Caso Cristóbal López: Mauricio Macri debió jugar contra el fantasma de un pacto

El cóctel estaba listo: el alivio judicial para el empresario kirchnerista más notorio, el cambio en la cúpula de la AFIP, una gestión llamativa de un operador judicial, vías de contacto informales con el círculo macrista y, otra vez, el fuero federal. No faltaba nada para que la liberación de Cristóbal López –la libertad y el cambio de rótulo para la causa- fuera leída como un pacto oscuro en lo más alto del poder.

El Gobierno también lo leyó y el propio Presidente salió a condenar la decisión de la Cámara Federal: una especie de contra-operación frente a las brumas que asomaban en la política, y en la sociedad también.

La inquietud del Gobierno era alimentada además desde el interior del oficialismo. Sin muchas vueltas, como es habitual, Elisa Carrió había sugerido la existencia de un acuerdo apenas disimulado. Y la sospecha hormigueaba en otros ámbitos de Cambiemos. La respuesta, entonces, era necesaria también hacia el interior de la coalición oficialista.

Pero quizá lo más fuerte empezaba a corporizarse en las redes sociales, un sensor por lo general atendido. No se trataba sólo del malestar por la impunidad, sino además de reacciones frente a una especie de "inequidad" de facto, resumida en que los poderosos evaden, trampean sin consecuencias, y el contribuyente común por lo general cumple con su deber o, menos ajustado a las convicciones, no tiene escapatoria.

A su manera, lo resumió el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando salió a rechazar la decisión adoptada por los camaristas federales Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que desempató el caso y dejó en minoría a Leopoldo Bruglia. "Es un mensaje equivocado hacia la gente", dijo el funcionario.

El problema para el Gobierno era que, de algún modo, las posiciones individuales de ministros y otros funcionarios no alcanzaban para saldar el tema, entre otras razones porque las versiones previas a la liberación de López y su socio Fabián de Sousa referían a cortocircuitos o desencuentros en el máximo nivel del Gobierno.

La primera luz amarilla –o roja, al menos para algunos referentes oficialistas como Carrió- se había encendido con la renuncia de Alberto Abad.

El saliente jefe de la AFIP ya había expresado una línea inalterable de rechazo a posiciones "acuerdistas" con el grupo empresario de Cristóbal López y también con OCA, fuente de conflicto con Hugo Moyano.

Abad explicó que se alejaba del cargo por cuestiones personales, pero las hipótesis inmediatas lo vinculaban a un cambio de política que expresaría su reemplazante, Leandro Cuccioli, emigrante del Ministerio de Finanzas.

Visto así, la liberación de López podría ser considerada una secuencia de la misma operación. Y no menos que la libertad del empresario kirchnerista podría impactar el cambio de carátula de la causa, que canjeó la figura de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado por una más liviana infracción tributaria.

Esto abriría la posibilidad de algún tipo de plan especial por los miles de millones de pesos reclamados. Además, según consideran en la AFIP y en el ámbito de la Casa Rosada, quedó abierta la posibilidad de que el caso derive del fuero federal al penal económico, si el criterio de Farah y Ballestero no es frenado en Casación.

A eso se sumó la versión divulgada incluso en ámbitos del oficialismo sobre una gestión reservada ante el camarista Ballestero. Hay diferencias sustanciales sobre el sentido de ese contacto, pero un mal trasfondo por igual. Se habló de un capítulo del supuesto pacto de impunidad. También, al revés, de un intento de frenar la decisión del tribunal favorable a López. En ningún caso, claro, podría hablarse de un sano ejercicio republicano.

Para completar, circularon las hipótesis sobre los contactos más informales de allegados a López con empresarios u operadores todo terreno de buen vínculo con el círculo presidencial. Algunos, se dice, transmitieron además preocupación por la suerte de las empresas y de las fuentes de trabajo, argumento sensible, que incluso circuló entre funcionarios. Como sea, cartón lleno.

Lo dicho: frente a ese panorama parecía insuficiente el pronunciamiento de algún ministro, como Garavano, precisamente porque había indicios de posiciones al menos matizadas entre funcionarios de primera línea sobre la suerte de las empresas del Grupo Indalo. El Gobierno dejó trascender de entrada el malestar por lo decisión de la Cámara Federal, pero el formato del trascendido también resultaba algo débil.

Rápido, entonces, Macri salió a fijar posición. Dijo que lo "indignaba" la resolución de la Cámara Federal y apuntó especialmente al cambio de carátula de la causa. Ayer mismo, voceros del Gobierno se ocuparon de afirmar que el tema también estuvo presente en la reunión de Gabinete. Y además, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, ratificó en público los dichos presidenciales.

Por supuesto, es posible dar una vuelta de tuerca al tema y encuadrarlo en una situación de tensión con el fuero federal y, en otra escala, con la Corte por los cambios que pretende el Gobierno en materia judicial. La Corte Suprema acaba de descalificar en parte el sistema impulsado para agregar tribunales orales federales. Y, dicen, tampoco genera satisfacción en el primer escalón de la Justicia el proyecto de reforma del Código Penal que alienta Macri y, sobre todo, el modo de elaborar la propuesta.

Pero esta vez no se trataba sólo de una cuestión que hace a la relación del poder político con determinados jueces. Eso a veces es difícil de percibir más allá de los ámbitos interesados en la pulseada. El punto era –en rigor, sigue siendo- que el caso de Cristóbal López tiene fuerte impacto en la sociedad o al menos en lo que se ha dado en llamar la opinión pública.

La decisión de los camaristas será apelada en los próximos días. Lo anticipó el abogado a cargo del caso por la AFIP, Ricardo Gil Lavedra, que presentaría su recurso a principios de la semana próxima. Unos días después lo hará el fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes: a su entender, se estaría frente a una especie de "sobreseimiento encubierto". El turno que sigue es Casación. Y el interrogante, por supuesto, son los tiempos.

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