El jefe de Gabinete, Luis Arroyo, anunció este martes nuevas acciones de seguridad por la convocatoria a una movilización en Lima, organizada por el partido Juntos por el Perú y su candidato presidencial Roberto Sánchez, en rechazo al virtual triunfo electoral de Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
Acompañado por otros integrantes del gabinete durante una sesión plenaria de la Mesa de Diálogo dirigida a abordar la situación de la cuenca del río Coralaque en Moquegua, Arroyo afirmó que el Ejecutivo adoptará “todas las medidas de seguridad del caso, preventivamente”.
“Nosotros como gobierno, (...) entregamos los presupuestos que pidieron todos los entes electorales oportunamente. Como Fuerza Armada, como Policía Nacional, cumplimos rigurosamente el control de las mesas, el traslado en todo el Perú sin ningún problema. Ya estamos en la parte final, esperemos que no suceda nada”, señaló ante la prensa.
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“Ya tiene que ya empezar la madurez de todos los políticos. Como mencioné en la clausura de este evento, los políticos tienen que unirse, los políticos tienen que saber que el Perú es muy rico en todo y solamente depende de nosotros, los políticos, para que el Perú avance”, agregó.
Previamente, un comunicado del partido de Sánchez invocó a la “más amplia unidad” de todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales, sindicales, campesinas, indígenas, juveniles y populares para conformar y fortalecer el Frente Patriótico Popular desde sus bases.
La “gran movilización nacional”, como la denomina Juntos por el Perú, espera la llegada de delegaciones de todas las regiones, provincias y distritos del país, con una concentración a las 16:00 horas del viernes 19 en el parque Campo de Marte, del distrito limeño de Jesús María.
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Previa a esa actividad, el comando de campaña de Sánchez, quien participó en los comicios en nombre del destituido y apresado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), convocó a vigilias y plantones ciudadanos en todo el país el miércoles 17.
El grupo político denunció en su comunicado la “falta de transparencia” de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales en pleno proceso electoral, una serie de “irregularidades, vicios de nulidad y maniobras político-mediáticas” que atentan contra la justicia electoral y “la voluntad soberana del pueblo peruano”.
Remarcó que “el voto ciudadano ha sido deslegitimado” y se ha evidenciado la existencia de “una clara voluntad corporativa contraria a los intereses de las mayorías”.
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Juntos por el Perú subrayó que el Estado de Derecho y la gobernabilidad se mide por la probidad de los comicios. “No aceptaremos que se imponga un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia y sin ninguna duda ni controversias”, apuntó.
El propio candidato compartió un mensaje en su cuenta de la red social X en el que defendió que “el derecho a la vigilancia democrática y la movilización pacífica es un derecho constitucional” y que él las respeta como demócrata.
“¡Sólo el Pueblo Salva al Pueblo! Una verdadera democracia tiene altos estándares de ciudadanía y justicia electoral!”, agregó.
La ventaja de Fujimori subió a 33.432 votos cuando el escrutinio de la votación de la segunda vuelta presidencial llegó al 99,05 % y sólo resta incluir los votos de las actas observadas por presuntas irregularidades.
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