Un operativo conjunto de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental permitió intervenir dos plantas de presunta minería ilegal que operaban en el sector Gallinazo, ubicado en la provincia de Huarmey, región Áncash. La diligencia estuvo orientada a combatir actividades extractivas que se realizaban de manera irregular en la zona.
De acuerdo a información difundida por Canal N, la acción fue ejecutada por representantes de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de la provincia del Santa, en coordinación con efectivos de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional. Según la información brindada por las autoridades, durante el operativo se identificaron instalaciones utilizadas para el procesamiento artesanal de mineral sin autorización legal vigente.
Maquinaria artesanal
Durante la intervención, las autoridades constataron la existencia de diversa infraestructura vinculada a actividades mineras informales. Entre los elementos hallados se encontraron quimbaletes, molinos artesanales, pozos con relaves y sistemas de abastecimiento de agua utilizados para el procesamiento de minerales.
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Asimismo, los agentes detectaron indicios de actividad reciente en ambos puntos intervenidos. Según Canal N, entre las evidencias reportadas figuran residuos húmedos, conexiones operativas y herramientas de trabajo que habrían sido utilizadas en las labores de procesamiento mineral. Las autoridades señalaron que estas instalaciones operaban de manera irregular y sin los permisos correspondientes.
Cuatro intervenidos
Como resultado del operativo, cuatro personas quedaron intervenidas luego de no poder acreditar autorización legal para desarrollar actividades mineras en la zona. Las autoridades verificaron además que no existían registros vigentes vinculados a las operaciones en la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash ni en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
La Fiscalía y la Policía dispusieron también la interdicción de las dos plantas intervenidas. En el lugar se incautaron equipos celulares y tres motocicletas que habrían estado relacionadas con las actividades detectadas durante las diligencias realizadas en Huarmey.
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Fiscalía y PNP continúan acciones contra minería ilegal
Las autoridades indicaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones destinadas a enfrentar la minería ilegal e informal en distintas zonas de Áncash. La intervención se desarrolló bajo coordinación entre el Ministerio Público y las unidades especializadas de la Policía Nacional encargadas de delitos ambientales.
La minería ilegal es considerada una actividad que genera impactos ambientales debido al manejo inadecuado de residuos y relaves, además de operar al margen de la normativa vigente. Por ello, las autoridades señalaron que continuarán realizando operativos de fiscalización e interdicción en diferentes puntos de la región.
Interdicciones a la minería ilegal se duplicaron
Entre 2024 y 2026, el Estado peruano más que duplicó el promedio mensual de operativos de interdicción contra la minería ilegal. Según datos expuestos por el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, en 2026 se superaron las 130 intervenciones mensuales, mientras que en 2024 la cifra era de 62. Este incremento responde a la expansión de las actividades mineras ilícitas y al aumento del precio internacional del oro, que superó los 5.000 dólares por onza.
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A pesar de la intensificación de los operativos, los recursos destinados a combatir la minería ilegal continúan siendo insuficientes frente a esta problemática, que moviliza más de 12.000 millones de dólares anuales, diez veces más que el narcotráfico, pero recibe apenas una décima parte de los fondos asignados a la lucha antidrogas. En 2025, el presupuesto estatal destinado a esta tarea fue de 70 millones de soles y, en 2026, aumentó a 178 millones, mientras que la lucha antidrogas alcanzó los 700 millones de soles en el mismo periodo.
El impacto ambiental y social de la minería ilegal es severo. En los últimos años, se han destruido más de 140.000 hectáreas de bosques y contaminado al menos 225 cuerpos de agua con mercurio, afectando principalmente a regiones como Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco. La contaminación compromete la salud y el sustento de comunidades indígenas, cuyos recursos hídricos resultan esenciales para su supervivencia. El esfuerzo estatal, reflejado en la multiplicación de operativos y decomisos, aún no logra contener la expansión de este delito, que sigue avanzando sobre los ecosistemas más vulnerables del país.