La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció un aumento del salario mínimo a 1.300 soles, lo que representa un 15% de incremento. Esta medida, que busca paliar el efecto de más de un año y medio de inflación sobre los hogares, fue presentada en un contexto marcado por la recuperación de la inversión privada y la inminencia de un fenómeno de El Niño que podría prolongarse hasta el primer semestre de 2027.
Según explicó el exministro Jorge González Izquierdo el ajuste responde a la necesidad de compensar la erosión del poder adquisitivo, especialmente entre los trabajadores de menores ingresos. “Considero adecuado el aumento”, puntualizó el economista, quien recordó que la última subida del salario mínimo se produjo en enero de 2025 y desde entonces la inflación ha golpeado con fuerza a los sectores más vulnerables.
La administración de Fujimori enfrenta el desafío de sostener el impulso de la inversión privada, que mostró un crecimiento superior al 10% en 2025 y avanzó 13% entre enero y marzo de 2026, según cifras citadas en la entrevista a González Izquierdo. El exministro advirtió que la estabilidad de este flujo será crucial para la marcha de la economía nacional.
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El criterio económico detrás del ajuste salarial
De acuerdo con González Izquierdo, la metodología para establecer el nuevo salario mínimo se basa en dos factores: la inflación acumulada desde el último ajuste y el aumento de la productividad. “La suma de ambos componentes debería definir el ajuste”, indicó el exministro, quien calculó que un incremento del 10% habría sido suficiente, aunque consideró que los cinco puntos adicionales anunciados no deberían generar distorsiones importantes.
El economista, citado por el programa que lo entrevistó, precisó que la diferencia entre el nuevo salario mínimo y el anterior representa alrededor de 170 soles más para los trabajadores formales. Aún falta especificar la fecha de entrada en vigencia de la medida, un aspecto clave para los sectores involucrados.
En un contexto donde la inflación ha incidido especialmente en el precio de los alimentos, la decisión del Gobierno incluye también un bono compensatorio por única vez dirigido a la micro y pequeña empresa. González Izquierdo calificó este apoyo como parcial, pero reconoció que puede ayudar a mitigar el impacto inmediato del aumento salarial en ese segmento empresarial.
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Riesgos económicos ante el fenómeno de El Niño
El anuncio del alza salarial ocurre mientras el Ejecutivo se prepara para enfrentar el impacto de un fenómeno de El Niño que, según proyecciones citadas por The Economist, podría ser “el peor de la historia” y extenderse hasta mediados de 2027. Para González Izquierdo, el principal riesgo inmediato para la economía peruana proviene de este evento climático, que amenaza con afectar la producción agrícola, la pesca y el sistema financiero.
“El Niño puede elevar el costo de vida a través de lluvias, inundaciones y sequías que impactan la agricultura y elevan el precio de los alimentos”, explicó el exministro en la entrevista. El incremento en los precios alimentarios podría profundizar la presión inflacionaria sobre los hogares, mientras que los daños al sector pesquero añadirían complicaciones adicionales.
El segundo canal de transmisión del impacto sería una desaceleración del crecimiento económico, con consecuencias directas sobre el empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo. El tercero afecta a las empresas, que podrían enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias ante la banca.
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Políticas públicas y estabilidad económica
El economista subrayó que el manejo de la coyuntura no puede recaer exclusivamente en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino que requiere una respuesta articulada de todo el gabinete. Entre las áreas prioritarias, mencionó la coordinación entre los ministerios de Agricultura y Defensa para diseñar respuestas efectivas y evitar soluciones improvisadas que solo resuelvan emergencias puntuales.
En materia de políticas sociales, González Izquierdo sugirió la implementación de bonos temporales y focalizados, canalizados preferentemente por el sistema financiero y apoyados en herramientas tecnológicas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mencionados durante la conversación, más del 90% de la población adulta del país posee teléfono celular, lo que facilitaría la entrega de transferencias directas a los hogares más afectados.
El exministro recordó que durante la pandemia por COVID-19 en 2020 se produjeron errores en la focalización de los subsidios, por lo que recomendó diseñar sistemas de ayuda de corto plazo y con filtros rigurosos para evitar abusos. “Cualquier política de asistencia debe ser temporal y con controles estrictos”, enfatizó.
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Estabilidad ministerial e incentivos para la inversión
Respecto a la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas, González Izquierdo expresó su respaldo a Elmer Cuba, a quien definió como “un economista respetable, bien formado y con experiencia práctica”. Añadió que la presidenta Fujimori debería evitar cambios frecuentes en esa cartera, ya que la rotación de ministros genera incertidumbre y afecta la previsibilidad que demanda la inversión privada.
La mandataria ha señalado como prioridad la atracción de capitales y la preservación del entorno favorable que recibió su Gobierno en materia de inversión privada. De acuerdo con el economista entrevistado, el reto principal será mantener ese ritmo y evitar señales que puedan disuadir la llegada de nuevos recursos.
El incremento del salario mínimo, en este marco, fue evaluado por el exministro como una medida que puede convivir con la expansión de la inversión si se gestiona con prudencia y se acompaña de acciones enfocadas en sostener la productividad y la estabilidad institucional. “El mayor desafío viene por el lado climático, no tanto por el ajuste salarial”, concluyó González Izquierdo en el diálogo emitido por el medio.
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