El Gobierno destinará 75 mil millones de pesos para urbanizar 300 villas en todo el país

El ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de María Eugenia Bielsa, lanzará esta semana el programa “Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares”, a través del cual este año se urbanizarán 300, de las 4.416 villas y barrios más humildes relevadas por las organizaciones sociales. Está prevista una inversión de 77 mil millones de pesos, que serán financiados a través del Impuesto PAÍS, de préstamos internacionales y Aportes del Tesoro Nacional. Las autoridades estiman que entre los trabajos de pavimentación, tendidos de agua corriente, gas natural, desagües pluviales, arbolado, tendido eléctrico, y otras tareas la creación de espacios de primera infancia, se generen 37.900 puestos de trabajo directo.

Según el programa, el 25% de las obras serán ejecutadas por cooperativas de trabajo, que por lo general funcionan en los mismos lugares, motivo por el cual se impulsará el empleo de los vecinos, lo que debería dinamizar la reactivación económica de los barrios.

En sus fundamentos, el proyecto, que está a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana, destaca que la selección de los puestos de trabajo que se generarán serán seleccionados teniendo en cuenta “la igualdad de género como valor, fomentando la participación de las mujeres con una fuerte participación de las organizaciones sociales”, situación que “garantiza el protagonismo de los sectores populares en la política pública, junto al Estado Nacional, los municipios y las provincias”.

La ministra Bielsa ubicó al frente de la flamante secretaría a Fernanda Miño, la referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares.

Miño pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois. La dirigente social es quien que impulsó, por ejemplo, la ley 27.453 para que la urbanización de las 4.416 villas, asentamientos y barrios populares sea una política de Estado sin importar el partido político que llegue al poder.

La ley fue elaborada en conjunto con las organizaciones sociales, que a su vez ayudaron a realizar el relevamiento de los barrios más carenciados de la Argentina a cargo del Registro Nacional de Barrios Populares de Integración Urbana (Renabap).

La tarea comenzó en agosto de 2016 y terminó en 2019. Se realizó en todas las ciudades del país de más de 10 mil habitantes en tierras ocupadas fiscales (nacionales y municipales) y privadas.

Ahora Miño será una de las responsables para llevar adelante el proyecto que ella misma impulso.

Madre de cuatro hijos, fue la primer concejala de San Isidro -Unidad Ciudadana- que salió de la Villa La Cava. Sigue viviendo allí, un hecho que le reconocen los vecinos del lugar.

Fiel a su compromiso militante, el patio de su casa fue convertido en un centro de apoyo barrial donde tres veces por semana se brinda apoyo escolar a los chicos de la escuela primaria, y viernes y sábados a los de secundario.

A ese gran espacio que se llama “Embarriarte”, y pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos, concurren unos 70 estudiantes a los que también se los ayuda con una merienda ya que en la villa La Cava, la más grande de San Isidro, el hambre hace tiempo ingresó para quedarse.

Los barrios más vulnerables

La decisión sobre por qué barrios comenzar con las “intervenciones” y “obras de integración”, del programa “Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares”, fue tomada en base al Índice de Vulnerabilidad, que maneja el ministerio de Desarrollo Social, que comanda Daniel Arroyo a través del cual se realiza un ranking que identifica las villas, asentamientos y barrios más vulnerables.

La ecuación determinó que el plan comenzará por los municipios de Esteban Echeverría, La Matanza, Escobar, Merlo, Moreno, Almirante Brown y Lomas de Zamora en la Provincia de Buenos Aires; en la capital de Córdoba; en Cipolletti, Río Negro; en Rosario, Santa Fe y en la ciudad de La Paz, Entre Ríos.

Tal como informó este medio, la firma del convenio entre el gobierno nacional y los municipios beneficiados con el auspicioso proyecto se iba a realizar el jueves pasado en la localidad bonaerense de Moreno, pero la convocatoria -se había anunciado la presencia del propio presidente Alberto Fernández, aunque este nunca confirmo la asistencia- se canceló por la epidemia del coronavirus.

“Suspendimos un acto pero no la gestión. Para estar a tono con el protocolo sanitario del gobierno nacional, definimos que las autoridades del Ministerio vamos a viajar a cada una de las intendencias a partir de la semana que viene para avanzar con la firma de convenios y comenzar con las primeras obras de integración social y urbana”, explicaron a Infobae desde la cartera a cargo del programa.

El acto, al que asistirían tanto la ministra Bielsa como la secretaria Miño, iba a ser abierto con el discurso de bienvenida de Mariel Fernández, la intendenta de Moreno.

La alcaldesa es la esposa de Esteban “Gringo” Castro, uno de los destacados dirigentes del Movimiento Evita y secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Ambos son muy cercanos a Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, una dependencia del ministerio de Desarrollo Social que es clave para aplicar el Plan Argentina contra el Hambre.

Como se puede observar, la injerencia de los dirigentes sociales en el gobierno de Fernández es clave, y fueron designados en cargos que están en sintonía con los reclamos de cambios en las políticas de gobierno que realizaban desde la calle a través de manifestaciones, piquetes y acampes, sobre todo durante la administración de Mauricio Macri.

