la designación del procurador general de la Nación”, consideraron los legisladores.

Los senadores indicaron además que no es un tema prioritario en este momento de crisis sanitaria, social y económica y resaltaron que los proyectos fueron presentados antes del inicio de la pandemia y del aislamiento social obligatorio. Este año el presidente Alberto Fernández presentó el pliego del juez Daniel Rafecas para la Procuración, cargo que está vacante desde que renunció Alejandra Gils Carbó. Pero el Frente de Todos, que tiene quórum y mayoría propia, no tiene los dos tercios del cuerpo, mayoría especial requerida para la designación. Tampoco tuvo ese número el macrismo, que no pudo votar el pliego de Inés Weinberg de Roca, por lo que sigue ejerciendo el cargo el procurador interino, Eduardo Casal.

Lousteau y Crexell detallaron que sus iniciativas consistían en mantener la mayoría agravada de dos tercios para la designación del procurador y terminar con el mandato vitalicio acotando su tiempo de gestión, pero sorpresivamente este jueves el kirchnerista Oscar Parrilli convocó a reunión de la comisión de Justicia y Legislación General y llamativamente puso en el orden del día los proyectos opositores. En Juntos por el Cambio sospechan que la idea es aprovechar sus iniciativas para votar, por mayoría simple, el cambio en la forma de designación del procurador. Incluso en la Bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal también se inició un proceso que podría terminar en un eventual juicio político a Casal, a quien buscan desplazar.

“En el mes de febrero, el proyecto que por la presente se retira era una contribución política de este espacio de oposición para la formación del amplio consenso necesario para la designación del procurador general, que requiere del acompañamiento de dos tercios de los votos en el Senado. Luego de ello, el Poder Ejecutivo Nacional remitió el pliego del Dr. Rafecas el día 10 de marzo de 2020”, explicaron Lousteau y Crexell en una carta dirigida a la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Kirchner.

Y agregaron: “En este sentido, toda vez que la gravedad de la situación económica y social requiere que este cuerpo se ocupe de otras urgencias, consideramos que no es el momento de debatir este tema, razón por la cual venimos a retirar el proyecto S3535-19 oportunamente presentado”.

Los proyectos iban a ser debatidos esta tarde en la Cámara alta. El de Lousteau proponía reducir el mandato del procurador general de la Nación a 6 años. “El procurador general de la Nación dura en sus funciones el término de seis (6) años, pudiendo ser nuevamente designado, por una única vez, habiendo transcurrido un mandato intermedio, y mientras cumpla los requisitos establecidos en el art. 11 bis de la presente ley”, decía la iniciativa.

“Necesitamos una institución con fortaleza republicana, esto es, lo elegimos por un consenso bien amplio, que es lo que marcan los dos tercios y, por otro lado, no le damos un poder vitalicio. Es la combinación de las dos cosas, ese es el punto medular, dos tercios y mandato acotado en el tiempo”, había destacado Lousteau ante una consulta de Infobae.

El proyecto de la senadora Crexell, en tanto, proponía reducir el mandato a 5 años pudiendo ser nuevamente designado por igual plazo por una sola vez por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Casal viene sorteando una embestida política en varias comisiones del Congreso: el oficialismo pretende que se aparte porque no cuenta con los dos tercios para votar su juicio político. Primero se puso en marcha la Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal, donde desfilaron ONG y fiscales descontentos con su gestión, y luego el kirchnerismo intentó avanzar desde la comisión de juicio político. Ninguno de los dos caminos prosperó.

Cuando la avanzada parecía diluirse, el oficialismo duro evaluó la posibilidad de iniciarle un jury como si fuera un fiscal más. “No fue elegido por los dos tercios”, argumentan en las filas del oficialismo. Ese plan implicaría iniciar un sumario dentro de la Procuración, citar al Consejo Evaluador y pasar por todas las instancias. “Es un disparate, Casal está cumpliendo con las funciones de procurador y le corresponden las garantías del cargo”, aseguran en las oficinas de la Procuración.

En ese contexto, el senador del Frente de Todos Martín Doñate, a cargo de la comisión bicameral del Ministerio Público, propuso impulsar una denuncia penal contra Casal por una supuesta demora para tomarles juramento a los nuevos integrantes del jury de Enjuiciamiento de la Defensa. Finalmente, se produjo el recambio y se diluyó la amenaza.

El procurador interino ya dijo varias veces que no piensa renunciar y que todos los avances en su contra forman parte de una “operación desgaste” para forzar su jubilación.

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