Las Elecciones Generales 2026 en Perú han estado marcadas por acusaciones públicas de fraude y denuncias sobre irregularidades durante la jornada electoral. Tras la primera vuelta, realizada el domingo 12 de abril, se registraron incidentes logísticos que impidieron la instalación de mesas en algunos distritos del sur de Lima debido a la falta de material electoral, así como denuncias relacionadas con el conteo de votos durante el proceso de escrutinio.
En este contexto, la transparencia y el uso preciso de términos como “fraude” e “irregularidad” resultan esenciales para preservar la confianza pública y el respeto al proceso democrático.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respondió a las inquietudes sobre actas con resultados idénticos atribuyendo estos casos a errores humanos durante la digitación de votos por parte de los miembros de mesa. Según el comunicado oficial, no se han identificado irregularidades intencionales y los incidentes fueron gestionados conforme al protocolo, con intervención del Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión. La ONPE enfatizó que el sistema de control electoral está diseñado para detectar y corregir este tipo de situaciones, garantizando la integridad de la votación.
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El escrutinio posterior evidenció que, a pesar de las fallas logísticas y ciertos reclamos en el conteo de votos, la autoridad electoral no halló elementos que pudieran constituir fraude. De acuerdo con la ONPE, las actas duplicadas fueron consecuencia de confusión de material entre mesas contiguas y no de manipulación deliberada. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó la continuidad del proceso, subrayando el compromiso institucional con la transparencia y la legalidad.
¿Fraude electoral o irregularidad? Cómo diferenciarlos
La distinción entre “fraude electoral” e “irregularidad” es fundamental para el análisis de los procesos electorales y el debate público en Perú. Un fraude electoral implica actos intencionados que buscan alterar los resultados de una elección, como la manipulación de actas, la compra de votos o la intervención ilícita en el escrutinio, favoreciendo a una candidatura o partido y afectando la legitimidad democrática.
En contraste, una irregularidad electoral corresponde a actos, omisiones o errores que infringen las normas, pero que no necesariamente responden a una acción dolosa o coordinada. Estas situaciones pueden ser aisladas, como errores en el llenado de actas, problemas logísticos o fallas en la entrega de material electoral. Aunque pueden incidir en el desarrollo de la jornada, no constituyen fraude.
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De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la mayoría de las irregularidades detectadas en la primera vuelta fueron subsanadas conforme al procedimiento legal, sin que se hallaran pruebas de manipulación deliberada. Por su parte, la UNESCO señala que la confusión entre ambos conceptos alimenta la desinformación, ya que errores puntuales suelen presentarse como supuestas pruebas de fraude sistémico, lo que fomenta la desconfianza y la polarización en el debate público.
El discurso fraudista que ensombrece el proceso electoral
Durante las elecciones generales de 2026, las narrativas de fraude electoral han sido impulsadas por diversos actores políticos, entre ellos el candidato Rafael López Aliaga y su partido, Renovación Popular. López Aliaga denunció públicamente supuestas irregularidades y condicionó su participación en el Senado a la revisión de 4.500 actas que considera irregulares, responsabilizando directamente al presidente del JNE, Roberto Burneo.
El canal Willax Televisión y el periodista Christian Hudtwalcker difundieron informes sobre “actas gemelas” con resultados idénticos en Lambayeque, lo que fue interpretado como un hecho extraordinario y estadísticamente improbable. No obstante, tanto la ONPE como el JNE descartaron la existencia de fraude y explicaron que estos casos respondieron a errores humanos puntuales, sin favorecer a partido alguno ni alterar el resultado final.
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La insistencia en discursos fraudistas ha tenido eco en sectores de la ciudadanía, especialmente en zonas donde las fallas logísticas dificultaron la instalación de mesas y el ejercicio del voto. Organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), han reiterado la importancia de distinguir entre irregularidades corregibles y maniobras fraudulentas, instando a los actores políticos a fundamentar sus denuncias en pruebas verificables y a respetar las vías institucionales de reclamo.