La Asociación de Magistrados también cuestionó al presidente de la Corte Suprema bonaerense

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional cuestionó al presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo de Lázzari, por sus declaraciones ante un encuentro de jueces en el que habló de "causas armadas artificialmente", "mediáticas", abuso de testigos de identidad reservada y de arrepentidos, influencia de espías y traficantes de escuchas telefónicas.

Sus palabras fueron recogidas y potenciadas rápidamente por Cristina Kirchner, quien en el marco de la campaña, consideró que ratificaban su postura de que viene siendo víctima de persecución político-judicial.

"El accionar de los magistrados debe mantenerse ajeno a posiciones oficialistas u opositoras con reflejo en la escena política nacional y dejar siempre en claro que deben mantener su necesaria independencia como miembros de los Poderes Judiciales independientes, parte indisoluble del diseño republicano y democrático que establece la Constitución Nacional", sostuvo la organización en un comunicado difundido esta tarde, con las firmas de su presidente, Marcelo Gallo Tagle, y su secretario general, Enrique Comellas.

La Asociación también recordó su posición de "la necesaria mesura que debe tener el magistrado a la hora de formular expresiones personales sobre asuntos propios de la vida institucional", de quien "se espera conductas y limitaciones no exigibles a los particulares".

Para la entidad, que reúne a unos 3.000 jueces nacionales de la Capital y federales de todo el país, el accionar de De Lázzari "no resulta propio de un magistrado, cualquiera sea su asiento funcional o nivel de responsabilidad en razón del grado, y que la confianza social que el servicio de justicia debe recuperar sólo podrá generarse a partir de conductas transparentes basadas en los principios antes mencionados".

El cuestionamiento de la AMFJN se suma al expresado por la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Marina Sánchez Herrero, quien pidió que "presente pruebas" de sus afirmaciones y "haga las denuncias correspondientes .

Esta mañana se conocieron también las críticas del propio ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien sostuvo que "fue una afirmación temeraria, sería bueno que explique los alcances, los casos que conoce". Garavano consideró que fue "una declaración política", y que el juez es una persona que proviene de la política".

De Lázzari fue funcionario de gobierno de Eduardo Duhalde en el área de Seguridad, y está al frente este año del Máximo Tribunal de la Provincia – cuya presidencia es rotativa,  así como de la Junta Electoral. "Es una pena porque la Justicia en la Provincia esta haciendo avances significativos para separar a jueces y a fiscales sospechados de corrupción", apuntó el ministro.

La  gobernadora María Eugenia Vidal decidió salir a enfrentar a De Lázaro al considerar que "no fue casualidad" que afirmara que hay operaciones judiciales y que a continuación Cristina ratificara sus opiniones a través de su cuenta en Twitter. "Si hay un delito de corrupción en mi gobierno, tengo que denunciar a quien sea si no yo soy cómplice. Si el presidente de la Corte sabe que hay persecución y causas armadas, lo tiene que denunciar. Cuando uno tiene estos niveles de responsabilidad tiene que ser consecuente con lo que dice en la acción judicial", dijo Vidal en América TV.

Al conocer las declaraciones de De Lázzari, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, solicitó a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento -bajo su dependencia- que abriera un sumario, y en paralelo, le pidió a la Fiscalía General de La Plata, que designe a un fiscal para que abrir un  expediente penal.

Si De Lázaro ratifica sus dicho, podría caberle la figura de incumplimiento de los deberes del funcionario público por no haber denunciado las irregulares que mencionó. Si no lo hace, le dará la razón a quienes lo cuestionaron por haberse inmiscuido en la pelea electoral y haber opinado de cuestiones políticas, algo que los magistrados tienen vedado en pos de la necesaria independencia que debe mantener el Poder Judicial.