El Gobierno desarticuló los programas de seguridad "Cinturón Sur" y "Centinela"

Son los operativos que había instrumentado el kirchnerismo para controlar con efectivos de Gendarmería y Prefectura el conurbano bonaerense y la zona sur de la Ciudad. El retiro de los efectivos será de manera gradual

Efectivos de Prefectura: podrán ser destinados a la custodia de las fronteras (NA)

El Gobierno desarticuló este jueves los programas de seguridad "Cinturón Sur" y "Centinela", iniciativas del kirchnerismo para trasladar a las comisarías de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense a personal de Prefectura y Gendarmería para combatir el delito. Así lo dispusieron el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabiente, Marcos Peña, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Entre los considerandos de la norma, se afirmó que este programa "ha generando un mecanismo rígido de organización, con presencia estática y focalizada, sin alcanzar los objetivos pretendidos, y en virtud del cual se ha confundido la tarea policial con el accionar propio de las Fuerzas de Seguridad con una misión especializada".

Consultada por Infobae, Patricia Bullrich afirmó que esta decisión es "un avance en el federalismo y en la autonomía de la Ciudad". "Desde que firmamos el traspaso (de la Policía Federal a la órbita porteña) nosotros en la ciudad somos soporte, no la centralidad como era antes".

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Además, desde Casa Rosada señalaron que se trata de "un cambio institucional, hemos cambiado la idea de lugares estáticos por lugares que los decide un Centro de Planeamiento y Control". Así, tanto Prefectura como Gendarmería no tendrán delimitado como en el Cinturón Sur un perímetro estático. "Durante 2017 nos quedamos en todo el sur, pero puede que lo del norte lo realineemos, o que ocupemos más algunas zonas", advierten en el Ministerio de Seguridad.

Desde el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, explicaron a este medio que en la actualidad hay 3700 efectivos de Gendarmería y Prefectura y que cuando se incorporen más efectivos de la policía local "se irán retirando de manera paulatina".

Así, el decreto 66/2017 establece, en su artículo 4, la derogación de los decretos 2099/10 y 864/11 porque "no permite mecanismos de participación de las distintas jurisdicciones en la generación y seguimiento de las políticas y estrategias de seguridad, resultando en consecuencia una imposición del Estado a las provincias y a la ciudad , que no contempla la actual problemática del delito".

También, señala que a partir de ahora la conducción de los cuerpos de seguridad y policiales, y su "implementación táctica y estratégica", se articulará a través del mencionado Centro de Planeamiento y Control, que podrá ser convocado por el Ministerio de Seguridad "cuando lo estime necesario", según se dispone en el artículo 1.

El "Operativo Centinela", presentado por la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré, implicó el despliegue de 6000 efectivos de Gendarmería en el conurbano bonaerense. "Cinturón Sur", en tanto, dispuso que 2500 efectivos de la Gendarmería y Prefectura se desplegaran en barrios de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires.

Este decreto se publica en sintonía con la determinación del Ejecutivo para reforzar los controles migratorios en las fronteras con el objetivo de combatir delitos nacionales complejos como el narcotráfico y la trata de personas. Además, la ministra de Seguridad ya había adelantado durante el 2016 la necesidad de relocalizar a los efectivos de prefectura y gendarmería en las fronteras.

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"A través de este decreto se deroga la normativa que generó un esquema inequitativo, toda vez que el financiamiento de la presencia de las Fuerzas de Seguridad Federales en determinados territorios del país corría por cuenta de cada jurisdicción, generando una discrecionalidad inaceptable y contraria al criterio federal con que este Gobierno decidió encarar las políticas públicas de seguridad", se agrega en el texto de la norma.

Por otro lado, otro decreto firmado por Macri, Peña, Bullrich, y por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, resuelve la creación de una Comisión Nacional de Fronteras, que tendrá como objetivo ser el "organismo regulador y coordinador del funcionamiento de los Pasos Internacionales y Centros de Frontera que vinculan a la Argentina con los países limítrofes, a fin de armonizar su funcionamiento desde una perspectiva interministerial que aumente la integración fronteriza, facilite el tránsito de personas, agilice el comercio internacional y prevenga el delito transnacional".

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Esta comisión será un organismo interministerial: estará compuesta por funcionarios de todas las áreas del Ejecutivo, pero la conducción será del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Entre otros objetivos, deberá proponer un Plan Estratégico de Infraestructura para Pasos Internacionales y Centros de Frontera, estableciendo prioridades de acuerdo a las necesidades de control fronterizo, y elaborar y publicar anualmente un informe sobre la situación de los Pasos Internacionales y Centros de Frontera.

Entre los considerandos de este dectreto se señala que "en razón de la necesidad de aumentar la integración fronteriza, facilitar el tránsito de personas, agilizar el comercio internacional y prevenir los delitos trasnacionales complejos como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, se considera necesaria la creación de la Comisión Nacional de fronteras".

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