La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) ha dado un paso clave en el proceso de reorganización patrimonial de Petroperú al aprobar el “Protocolo para la canalización y disposición de los flujos” derivados de las operaciones autorizadas bajo el Decreto de Urgencia N° 003-2026.
Esta medida establece un marco de control riguroso sobre el financiamiento de hasta USD 2,000 millones que busca asegurar la continuidad operativa de la empresa estatal.
Un límite financiero definido y reglas estrictas
El protocolo precisa que el financiamiento cuenta con un tope máximo de USD 2,000 millones, estructura diseñada para absorber íntegramente el financiamiento puente inicial de USD 500 millones, que fue concebido como una medida estrictamente transitoria.
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De acuerdo con la normativa, una vez formalizada la operación principal, el financiamiento puente será completamente cancelado y absorbido, garantizando que el Estado no asuma ningún compromiso adicional ni exponga mayores recursos que los estipulados.
Esta arquitectura financiera responde a la necesidad de dar señales claras de disciplina y control ante el mercado y los actores involucrados.
Control exclusivo de PROINVERSIÓN
La administración de estos recursos estará a cargo únicamente de PROINVERSIÓN, que ejercerá la responsabilidad de autorizar y liberar los fondos.
El protocolo dispone una trazabilidad exhaustiva que permite identificar, en todo momento, el destino y uso de cada flujo financiero, según el comunicado de la agencia.
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Esta gestión técnica prioriza la transparencia y establece salvaguardas frente a cualquier intento de uso no autorizado, prohibiendo expresamente cualquier desviación respecto a los fines previstos en la normativa y el protocolo aprobado.
Garantía de operatividad para Petroperú
El destino de los fondos está delimitado: solo podrán emplearse en la compra de crudo para abastecer las refinerías de Petroperú.
Esto significa que la totalidad de los recursos administrados por PROINVERSIÓN tiene como único objetivo asegurar que la empresa cuente con la materia prima indispensable para operar a máxima capacidad.
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Al garantizar el suministro continuo de petróleo, se protege el abastecimiento nacional de combustibles y se refuerza el ciclo operativo y comercial de la compañía, elemento central para su recuperación financiera y sostenibilidad en el tiempo.
Transparencia y consulta pública
Como parte de los mecanismos de escrutinio y transparencia, el documento técnico que regula todo el proceso se encuentra disponible para consulta pública en la página oficial de PROINVERSIÓN.
Este protocolo permite que cualquier interesado pueda revisar los detalles de la gobernanza fiduciaria y el control de los flujos financieros que respaldan la operatividad de Petroperú.
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La medida busca fortalecer la confianza de los mercados y de la ciudadanía en el manejo responsable de los recursos públicos, en un contexto de reorganización y reestructuración de la empresa estatal.
Un rescate condicionado
Como se recuerda, el rescate financiero de hasta USD 2,000 millones a Petroperú se encuentra condicionado a la vigencia de dos decretos de urgencia claves: el DU 010-2025, que permite dividir la empresa en unidades susceptibles de participación privada, y el DU 003-2026, que autoriza el salvataje financiero con un tramo inicial de USD 500 millones para compromisos urgentes.
La derogación de cualquiera de estos decretos podría acelerar la exigibilidad de la deuda total de Petroperú, estimada en USD 7,500 millones, lo que abriría la puerta a un proceso concursal y a la eventual liquidación o venta de activos bajo control de acreedores, escenario que especialistas del sector han calificado como una privatización encubierta.
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