Las 4.416 villas, asentamientos y barrios populares relevadas tienen una superficie de unos 500 kilómetros cuadrados; más del doble de la ciudad de Buenos Aires, y viven unas 4.200.000 personas, casi el 10% de la población del país.

¿Qué es la integración urbana?

Uno de los ejes del programa es la “integración urbana”, esto es “construir, mejorar y expandir las redes de infraestructura de servicios” para que los habitantes de estos centros urbanos, muchas veces olvidados, tengan acceso a cloacas, agua potable, electricidad, comunicaciones, internet, pavimento, garitas de colectivos, desagües pluviales, arbolado, plazas, espacios públicos, alumbrado público.

Uno de los objetivos de la “intervención” de los 300 barrios más carenciados es la creación de “20.000 lotes con servicios y 10.000 viviendas ‘Semilla’”.

Las viviendas semilla son módulos habitacionales de 60 metros cuadrados que cumplen con los requisitos básicos. Su diseño, permite sucesivas ampliaciones sin tener que modificar su estructura original.

Según explicaron a Infobae desde la secretaría de Miño, la “integración social” de estos barrios es fundamental la participación de todos los ministerios involucrados, como el de Bielsa, de Arroyo y de Economía para, por ejemplo, la creación de espacios de primera infancia, culturales, deportivos y formativos. Centros comunitarios, de atención primaria de la salud, casas de acompañamiento y atención comunitaria para darle contención y ayudar a personas con problemas de adicciones. También la construcción de casas de prevención de violencia de género.

Otro punto clave en el programa es que la ley aprobada de forma unánime en las cámaras de Diputados y Senadores dispone “suspender los desalojos por cuatro años, garantizando así a las familias la permanencia en los asentamientos”.

El trabajo de las organizaciones sociales sobre las barriadas más humildes en todo el país, y sobre las que se promete intervenir, son alarmantes: el 94% de los habitantes de los más de 4.000 barrios no tienen acceso de agua corriente; el 99% carecen de cloacas y 98,5% no cuenta con acceso a la red de gas natural.

Resolver los problemas estructurales será el corazón del programa.

Otro de los motores del programa de la Secretaría de Integración Socio Urbana es “la adquisición de las tierras de los barrios populares según lo establecido por la Ley 27.453 que autoriza a avanzar en la regularización dominial; mejorar la cartografía y otorgar el Certificado de vivienda familiar”.

“Dar solución al problema habitacional constituye uno de los pilares fundamentales para erradicar definitivamente la pobreza de nuestro país, lo que necesariamente requiere de la intervención estatal de forma inmediata”, sostuvo Fernanda Miño.

La ministra Bielsa, durante una de sus exposiciones, explicó que “a través de la implementación de procesos de integración urbana se aspira a la transformación del espacio urbano, de manera tal que sea propicio para que sus habitantes ejerzan plenamente sus derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, consagrados por la Constitución Nacional”.

Según el texto del proyecto que ya está en marcha y al que Infobae accedió de manera exclusiva, “el proceso de integración urbana comprende la planificación integral, la implementación de políticas participativas, estrategias para la gestión del suelo, la provisión de infraestructura básica, de servicios, de espacios públicos y de equipamiento comunitario, propendiendo a un mejoramiento integral de los barrios populares”.

Los convenios

El proceso, según explicaron a este medio funcionarios del área, “debe llevarse a cabo en un marco de coordinación y articulación entre los distintos niveles de gobierno, nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el de las organizaciones sociales, el de los organismos internacionales de cooperación, el de las universidades, el de las asociaciones profesionales y el de las entidades públicas o privadas afines”.

En los “convenios” que comenzarán a firmarse en los distritos seleccionados en los próximos días, las partes se “comprometen a trabajar mancomunadamente en el desarrollo de planes de urbanización, de regularización dominial, de rehabilitación de los barrios informales y de su integración social y urbana”.

En una primera etapa, las obras se implementarán a través de las cooperativas de trabajo, preferentemente conformados por trabajadores de los barrios populares.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se hace foco en que este tipo de emprendimientos son los que dinamizaran la economía de los municipios, de las ciudades, de los barrios con mayores urgencia.

El proyecto de “Integración Socio Urbana de los Barrios Populares” involucra a varios ministerios. Por eso, los convenios con municipalidades y provincias estarán refrendados no solo por la ministra Bielsa y Arroyo, sino también por el ministro del Interior, Eduardo Enrique De Pedro, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Sebastián Kulfas y entre otros, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié y la presidenta de AYSA, Malena Galmarini.

También refrendarán el compromiso los responsables de cooperativas como la de Trabajo Enrique Angeleli Ltda., la Cooperativa de Trabajo Construyendo Dignidad Ltda, la Cooperativa de Trabajo Evita Ltda., Un Techo para Argentina A.C., y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a cargo de Esteban “Gringo” Castro.

El plan, como se puede apreciar, es auspicioso y promete llegar a los más necesitados. Ahora todo dependerá de que el presupuesto efectivamente esté y de que los fondos estén garantizados.

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