La llegada de Edmundo Lizarzaburu a Petroperú no ha caído del todo bien en la petrolera estatal. En los corredores no se habla más que de la persistencia de un “círculo de poder” que ha logrado mantenerse al frente de áreas estratégicas de la empresa, sin importar los constantes cambios en la presidencia del directorio.
Este entorno ha generado una dinámica de alta rotación de autoridades, resistiendo los intentos de reforma, fiscalización y transparencia, lo cual ha profundizado la crisis institucional y financiera.
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El problema está en que este último relevo ocurre en medio de una crisis financiera, con la primera empresa del país gestionando un rescate estatal de hasta USD 2.000 millones, propuesto ahora mediante un fideicomiso.
Las gerencias de Petroperú son el principio y el fin
Tras la salida de Roger Arévalo, Petroperú ha acumulado 14 presidentes de directorio en los últimos 10 años, sin que se produzcan cambios efectivos en la estructura interna de poder ni en las áreas estratégicas de gestión.
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Existe una pugna por las gerencias al interior de la estatal. Los copamientos se concentran en las áreas de Legal, Recursos Humanos, Administración, Planeamiento, Operaciones, Comercial y Cadena de Suministro, así como en Cumplimiento (Compliance). En algunas de ellas se concentran las decisiones estratégicas.
Trabajadores y fuentes cercanas advierten que en estos espacios persiste la permanencia de personas vinculadas al entorno del exgerente general de la compañía, Oscar Vera, quien últimamente asesoró a Arévalo.
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“Se han registrado casos de incorporación y permanencia de personal en cargos críticos sin concursos públicos o con contratos regularizados a posteriori, afectando la percepción de meritocracia y buen gobierno corporativo”, dijo una fuente al interior de la petrolera.
Incluso ProInversión, encargada de la privatización encubierta de la empresa, ha advertido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre movimientos estratégicos en puestos de alta sensibilidad, sin que se hayan tomado medidas efectivas para modificar el control interno. El presidente José María Balcázar parece no estar al tanto.
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Fuego cruzado por el control de la estatal
Edmundo Lizarzaburu y Óscar Vera tienen antecedentes de colaboración en la gestión pública. Ambos coincidieron en el directorio de Petroperú en 2022, periodo en el que Vera era representante de los trabajadores y Lizarzaburu ocupaba el cargo de director independiente.
Posteriormente, Vera fue designado ministro de Energía y Minas en 2022 por Dina Boluarte. Los trabajadores de la estatal señalan una estrecha cercanía entre ambos e Iván Montoya, del área Legal y Asuntos Regulatorios.
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Montoya no es un personaje ajeno a la crisis, ya que formó parte de los gerentes de la plana gerencial de Hugo Chávez Arévalo, y desde esas fechas se ha mantenido cercano al círculo señalado internamente por “llevar a una crisis sin precedentes a la petrolera estatal”.
Antes de irse, el propio Arevalo manifiestó en su presentación en el Congreso de la República que existe un fuego cruzado por el control de las principales áreas de gestión en la petrolera.
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Días atrás, se supo que el propio Arévalo impulsó la contratación por excepción de dos allegados durante la crisis financiera de la empresa, gestionando sus ingresos sin concurso público y con sueldos elevados, aunque finalmente la Gerencia General declaró inviable la propuesta.
Lizarzaburu y su llegada a PERUPETRO y Petroperú
Pero ahí no termina la relación. Luego de su nombramiento en el Ejecutivo, el ingeniero Oscar Vera mantuvo el contacto con Edmundo Lizarzaburu.
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En enero de 2023, el hoy presidente de Petroperú visitó a Vera cuando ya ocupaba el cargo ministerial y, en los meses siguientes, sostuvo reuniones con otros altos funcionarios de la empresa, como el gerente de Operaciones y el secretario general del directorio. Figura en actas.
Posteriormente, en 2025, Lizarzaburu fue designado miembro del directorio de PERUPETRO, una decisión atribuida a la recomendación de Vera y su vínculo con Boluarte. El temor de los interesados es que ahora esa confianza sea “devuelta”.
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Lizarzaburu ejerció como vicepresidente en la agencia promotora de lotes de hidrocarburos en el país, por lo que no sería extraño que sea señalado por un posible conflicto de interés. Ya renunció.
¿Petroperú debería volver al FONAFE?
El retorno de Petroperú al FONAFE, tras su salida en 2006 mediante la Ley 28840, es otro de los escenarios más resistidos por el círculo de poder interno de la empresa.
Aunque la petrolera formalmente se encuentra fuera del ámbito del holding estatal, aún debe solicitar autorizaciones para acciones de ahorro, decisiones de personal y cumplir con los Lineamientos de Contrataciones Gerenciales.
La estructura directiva busca evitar cualquier avance hacia una supervisión plena, ya que esto implicaría que las contrataciones, relevos entre ellos y degradaciones deban contar con el visto bueno externo.
El objetivo, se refiere, es preservar la autonomía y el control al 100% sobre la gestión, compras y las decisiones clave dentro de la empresa. “Ellos quieren salirse de eso (...) para evitar solicitar homologación en caso el personal que no cumpla el perfil de FONAFE”, refirió otra fuente.