
Causas armadas, abusos de testigos de identidad reservada y de arrepentidos, influencia de espías y traficantes de escuchas telefónicas. Intromisión del poder político en el judicial. Todo eso acusó Eduardo de Lázzari, presidente de Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, sobre lo que asume que sucede en la justicia federal y teme que se replique en el sistema judicial bonaerense. Desde el Consejo de la Magistratura de la Nación le exigieron que aporte las pruebas necesarias y haga las denuncias correspondientes: "No es un ciudadano cualquiera, no se puede seguir sembrando la desconfianza y el descreimiento en la Justicia".
"No nos consta hasta ahora las denuncias que hizo", declaró en diálogo con Infobae Marina Sánchez Herrero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, quien se mostró preocupada por "la gravedad de las denuncias" que hizo De Lázzari al "no haber aportado elementos" probatorios.
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"Más allá de que al ciudadano medio no le consta la veracidad de lo que él acusa, si lo dice el presidente de la Suprema Corte, genera un profundo descreimiento en la Justicia. Sin los elementos no pudo haberlo afirmado, eso quiere decir que están en jaque los derechos constitucionales y las garantías procesales de un montón de personas que hoy están sometidas a juicio", manifestó Sánchez Herrero.
Y continuó: "Es bastante grave porque afirma que esa vulneración de derechos, expedientes armados, abuso del uso de testigos protegidos y arrepentidos, sucede en el fuero federal y le preocupa que se traslade a la provincia. Él tiene que actuar en consecuencia, debe ir a hacer las denuncias con los elementos que acompañen lo que afirmó".
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La semana pasada, ante más de 100 magistrados en la 5° Jornada de la Red de Jueces Federales que se realizó en la ciudad de Campana, De Lázzari detalló: "Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante".
"Habló de la independencia del Poder Judicial, y es el propio Poder Judicial el que tiene que actuar ante el avasallamiento de su independencia", expresó Sánchez Herrero y agregó: "Se tienen que hacer las denuncias que correspondan al Consejo de la Magistratura, aportar los elementos para que se avance en los procedimientos que corresponden. No puede generar un manto de sospecha, afirmándolo en el marco de un discurso de apertura".
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"Como ciudadana y representante de los abogados le pido que de luz a todas las afirmaciones y acusaciones que hizo aportando los elementos y realizando las denuncias. Lo que él afirmo es que el sistema judicial está en jaque, algo que es muy grave. Nosotros como sociedad nos merecemos que la Justicia funcione bien y respetándose las garantías constitucionales, la única forma de lograrlo es despojando cualquier duda", manifestó la abogada marplatense.

Los comentarios de De Lázzari trascendieron luego de ser replicados en sus redes sociales por Cristina Kirchner. "Por favor, escuchalo atentamente. El que habla no es un político. No es oficialista. Tampoco es opositor. Es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Imperdibles 2 minutos 56 segundos para entender lo que pasa en el Poder Judicial de tu país", de esta forma la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos difundió los dichos del magistrado. En reiteradas oportunidades CFK argumentó que desde Comodoro Py conspiran en su contra.
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Consultada al respecto, la gobernadora María Eugenia Vidal salió al cruce de De Lázzari: "Si hay un delito de corrupción en mi gobierno, tengo que denunciar a quien sea si no yo soy cómplice. Si el presidente de la Corte sabe que hay persecución y causas armadas, lo tiene que denunciar".

Por su parte, la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura enfatizó: "Los jueces deben ser independientes, más allá de la convicción interna y personal que tengan". Sobre que los dichos del magistrado tengan una intencionalidad política, aclaró: "No voy a dar una connotación a sus dichos por fuera de lo que él dijo. El análisis es jurídico y desde el concepto de república. Estamos tratando de no convertirnos en lo que criticamos. No vamos a hablar desde la política, vamos a hablar desde el Estado de Derecho". Y agregó: "El concepto de república en si mismo implica que no tiene que tener una visión y análisis de intencionalidad política. No pueden hacer ese tipo de apreciaciones, tienen que ser jurídicas y de derecho".
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El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand inició la investigación para determinar si los dichos de De Lázzari tienen correlato con la realidad. Solicitó a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento -bajo su dependencia- que abriera un sumario remitiendo esa misma información a la Fiscalía General de La Plata, que ya designó a un fiscal para que instruyera el expediente penal.
"No se puede seguir sembrando la desconfianza y el descreimiento en la justicia. Dichos como esto debilitan al sistema de justicia en general y al Poder Judicial", concluyó Marina Sánchez Herrero.
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