El proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial motivó renuncias en los tribunales y fiscalías, algo que eleva el número de vacantes vigentes en la Justicia. Este martes, el gobierno aceptó cinco nuevas dimisiones.
Según se publicó en el Boletín Oficial, los magistrados Fernando Adolfo Larraín (juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal); César Osiris Lemos (juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Capital Federal); Rita de la Ascensión Garese (Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias de la Capital Federal N° 3); Ricardo Manuel Rojas (juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal) y la fiscal Irma Adriana García Netto (fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal), presentaron sus renuncias.
Sus salidas se suman a las de otros hombres y mujeres de la Justicia que decidieron dar un paso al costado porque no están de acuerdo con los términos de la ley que discute el Congreso y que podría generarles un perjuicio económico en comparación con el régimen jubilatorio vigente en la actualidad.
Tras la media sanción a la reforma previsional en la Cámara baja, esta semana se trasladará la discusión a un plenario de Comisiones en el Senado. La Asociación de Magistrado y Funcionarios de la Justicia Nacional, que expresó varias objeciones a la iniciativa, espera lograr algunas modificaciones para que la norma regrese a la Cámara baja antes de ser convertida en ley.
El presidente de la organización, Marcelo Gallo Tagle, lamentó la poca participación que tuvieron en la discusión del proyecto y adelantó que “necesariamente” van a judicializar la reforma “porque hay muchos avasallamientos”. “Tuvimos acceso a la discusión del proyecto y fuimos convocados a la reunión de comisión (en Diputados) pero fue un trámite: no nos escucharon”, dijo el ex titular del Juzgado Civil 17.
Los magistrados insisten en que el proyecto de reforma de la ley 24.018 tiene una redacción ambigua en muchos apartados centrales que modifican las condiciones de jubilación en el régimen especial de jueces y fiscales.
Mañana a las 17, un plenario de comisiones debatirá el proyecto de ley. El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, señaló que la normativa “no requiere tratamiento urgente” pero consideró que “los tiempos apremian” y, en ese marco, pidió abrir la discusión esta misma semana apenas ingresó a la Cámara alta la media sanción emitida el jueves pasado por la Cámara de Diputados.
“Creo que tenemos el número necesario para aprobar el dictamen en comisión el próximo miércoles y después se trataría la próxima semana”, dijo Mayans y adelantó: “No creo que nosotros le pongamos cambios porque tendría que volver a Diputados y profundizaríamos el conflicto".
El proyecto de ley propone una reforma de las jubilaciones especiales de la justicia y el servicio exterior para disminuir el fuerte déficit que hoy tiene ese régimen especial. La propuesta del Gobierno establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial que hoy es del 82 por ciento del último sueldo y que en el futuro se hará en base al promedio de los últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.
El texto del proyecto con media sanción de Diputados también fija que podrán acceder a esta jubilación especial magistrados y fiscales, prosecretarios administrativos y jefes de despachos, y los miembros del servicio exterior.
Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder en el caso de los hombres al beneficio jubilatorio, pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.
Para acceder a este régimen de privilegio deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.
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