La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, anunció este lunes que su bancada evaluará el proyecto de amnistía para el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), promovido por Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras, una iniciativa que tiene entre sus coautores a su homólogo César Holguín, integrante de su propia agrupación política.
En declaraciones a la prensa, la parlamentaria cuestionó las condiciones en las que se desarrolló el proceso judicial contra el exmandatario, condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para rebelión, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
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Sin embargo, evitó adelantar una posición sobre la propuesta y señaló que primero deberá ser debatida internamente. “Yo creo que el señor Castillo ha sido procesado con serias deficiencias en su proceso judicial. Ustedes vieron cómo se cambió la acusación penal que él inicialmente tuvo. Yo creo que nadie podría decir que ese ha sido un proceso judicial ejemplar”, manifestó.
Consultada directamente sobre la iniciativa legislativa, Huilca indicó que su bancada seguirá el procedimiento habitual antes de fijar una postura pública. “Nosotros como bancada primero vamos a discutir como siempre y luego de eso tomaremos una decisión”, respondió.
El pronunciamiento se produce después de que Juntos por el Perú y Obras presentaran un proyecto que busca beneficiar a Castillo y a otras personas procesadas por el fallido autogolpe, fecha desde la cual el exmandatario permanece recluido en el penal de Barbadillo, donde también cumplen condena los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Martín Vizcarra (2018-2020).
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En concreto, la propuesta contempla conceder una amnistía a personas procesadas por hechos vinculados con las protestas sociales ocurridas desde julio de 2021 hasta la entrada en vigor de la eventual norma.
El proyecto cuenta con el respaldo de 29 diputados de Juntos por el Perú, 14 del Partido Cívico Obras y César Holguín, el único representante de Ahora Nación que figura entre sus coautores.
La defensa de Castillo ha presentado varios pedidos de indulto, descartados durante el Gobierno anterior de José María Balcázar, y también ha solicitado una gracia presidencial, cuya concesión depende de la presidenta Keiko Fujimori.
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El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó anteriormente que era “imposible” que la mandataria le concediera ese beneficio y sostuvo que su excarcelación tampoco era “políticamente necesaria”, porque, a su juicio, Castillo “ya no representa a la izquierda” peruana.
En noviembre de 2025, el exjefe de Estado fue encarcelado a raíz del mensaje en el que anunció la disolución temporal del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un Gobierno por decreto, horas antes de que el Parlamento debatiera una nueva moción en su contra.
Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos lo detuvieron cuando había abandonado el Palacio de Gobierno y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras horas después fue destituido por el Congreso y enviado a la cárcel donde permanece hasta ahora.
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El tribunal lo absolvió de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero también le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años y el pago solidario de una indemnización de 12 millones de soles junto con sus coacusados.
La misma pena de prisión recayó sobre la exprimera ministra Betssy Chávez, también asilada en México, y el exministro del Interior Willy Huerta.
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