Tras la media sanción a la reforma previsional para jueces y fiscales en la Cámara de Diputados y el anuncio de tratamiento en el Senado para la semana, la Asociación de Magistrado y Funcionarios de la Justicia Nacional confirmó que pedirán la inconstitucionalidad de la norma si se aprueba.
El presidente de la organización que nuclea a jueces y fiscales, Marcelo Gallo Tagle, lamentó la poca participación que tuvieron en la discusión del proyecto y adelantó que “necesariamente” van a judicializar la reforma “porque hay muchos avasallamientos”.
“Tuvimos acceso a la discusión del proyecto y fuimos convocados a la reunión de comisión (en Diputados) pero fue un trámite: no nos escucharon”, dijo el ex titular del Juzgado Civil 17. Y agregó: “Mientras nos escuchaban, circulaba a la firma el dictamen de mayoría, con lo cual escuchar nuestra propuesta fue un trámite meramente formal”.
Los magistrados insisten en que el proyecto de reforma de la ley 24.018 tiene una redacción ambigua en muchos apartados centrales que modifican las condiciones de jubilación en el régimen especial de jueces y fiscales.
Uno de los principales inconvenientes que observan es que se derogaron incisos del artículo 16 de la ley que impedirán cubrir vacancias en juzgados con jueces jubilados, un mecanismo que consideran valioso frente a la ola de renuncias que, aseguran, se producirá en la justicia nacional y federal.
Hasta la media sanción de los diputados, los jueces renunciantes sumaban unos 40, sobre unos 700 en actividad dentro del fuero nacional y federal. “La idea no es salir a litigar sino lograr un proyecto sensato”, señaló Gallo Tagle, pero insistió en la amenaza de una renuncia masiva de jueces y fiscales por un sencillo cálculo de patrimonio económico.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, anticipó que -de sancionarse la reforma- la vacancia podría alcanzar al 50% de los juzgados, lo cual representaría un “problema” para el servicio de justicia.
“Hoy hay 194 jueces que tienen concedida la jubilación, 19 que están a la espera del trámite y suponemos que no renunciarán todos los que están en condiciones de jubilarse (unos 350), pero calculamos que 150 sí lo harán y ahí llegaríamos al 50% de vacancia”, explicó el camarista federal de San Martín.
En cuanto a los motivos por los cuales existe una vacancia del 25% que podría elevarse al doble, Lugones explicó que “el Consejo espera 136 pliegos de candidatos que tiene que mandar el Ejecutivo y tenemos actualmente 112 vacantes concursándose”.
El proceso, desde que se postula el candidato hasta que es designado, demora no menos de seis meses y está sujeto a los acuerdos políticos ya que tanto el Consejo de la Magistratura como el Senado, que otorga el acuerdo a los designados, son órganos colegiados con representación política.
Lugones estimó que, ante este escenario de eventuales renuncias, la imposibilidad de convocar a jueces jubilados para cubrir las vacancias, es un problema que los “ata de manos” y los deja “sin un recurso importante”.
Los jueces aspiran a que se deje el cálculo de la jubilación y el aporte mensual en los valores actuales y que se eleve la edad de retiro puesto que está probado que el promedio de los jueces abandona la actividad mucho después de haber cumplido los 65 años requeridos.
El Senado debatirá la próxima semana, en un plenario de comisiones que tendrá lugar el miércoles o el jueves, el proyecto de ley de reforma de las jubilaciones de la justicia y el servicio exterior. Si se lograran las firmas para un dictamen de mayoría, la norma quedaría en condiciones de llegar al recinto y ser discutida y votada por los representante de las provincias.
Aún cuando falta el tratamiento en las comisiones y en el recinto, el antecedente de la media sanción en Diputados, que promovió y ganó el oficialismo con el apoyo de partidos provinciales y de izquierda, anticipa un escenario de sanción definitiva de la reforma.
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